Crnel. Lucio Gutierrez
Militar nacido en la ciudad de Quito el 23 de marzo de 1957, hijo del Sr. Lucio Gutiérrez Rueda -comerciante asentado en la entonces pequeña población de Tena, en la provincia de Napo, donde en una lancha de su propiedad se dedicaba al transporte de comestibles entre los poblados situados a lo largo del río Napo- y de la Sra. Mery Borbúa Bohórquez.
Pocos días después de su nacimiento fue llevado por sus padres a Tena, donde realizó sus primeros estudios en la escuela Domingo Sabio que regentaban los padres Josefinos, donde en poco tiempo se convirtió en uno de los estudiantes más destacados. Ya para entonces había empezado a manifestar su vocación militar, que lo llevaría -en 1972- a ingresar en el Colegio Militar Eloy Alfaro, donde con excelentes calificaciones se empezó a preparar para su vida profesional.
“…La vida militar realmente le gustaba. En una ocasión que sus padres lo visitaron, paseaban los tres por el Centro Histórico de Quito, cuando una caravana de carros bulliciosos les llamó la atención. Era el general “Bombita” Rodríguez Lara que se dirigía a Carondelet. Entonces Lucio hizo un comentario: ¿Se habrá imaginado el general Rodríguez cuando ingresó a la escuela de cadetes que algún día terminaría como dictador? ¿Y si él lo hizo, por qué no puedo hacerlo yo?”
(Marlon Puertas.- Vistazo No. 847 de Nov. 28 de 02, p. 25).
Terminados sus estudios en el Colegio Militar, de acuerdo a lo establecido por los reglamentos castrenses fue enviado a diferentes destinos, hasta que en 1996 fue designado edecán del Presidente Ab. Abdala Bucaram.
No estaba de acuerdo con la política impuesta por el gobernante y mucho menos con su forma de actuar en representación del país, fue por eso que el 5 de febrero de 1997, cuando el pueblo quiteño se levantó para derrocar al gobernante, decidió desconocer las órdenes de Bucaram de defender el Palacio de Gobierno.
“Reuní a los oficiales de la escolta presidencial y decidimos no disparar porque el pueblo quiteño, en representación de los ecuatorianos, exigía la salida de Bucaram”
(El Universo, Junio del 2000).
A pesar de ello, a los pocos días también fue designado edecán del presidente constitucional interino (?) Dr. Fabián Alarcón. Así, gracias a su cercanía con esos dos gobernantes, pudo conocer de cerca los placeres del poder, las frustraciones políticas y las intrigas palaciegas.
Lucía ya el grado de Coronel cuando en marzo de 1999 la situación económica del país hizo crisis obligando a que el presidente Mahuad decretara la congelación de los depósitos bancarios y la elevación del precio de la gasolina en casi un 150%, Gutiérrez creyó que había llegado su momento, y al mando de un grupo de oficiales menores, algunos miembros de tropa y ocultos intereses políticos, propició un levantamiento indígena que se tomó Quito, y el 21 de enero del 2000 se convirtió en el brazo ejecutor de los acontecimientos pusieron fin a dicho gobierno.
Ese mismo día formó parte de un Gobierno Popular que integró junto a Antonio Vargas, un dirigente indígena posiblemente bien intencionado pero con muy poca preparación; y el jurista Dr. Carlos Solórzano Constantine, un aspirante a político que en 1998 había fracasado en su intento de ser candidato presidencial, y que creyó encontrar, en el movimiento indígena, la ventana que le permitiría acceder al poder.
Pero -aunque el presidente Mahuad fue derrocado- el golpe de Estado fracasó, pues la rebelión fue sofocada por las Fuerzas Armadas y el poder -de acuerdo con la Constitución- fue asumido por el hasta entonces Vicepresidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano.
Fue entonces arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció durante 120 días hasta que el Congreso -de manera absurda e irónica- le otorgó la amnistía, perdonando a quien había atentado contra la Constitución y el Régimen de Derecho.
Una vez libre empezó a trabajar en la conformación de un movimiento político al que bautizó precisamente con el nombre de 21 de Enero y dos años más tarde presentó su candidatura presidencial que lo llevaría a triunfar en las dos vueltas electorales realizadas el 20 de octubre y el 24 de noviembre del 2002, venciendo a candidatos que -como el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea y el Ab. León Roldós Aguilera– habían desempeñado con anterioridad la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Este resultado reflejó que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los políticos tradicionales y que buscaba, desesperadamente, un cambio.
Llegó así el 15 de enero de 2003, fecha en que, ante el Congreso Nacional, prestó juramento y se convirtió en el nuevo Presidente Constitucional de la República, acompañado en la vicepresidencia por el Dr. Alfredo Palacio.
Ese día se inició en el Ecuador uno de los gobiernos más corruptos, inmorales e incapaces que registra la historia nacional.
En su discurso de posesión y tratando de explicar cual sería su lineamiento político-ideológico, dijo: “O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento… No gobernaré ni para las derechas ni para las izquierdas sino para todos los ecuatorianos… Si compartir y ser solidario con los pobres, si combatir la corrupción, la injusticia social y la impunidad es ser de izquierda, pues soy de izquierda; pero si generar riqueza e impulsar la producción es ser de derecha, pues soy de derecha”.
No había terminado se sentarse en el sillón presidencial cuando, víctima de su incapacidad, cayó en manos de “otros” incapaces que lo asesoraban en todos sus desaciertos; fue así que a los pocos días ya había perdido credibilidad y todos dudaban y se burlaban de su palabra, pues hoy decía una cosa y mañana se contradecía.
Ya para entonces, olvidando sus ofrecimientos de campaña, había ordenado un aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la política económica impuesta.
No tardaron entonces en dejarse escuchar las primeras voces de rechazo, expresadas precisamente por aquellos que lo habían llevado al Poder: Los más pobres.
El desencanto era total, los estudiantes de varios colegios de Quito salieron en manifestación a las calles para reclamar al gobierno por medidas económicas a las que consideraban antipopulares y, a pesar de que este había afirmado que no se reprimiera a nadie, aparecieron las primeras bombas lacrimógenas y en seis colegios se suspendieron las clases.
Ante esta situación y buscando asegurarse el respaldo de las fuerzas armadas, el presidente levantó a su alrededor un cerco de allegados militares, nombrándolos Ministros de Estado, subsecretarios y presidentes de empresas estatales comoPetroecuador, Pacifictel, Andinatel, Aduanas, etc. (1)
En el campo político, seis militares retirados fueron también nombrados para el cargo de Gobernador, en diferentes provincias.
Pero no solo fueron militares: también sus familiares cercanos, lejanos y relacionados pasaron de inmediato a convertirse en empleados públicos, al tiempo que -a las puertas del Palacio de Carondelet– cientos de personas que se creían herederos de los beneficios del gobierno acudían diariamente para solicitar “un puestito” como pago por haber salido -alguna vez- en manifestación a favor del nuevo mandatario.
Igual cosa sucedía en las gobernaciones de todas las provincias del país.
Antes de cumplir sus primeros 60 días en el Poder, varias huelgas burocráticas habían paralizado a varios ministerios, y siete altos funcionarios del gobierno, entre ellos el Ministro de Vivienda, un Gobernador y el Presidente del Fondo de Solidaridad (cuñado del Presidente) habían sido acusados de corrupción y debieron renunciar a sus cargos.
Las críticas no se hicieron esperar: “No se puede gobernar con amigos irresponsables y con la parentela (…) Cuando se asume un cargo se tiene que estar libre de toda sospecha, y hay que estar consciente de las propias limitaciones”
(Alexandra Cantos, Vicepresidente de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción.- El Universo, abril 6 de 2003).
Pero no fue solo eso, la propia esposa del gobernante, Sra. Ximena Bohórquez de Gutiérrez, fustigó también las designaciones de los funcionarios cuando expresó:“Creo que no hay mejor cosa que entrar en un sano proceso de depuración; estamos siendo parte de un gobierno y el país merece respeto…”
(El Universo, abril 7 de 2003).
Pronto las discrepancias políticas con quienes lo habían ayudado a acceder al poder también se hicieron latentes y los movimientos indígenas -ilusa y tontamente convencidos de que ellos eran el poder- empezaron a presionar al mandatario hasta que el acuerdo se rompió. Miguel Lluco, líder del Movimiento Indígena Pachacutik, no tardó en declarar que se había “…cometido una serie de equivocaciones, y como no queremos ser cómplices y encubridores de esos errores, nos vamos del gobierno”; por su parte, Leonidas Iza, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), declaró también: “Queda terminado el apoyo al gobierno de Gutiérrez”.
Atemorizado y en un inútil intento de mantener el control del Estado, en un momento de absurdo desatino el mandatario declaró: “Todo aquel que pretenda mancillar la Constitución tendrá que salir despavorido frente a la contundencia de las armas…” (?), demostrando con sus declaraciones presidir un “gobierno autoritario con ciertos rasgos fascistas (…) que necesita hacer uso de la violencia para reprimir cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno”
(Pablo Iturralde, miembro del comité ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales.- El Universo, Ag.10/03).
Fue entonces que -para no quedarse sin respaldo político- viajó a Panamá para “negociar” con el ex presidente Abdalá Bucaram. Allí, en el Hotel Central Park,“quedó sellado el compromiso de cortar de raíz el poder que tenía León Febres-Cordero y allanar su regreso al país”.
A principios de octubre Gutiérrez debió soportar un nuevo escándalo que sacudió las estructuras de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: El descubrimiento que -desde hacía varios años- de los cuarteles militares había desaparecido gran cantidad de armamento, y que este podría haber sido “negociado” con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupo terrorista subversivo que mantenía (y aún mantiene) en una situación de total inseguridad en la república norteña vecina al Ecuador, convirtiéndose además en una grave amenaza para la seguridad de los pueblos fronterizos del norte de nuestro país: Es decir, se habría negociado armas ecuatorianas para que estas -llegado el momento- pudiesen matar a los propios soldados ecuatorianos. (3)
Este descubrimiento fue seguido por la captura sucesiva de varios embarques de armas y municiones salidas quien sabe de donde, para ser enviadas quien sabe a quien.
Ante la presión pública, varios sospechosos fueron detenidos para ser sometidos a la “Justicia Militar”, pero las autoridades respectivas se negaron a dar sus nombres. Esta situación se vio agravada cuando un prestigioso hacendado colombiano sufrió un atentado criminal por parte de guerrilleros de ese país, que utilizaron para el efecto un lanzacohetes que había pertenecido al ejército ecuatoriano.
A los pocos días el Presidente de Colombia, Sr. Alvaro Uribe, en declaraciones formuladas por televisión ante la prensa estremeció la opinión internacional declarando que “De manera corrupta algunos miembros del Ejército Ecuatoriano, contra su gobierno, contra su país, contra la democracia, contra el gran pueblo ecuatoriano, contra su constitución, le han vendido eso a los terroristas colombianos”
(El Comercio, Oct. 17/2003).
El Alto Mando Militar se apresuró a desmentir el hecho, pero un informe de la Oficinade Tráfico de Armas de los Estados Unidos reveló “que el rocket usado en el atentado de 15 de octubre, en Bogotá, perteneció al Ejército Ecuatoriano”
(El Comercio, Oct. 26/2003).
A pesar de ello, el presidente Gutiérrez consideró que se había ofendido a las Fuerzas Armadas, y demostrando muy poco o ningún criterio diplomático “llamó” al Embajador del Ecuador en Bogotá, declarando además que este no regresaría hasta que el presidente colombiano se retracte de sus declaraciones; por su parte, el gobierno colombiano también “llamó” a su embajador, por lo que las relaciones diplomáticas entre los dos países quedaron simplemente a nivel de Encargados de Negocios.
Pocos días después, el Palacio de Nariño (Sede del Gobierno de Colombia) envió un comunicado expresando que “…el Gobierno de Colombia no ha pretendido maltratar a las FF.AA. del Ecuador y si así se entendieron las palabras del señor presidente, corrige su declaración que generó este mal entendido”
Ni se trató de una disculpa ni el presidente Uribe se retractó de lo dicho; el comunicado simplemente señaló que ni el presidente, ni los ministros, ni el alto mando militar ecuatoriano había entendido las palabras del presidente colombiano. Aún así, todos quienes se sintieron afectados expresaron su satisfacción: “El presidente Uribe, indicó Gutiérrez, pidió disculpas a las Fuerzas Armadas, al Gobierno y al pueblo ecuatoriano”
(El Universo, Nov. 10/03).
En todo caso, para esa fecha, en las cortes militares ecuatorianas se ventilaban cinco casos relacionados con el robo de armas al Ejército, y ya existían, desde 1998, 179 procesos por armas perdidas.
Lamentablemente no había manera de comprobar la desaparición de las armas, sobre todo porque a finales del 2002 se había producido la explosión del arsenal de la Brigada de Artillería Galápagos -en Riobamba- y nadie sabía a ciencia cierta cuantas y que clase de armas se habían destruido en dicha explosión.
La opinión popular comentaba -unos a gritos y otros con timidez- que dicha explosión había sido producida intencionalmente para ocultar la desaparición de esas armas. Esto jamás podrá ser demostrado… pero tampoco podrá ser desmentido.
Fue por eso que la prensa -haciendo eco de la opinión popular- se había expresado ya en términos claros y contundentes: “Que elementos de la Fuerzas Armadas han estado suministrando -por dinero o por simpatías- armas a la guerrilla colombiana, casi nadie lo discute ya. Que algo raro -por decir menos- ha estado ocurriendo en los arsenales militares, también está fuera de duda… Que algunos elementos de las Fuerzas Armadas han estado auxiliando a la guerrilla con información, también es un hecho real…”
(Hernán Pérez Loose “Todo por un Lanzacohetes”, El Universo, Oct. 28/03).
Las denuncias de “irregularidades comprobadas” no cesaban: En los primeros días de octubre, el Ministro de Desarrollo Humano, Patricio Ortiz -a solicitud del Mandatario que había prometido combatir la corrupción- debió renunciar a su cargo envuelto en acusaciones que lo involucraban en un oscuro asunto relacionado con un sobreprecio o negociado, perpetrado en la adquisición de ciertos insumos destinados a socorrer a pobladores indígenas afectados por las erupciones del volcán Tungurahua.
La corrupción brotaba por todas partes y el gobernante -atorado en un callejón sin salida- debía enfrentar no solo a la oposición sino, además, a los miembros de su propio gobierno y partidos simpatizantes. Tal era la presión que sufría, que en menos de nueve meses había cambiado a once de sus 18 ministros.
Poco tiempo después, un nuevo escándalo puso a temblar al gobierno cuando se denunció que su campaña presidencial había sido financiada con dinero del narcotráfico. La prensa y los partidos políticos desataron contra el Presidente una serie de acusaciones que -lamentablemente y debido a la incapacidad intelectual de sus asesores- no fueron aclaradas de manera precisa. Esta situación fue aprovechada por los diputados de la Izquierda Democrática para plantear su destitución.
Una vez más, en nuestra maltrecha democracia, desde el seno del Congreso Nacional se pretendía destruir -precisamente- la Democracia. Y el objetivo Socialdemócrata era muy claro: Destituir al Presidente y sustituirlo por su coideario y Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri. Un hábil acuerdo político en el que participaron los partidos Social Cristiano, PRIAN y Sociedad Patriótica, salvó al Presidente de su posible caída.
Al iniciarse el 2004 la situación social y política no había cambiado, y los indígenas, frustrados por haber sido “alejados” del poder, clamaban y proponía por todos los medios propiciar un nuevo levantamiento para “repetir el 21 de enero del 2000”; pero afortunadamente para el gobierno, si bien la situación económica de los ecuatorianos no había mejorado, al menos -gracias a la dolarización dispuesta por el presidente Mahuad, al que él había derrocado- tampoco se había deteriorado, y esto mantenía al pueblo relativamente tranquilo.
El presidente Gutiérrez sabía que su situación política era muy débil y que en cualquier momento podía desestabilizarse. Sabía que los acuerdos logrados con los partidos políticos no tenían sustento ideológico y que quienes lo respaldaban hoy serían sus opositores mañana.
Por eso acudió a una nueva estrategia: para asegurar el respaldo del PRIAN, liderado por el Ab. Alvaro Noboa -el hombre más rico del país-, intentó una especie de chantaje contra el industrial guayaquileño, que quedó demostrado el martes 20 de enero del 2004, cuando Carlos Pólit, Secretario del Presidente, anunció que se “…iniciaría una investigación en contra de Noboa por supuestas denuncias en contra de él relacionadas con el precio de la harina, uno de los negocios de Alvaro Noboa”. Para respaldar dicha afirmación, al día siguiente, en Guayaquil, el Presidente advirtió que “encarcelaría al monopolista de la harina”.
Finalmente, estas amenazas o presiones se confirmaron el viernes 23, cuando diario El Comercio de Quito denunció que el Presidente “…ha anunciado una investigación sobre el negocio de la harina”.
Como no podía ser de otra manera, el PRIAN y Alvaro Noboa terminarían convirtiéndose en poderosos aliados del gobierno.
Así, zozobrando diariamente en un mar de contradicciones, indecisiones, escándalos, estupideces y malos acuerdos políticos, cada día la imagen del Presidente se deterioraba más, al extremo que a mediados del 2004 ya se escuchaba una frase que se repetía con mucha frecuencia: “Los días de Lucio están contados”.
La situación petrolera del país, base fundamental de nuestra economía, sufrió también un grave revés a mediados del 2004 cuando, de manera unilateral y en un equivocado, falso y estúpido nacionalismo, el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato con la multinacional petrolera norteamericana OXY. Tres años más tarde “el gobierno ecuatoriano decidió dar por perdido el pleito y alistarse a pagar el rubro sentenciado en julio del 2004 más los intereses… Las proyecciones iniciales dan cuenta de más de $ 153 millones…”
(El Universo, Jul. 26/07).
Pero eso no era todo, al estado de cosas que vivía el país había que sumar otra que se había convertido también en insostenible para la sociedad ecuatoriana: la corrupción que se había apoderado de las empresas del Estado, puestas bajo administración militar en el convencimiento de que estos eran correctos, honorables e incorruptibles.
Lo cierto es que para entonces ya éstos habían fracasado e inclusive había dos de sus miembros activos que se encontraban prófugos de la justicia, al extremo que el propio Presidente debió disponer el retiro de todos los militares activos que desempañaban cargos públicos en las oficinas civiles del Estado (5)
En ese ambiente de incertidumbre y amenazado por varios partidos políticos que le exigían su renuncia, en un momento de “lucidez” visitó los cuarteles militares y policiales para ofrecer a sus miembros un considerable aumento económico, sin considerar que la deuda social era impagable y que el presupuesto para la salud y la educación no podía cubrir ni siquiera sus necesidades más elementales.
Buscando también el respaldo de sus “simpatizantes” y de aquellos que hacían “bulto” en cada una de sus apariciones públicas, empresas como Pacifictel despidieron intempestivamente a más de un centenar de trabajadores, que posteriormente serían sustituidos por “técnicos recién capacitados”, miembros del partido político del Gobierno.
“Debilitado por sus mentiras, amenazado por quien lo sostiene, buscando respaldos inadecuados, el coronel Gutiérrez sobrevive en jaque. Varios sectores piden su renuncia. Ese sentir se resume en lo que dijo el ex Subsecretario de Defensa, General de División (r), José Villamil: “…esperar tres años más de demagogia, para que abuse de los bienes del Estado, para proselitismo político y que siga el descrédito de las FF.AA., lo único que permitiría es que la oligarquía otra vez se adueñe del país y él pase a ser una marioneta, es una desvergüenza. Por eso pienso que debe renunciar, antes de que lo destituyan”
(Raúl Vallejo.- Jaque al Coronel, El Comercio, mayo 1/05).
El desbarajusta conceptual del mandatario era desconcertante; posiblemente tenía buenas intenciones (?), pero estaba tan mal asesorado o no permitía serlo, que cada una de sus intervenciones no hacía otra cosa que aumentar el cúmulo de errores y desatinos que lo caracterizaban.
Llegó un momento en que periodistas de televisión como Carlos Vera calificaban a cada actuación del gobierno como una nueva “estupidez”, mientras el ex presidente Febres-Cordero, en una intervención política decía que había que “aguantar a estecojudo” hasta que termine su gobierno.
A principios de noviembre del 2004 y convertido en líder de la oposición, Febres-Cordero intentó iniciar un Juicio Político para destituirlo del cargo. Tuvo entonces Gutiérrez un “brillante momento de lucidez” y nombró como nuevo Ministro de Gobierno al destacado jurista guayaquileño Dr. Jaime Damerval Martínez, uno de los más furibundos detractores de Febres-Cordero.
Pocos días más tarde, una hábil maniobra política -en la que se advirtió la presencia del “hombre del maletín”- logró que varios diputados comprometidos con el juicio político “se viraran” y cambiaran su decisión.
Como si esto fuera poco, las nuevas propuestas políticas implementadas por Damerval no tardaron en producir fuerte conmoción dentro de los partidos de oposición, y antes de cumplir el primer mes en el Ministerio ya había logrado consolidar una mayoría gobiernista que en sesión del 25 de noviembre -de manera ilegal- removió de sus funciones a todos los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, que hasta entonces habían sido “feudos” de Febres-Cordero y el Partido Social Cristiano.
Esta mayoría se logró básicamente gracias al apoyo incondicional del PRIAN y del PRE, paridos políticos dirigidos por el millonario industrial Alvaro Noboa y el ausente ex presidente Abdalá Bucaram. Al día siguiente, una caricatura política aparecida en diario El Comercio de Quito que decía “¡Tenemos mayoría! Solo no hay que cobrar a Alvarito y traer a Abdalito…”, parecía confirmar el acuerdo de que Noboa no pagaría sus impuestos y que Abdala sería sobreseído de los juicios instaurados en su contra.
Durante la primera semana de diciembre el gobierno propició un nuevo atentado en contra de los principios jurídicos y constitucionales, cuando la mayoría parlamentaria gobiernista -contraviniendo explícitas disposiciones constitucionales- en sesión del día 8 arrasó con la Función Judicial destituyendo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para imponer, en su lugar, a nuevos jueces identificados con los partidos políticos miembros de esa mayoría parlamentaria, incluyendo a dos recomendados directamente desde Panamá por el exiliado ex presidente AbdaláBucaram.
Como si esto fuera poco, el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ramón Rodríguez Novoa, demostrando que existía una clarísima intromisión del Presidente en la Función Judicial declaró: “El señor Presidente de la República (fue) quien me llamó telefónicamente (…) Acudí donde él (…) y me dijo: Le propongo a usted la presidencia de la Corte Suprema de Justicia…”
(El Universo, Dic. 14 del 2004).
Un mes más tarde Rodríguez renunciaría al cargo que sería asumido inmediatamente -sin esperar la aceptación- por el subrogante Dr. Guillermo Castro Dager, quien tendría actuar en los dos juicios penales entablados en contra de su coideario y amigo, el ex presidente Abdala Bucaram, acusado en ambos casos de abuso de fondos públicos durante su gobierno. (8)
Todo era un caos. Si existía o no un régimen de derecho era algo que el Congreso no se atrevía a definir; pero la opinión pública tenía una visión mucho más clara que se expresaba en dos conceptos: para unos, quien gobernaba era Abdalá Bucaram, desde Panamá, mientras Lucio Gutiérrez era su “edecán” en Quito; para otros, el mandatario era simplemente una suerte de aprendiz de dictador.
Ante ésta situación de incertidumbre social, política y jurídica, los municipios de las principales ciudades, junto con los representantes de las Cámaras de la Producción, anunciaron que convocarían a manifestaciones públicas para rechazar las pretensiones dictatoriales del “Presidente” Gutiérrez.
Se dio entonces una nueva demostración de la estupidez que primaba en las altas esferas del gobierno, cuando el sub Secretario de Bienestar Social -Bolívar González- anunció por televisión que si salían a las calles mil “pelucones” él sacaría 10.000 indígenas para contrarrestarlas; y si salían 2.000 “pelucones” el sacaría 20.000 indígenas… Estas incitaciones a la violencia y al enfrentamiento las repetiría posteriormente varias veces. ¿Se proponía este imbécil iniciar un enfrentamiento de clases que desembocaría -definitivamente- en una guerra civil?
A pesar de todo, al finalizar el 2004 el Presidente había logrado consolidarse en el Poder, sostenido por dos líderes cuestionados que habían exigido un altísimo precio por su respaldo, situación que fue confirmada por el diputado Mario Touma, quien en declaraciones hechas en la televisión -el 5 de enero del 2005- dijo que su partido, el PRE, respaldaría al presidente Gutiérrez siempre y cuando este cumpla con su ofrecimiento de permitir el retorno del ex presidente Bucaram, expatriado voluntariamente en Panamá -desde su derrocamiento en 1997- para evadir la acción de la justicia ecuatoriana.
Ese mismo día el diputado Omar Quintana Baquerizo, también del PRE, fue elegido Presidente del Congreso Nacional.
Así, de la noche a la mañana, Gutiérrez tuvo en sus manos todos los poderes del Estado; pero no podía controlar la opinión pública que continuaba sosteniendo que quien gobernaba era Bucaram, desde Panamá.
Los vergonzosos escándalos relacionados con la política ecuatoriana retumbaron en todo el continente, al extremo que nuestro país pasó a ocupar la primera página de todos los periódicos: uno de ellos Los Angeles Times, donde el periodista norteamericano Michael Shifter publicó un artículo denunciando dicha situación
“Aunque el presidente Lucio Gutiérrez fue electo en una votación limpia hace dos años, ahora está manejando un ruidoso e inconstitucional poder para acaparar todas las instituciones del Poder Judicial con sus aliados políticos. Se burla de la independencia judicial.
Gutiérrez ha justificado sus acciones diciendo que la Justicia ha estado dominada por sus rivales políticos, quienes han intentado enjuiciarlo. El ha manipulado la ventaja modesta de su partido en la legislatura para reemplazar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema
Abdalá Bucaram, fugitivo en Panamá, ahora aparece con Gutiérrez orquestando el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ecuador nunca a presenciado tal concentración de poder a través de métodos inconstitucionales. Ecuador es tratado con indiferencia por Washington. Esto pese a su economía basada en el dólar y la única base de EE.UU. en Sudamérica”
Por esos días, una nueva mancha cubriría de vergüenza a la imagen del país, cuando -sin que cumpliera los mínimos e indispensables requisitos- se procedió a nombrar al cuñado del Presidente, coronel de policía Napoleón Villa, para el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La reacción internacional fue de estupor: “El caso Villa rebasó el vaso. Tuvo que renunciar pese a que el Canciller defendió su nombramiento. Los cuestionamientos fueron a su ilegalidad e ilegitimidad. El tribunal Andino exige los mismos requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema, como establece la Constitución, ser doctor en Jurisprudencia y haber ejercido con probidad notoria la profesión o la cátedra mínimo 15 años”
(Miguel Rivadeneira Vallejo: Entre el Honor y la Vergüenza.- El Comercio, En.31/2005).
Desesperado, incapaz, necio y ciego, Gutiérrez encontró en la procacidad el único argumento para enfrentar a sus detractores: Insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos, tal cual lo denunció a la prensa el Crnel. Patricio Acosta, ex Ministro de Bienestar Social, ex Secretario de la Administración y ex funcionario de confianza del régimen, quien además señaló que Gutiérrez, cuando era candidato a la Presidencia de la República, se había reunido y mantenido conversaciones con un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (10).
Nueva vergüenza nacional: Un militar ecuatoriano, aspirante a la primera magistratura del país, que pacta acuerdos con grupos guerrilleros extranjeros.
El 26 de enero del 2005, una multitudinaria marcha organizada por el Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, expresó su rechazo al “dictócrata” que -obnubilado- acanalló a los 180.000 manifestantes acusándolos de ser asalariados que recibirían 50 dólares por su asistencia.
Pero no fueron solo los guayaquileños quienes sufrieron la ira del mandatario: Gutiérrez también insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos e intentos de secuestro y asesinato.
A principios de febrero y como un eco a lo que había sucedido en Guayaquil, el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, convocó a también una marcha cívica política y popular con el propósito de exigir al gobernante rectificaciones.
Cundió entonces el pánico en las altas esferas del gobierno, y para contrarrestarla -al igual que había hecho en Guayaquil- el gobierno inició una intensa campaña publicitaria incitando al enfrentamiento entre ecuatorianos, al tiempo que organizaba, para el mismo día 16 de febrero, la respectiva contramarcha, contratando para el caso a “simpatizantes” (?) desocupados de diferentes regiones del país, y advirtiendo a los empleados públicos la obligación de trasladarse a Quito para “respaldar al gobierno”.
Alrededor de 1.000 buses, que transportaron “como sardinas en lata” a cerca de 60.000 “manifestantes”, caotizaron las vías de acceso y gran número de calles y avenidas de la ciudad de Quito.
“Lucio se graduó de antidemócrata. Quedará registrada la movilización de 1.000 buses interprovinciales con esclavos, la reedición del concertaje de indios, la manipulación burda de la expresión de ecuatorianos y ecuatorianas considerados por este gobierno como carne de cañón, como masa crítica, como acémilas al portador. El dictócrata (…) se apostó en el segundo piso, lejos de los indios abusados, y no sería raro que construyera un tercer piso en Carondelet para estar más cerca de los helicópteros de rescate y más lejos de las balas presumibles”
(Juan Fernando Salazar: Dictocracia y Cirugía Plástica.- El Comercio, Feb. 20/2005)
Temeroso de que el pueblo repitiera la “trastada” de la que él había sido protagonista el 21 de enero del 2000, cuando propició el golpe de estado que derrocó al presidente Mahuad, Gutiérrez dispuso que la ciudad de Quito sea “sitiada” por lasFF.AA.
La calle Guayaquil -por donde debía pasar la marcha- y todas las cercanas al palacio de gobierno fueron cerradas con barricadas y alambres de púas, tras los que se parapetaron policías fuertemente armados dispuestos a proteger a quien días antes se había declarado “dictócrata”.
Cuando los contratados manifestantes que habían llegado de varias partes del país -a los que sí se les permitió el paso- coparon la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Gobierno, el presidente se presentó envalentonado por el “respaldo ciudadano”, para con vocabulario grosero expresar una nueva serie de insultos en contra de sus opositores.
Cuando se dio cuenta de que “su público” no le prestaba atención, cargó su discurso de una demagogia plagada de vicios de dicción y ofreció beneficios para los pobres y castigo para la “oligarquía corrupta”, los “amanerados” y aquellos que “se hacen la cirugía plástica y se tiñen en pelo”… (?).
“A Lucio Gutiérrez se le quedaron palabras en la punta de la lengua. Cuando hablaba de la oligarquía, los llamó “sepulcros blanqueados, miserables, sinvergüenzas (…) por no decirles otros términos por respeto al pueblo”. Luego dijo que a los oligarcas “hay que darles lo que sabemos” (…) y que a ellos “les arde donde ya sabemos”
(El Comercio, Feb. 17/2005).
Los manifestantes recibieron -como retribución a su patriótica presencia para respaldar al presidente- seco de carne, sánduches y colas, y pudieron disfrutar de un espectáculo artístico contratado para asegurar la convocatoria. Algunos señalaron que les habían ofrecido 10 dólares.
Por su parte, los cerca de 150.000 quiteños que respaldaron a su alcalde, con alegría y fervor cívico expresaron su rechazo al gobierno y a la corrupción que éste representaba (11).
Pocos días después Cuenca se sumaría a Guayaquil y Quito, y el 16 de marzo organizaría su propia marcha popular para expresar también su rechazo al Presidente y su gobierno.
Y es que la corrupción y la inmoralidad habían llegado a una situación que llenaba de indignación y vergüenza a los ciudadanos honestos y trabajadores, que son los que componen la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
“…diputados que se alquilan y comercian su voto en el mercado libre de la oferta y la demanda; jueces que han llegado a las cortes sin otro aval que el de su patrocinador, después de hacerse de un título conseguido al desgaire en cualquier universidad de esquina, allí donde venden caramelos, cigarrillos, togas y birretes envueltos en las mismas fundas grasientas de las papas fritas; ministros y funcionarios públicos que no tienen otra razón para ocupar su puesto que la de ser parientes del mandamás de turno y no tienen otra misión que la de guardarle la espalda y guardarse algo más en su faldriquera, como un seguro de cesantía para tempos peores.
Ellos son los dueños de la nueva moral, los que dictan las normas de la convivencia, los principios que rigen las conductas de los otros. Ellos, los que señalan con el dedo a quienes hay que sancionar por el pecado de no haberse sumado a sus imposturas y negarse a integrar la cada vez más nutrida pandilla de asaltantes de caminos, siempre al acecho de un nuevo golpe para esquilmar las arcas del Estado.
Ellos, los que han refundado la historia hasta conseguir actuar con impunidad, mientras a quienes no participan de sus fechorías se los mantiene como rehenes, concediéndoles la gracia de un «arresto domiciliario» dentro de esta prisión maloliente pestífera a corrupción, nepotismo y vivarachería en que se ha convertido el Ecuador”
(Francisco Febres-Cordero.- “Los Nuevos Dueños”, El Universo, Marzo 3/2005).
Pero si por un lado la corrupción desconcertaba día a día a los ecuatorianos, por otro, la inseguridad ciudadana se hacía presente ente una serie de atentados contra la vida de políticos, periodistas, opositores, líderes sociales “indios y blancos”, rectores y ex rectores de universidades, y contra todo aquel que -de una u otra manera- expresara su rechazo al régimen que “desgobernaba” al Ecuador.
Tal era el deseo de acallar a la oposición que, para poder controlar los medios de comunicación, el gobierno intentó implementar una ley por medio de la cual podría ejercer control absoluto sobre los medios de radiofónicos y de telecomunicación. Esta, llamada por el presidente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fue llamada por sus detractores “Ley Mordaza”.
Una vez más la corrupción y la estupidez que caracterizaba al gobierno ecuatoriano tuvo características internacionales, al extremo que la Sociedad Interamericana de Prensa se vio en la obligación de “exhortar al Presidente de la República y demás autoridades a observar los preceptos constitucionales y los compromisos asumidos con la prensa libre… y que suspenda los ataques y presiones contra periodistas y medios independientes”
(El Universo, marzo 16 del 2005).
Las incoherencias, los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno de Abdalá Bucaram -que confirmaba el compromiso adquirido por el gobernante con el político expatriado- colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente de Quito que, a partir de entonces y convertidos en “forajidos” -que era como los había llamado el presidente-, empezaron a realizar una serie de manifestaciones espontáneas, sin la conducción de ningún líder político.
La primera se dio antes y después de la misa que se ofició en la Catedral de Quito por la muerte de S.S. Juan Pablo II, cuando una gran multitud de ciudadanos sin filiación política, simples feligreses que asistían a la ceremonia, prorrumpió en manifestaciones de rechazo al mandatario, y la voz de “Lucio fuera” hizo que actuara la fuerza pública mientras este buscaba como escapar hacia el Palacio de Carondelet.
Se empezó entonces a escuchar, por calles y plazas, una sola consigna: “Lucio fuera”.
Luego vinieron los “cacerolazos” y los “reventones” por parte de ese mismo pueblo quiteño que, durante las noches, hacía sonar las tapas de las ollas y reventaba globos para hacer ruido mientras buscaba al Gobernante no solo en el Palacio de Gobierno, sino en hoteles, restaurantes y hasta en su propia casa.
Y las voces continuaban repitiendo: “Lucio fuera”.
Desesperado e impotente, pero contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en la noche del 15 de abril -por medio de Decreto Ejecutivo No. 2752- Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia Nacional, dispuso la cesación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estableció como Zona de Seguridad a la ciudad de Quito y, lo que es peor, suspendió varios de los Derechos Civiles de los ecuatorianos, entre ellos la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio ecuatoriano y la libertad de reunión y asociación con fines pacíficos. (12)
No habían pasado veinticuatro horas cuando -según fue siempre su costumbre- Gutiérrez se echó para atrás y, cambiando de parecer, derogó el absurdo decreto, para que sea el Congreso quien deshaga el entuerto jurídico que vivía el país.
El 17 de abril, luego de anular la resolución del 8 de diciembre del 2004 por medio del cual se había designado a los Miembros de la Corte de Justicia, los diputados presentes -obedeciendo al mandato del pueblo que se encontraba en las calles- repitieron con vergüenza: Lucio fuera.
Querían, de esa manera, justificar la cobardía que habían demostrado durante más de seis meses negociando “tronchas” y cuotas de poder, a cambio de respaldo al gobierno o bajo la amenaza de “pasarse a la oposición”.
Durante los días siguientes, las protestas, marchas y caravanas se repitieron en todo el país, y a pesar de los esfuerzos represivos del gobierno se continuaba escuchando la misma consigna: Lucio fuera.
Pero era Quito quien hacía escuchar su voz con toda la fuerza de la indignación ciudadana, que noche a noche, sin temor a los gases lacrimógenos y a la brutal represión, intentaba llegar hasta el Palacio de Carondelet para exigirle al Presidente su renuncia.
La caída del presidente era inminente, no podía demorar; fue por eso que en las primeras horas del día 20, Renán Borbúa, Bolívar González, Napoleón Villa y Carlos Arboleda -considerados los hombres fuertes del gobierno- intentaron hacer llegar a Quito a gran número de “simpatizantes pagados” para que se tomen la ciudad, enfrenten al pueblo e intenten defender al régimen. Lo que estos irresponsables querían era -indudablemente- propiciar un enfrentamiento ciudadano que podría haber culminado sangrientamente.
Afortunadamente sus protervas intenciones fueron descubiertas oportunamente, y la rápida acción del pueblo, cívicamente conducido por el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo; y el Prefecto de Pichincha, Sr. Ramiro González, y impidió que los asalariados entraran en la ciudad. A pesar de ello, algunos contratados llegaron hasta el Ministerio de Bienestar Social, desde donde dispararon contra la ciudadanía que exigía la salida del Presidente.
Pero la decisión del pueblo era inquebrantable y, finalmente, a la 14:02 de ese miércoles 20 de abril del 2005, luego de superar a los asalariados el pueblo quiteño llegó hasta el Palacio de Gobierno, y Gutiérrez debió huir por los techos a bordo de un helicóptero del Ejército. Un militar arrió la bandera del Palacio de Carondelet anunciando que ya no había gobierno. (13)
Obedeciendo al mandato popular, las Fuerzas Armadas obligaron a Gutiérrez a abandonar el cargo, poniéndose así punto final a una lamentable administración que se caracterizó por su corrupción, su nepotismo, sus estupideces, sus desatinos, sus incoherencias y, en definitiva, por su total incapacidad para gobernar.
Mientras esto sucedía, los diputados se habían auto convocado de “emergencia” para, en apresurada resolución, “destituir al Presidente por abandono del cargo”.
¡Que cómodos!, más de seis meses habían tenido para asumir sus responsabilidades, pero la cobardía, la troncha, los “amarres” y “el hombre del maletín” se los había impedido; y solo cuando vieron que el gobernante había caído, “porque el pueblo de Quito así lo quiso”, llenos de temor quisieron fungir de patriotas para acto seguido huir acobardados ante la acción popular que exigía “que se vayan todos”.
A pesar de haber repetido varias veces el ofrecimiento de “Salvar al país o morir en el intento”, y de haber dicho a quienes le fueron a solicitar su retirada “Solo muerto me sacan del Palacio”, Gutiérrez abandonó el Palacio “escapando por los techos” a bordo de un helicóptero del Ejército que lo condujo directamente al aeropuerto, donde lo esperaba un pequeño avión -también del Ejército- con los motores encendidos para facilitar su huida; pero el pueblo invadió la pista de aterrizaje e impidió que el avión pudiera despegar, por lo que debió abordar nuevamente el helicóptero para escapar una vez más de la ira popular.
Momentos más tarde y gracias al asilo otorgado por el gobierno del Brasil, pudo refugiarse en dicha Embajada donde esperó del respectivo salvoconducto para poder abandonar el país.
Ya para entonces, la fiscal Cecilia Armas había pedido a la policía que el defenestrado ex “dictócrata” sea apresado para que responda por varios cargos en contra de la vida de ciudadanos. Este pedido se extendería más tarde en contra de varios de sus colaboradores.
Al caer la tarde de ese 20 de abril del 2005, su primo Renán Borbúa, su cuñado Napoleón Villa, su frente de choque Bolívar González, el destituido Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ab. Guillermo “El Pichi” Castro y su amigo AbdaláBucaram, habían desaparecido como por arte de magia.
Finalmente y habiendo recibido el tan ansiado salvoconducto, a las 4 de la mañana del domingo 24 -oculto el rostro por un pasamontañas y disfrazado de policía- Gutiérrez abandonó la Embajada del Brasil a bordo de un vehículo policial que lo condujo al aeropuerto. Allí se embarcó en un helicóptero del ejército que lo trasladó a la ciudad de Latacunga, donde abordó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña en el que abandonó el país.
El 15 de enero del 2003, en su discurso de posesión había dicho: “O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento…” pero ni cambió al Ecuador ni murió en el intento.
A mediados de mayo renunció al asilo que había obtenido del Brasil y se trasladó a los EE.UU. donde una vez más representó el triste papel de “perseguido político”; fue entonces que el 7 de junio “prometió volver al país para retomar el mando”. Estas declaraciones -que indudablemente presentaban la irresponsable posibilidad de desestabilizar la seguridad interna del país- propiciaron una denuncia por parte del Gobierno ante la Fiscalía General del Estado, que concluyó 15 días más tarde cuandola Corte Superior de Justicia de Quito expidió la correspondiente orden de prisión en su contra (14).
Paro la actitud del ex mandatario no varió en absoluto, demostrando en cada uno de sus actos la esencia de su personalidad. Poco tiempo después se trasladó al Perú para establecerse en uno de los balnearios cercanos a la frontera norte, desde donde “amenazó” con ingresar al Ecuador, sus declaraciones políticas molestaron al gobierno peruano que de manera delicada y gentil le hizo comprender que sería mejor que abandonara el país.
Posteriormente se trasladó a Colombia donde solicitó un nuevo asilo político, pero el 13 de octubre -nueve días después de que le fuera concedido- al presentar en Bogotá su libro titulado “El Golpe” renunció al asilo generosamente concedido y amenazó que “al día siguiente” regresaría al Ecuador para recuperar el poder.
Y así fue… esta vez cumplió su palabra, y tal como la había dicho, en un avión fletado en 7.900 dólares aterrizó en la ciudad de Manta donde fue detenido por miembros dela Policía Nacional para -de inmediato- ser trasladado a Quito y conducido al penal García Moreno donde “fue recluido en un área de máxima seguridad donde purgan condenas narcotraficantes y ex banqueros”
(El Universo, Oct. 15/2005).
Posteriormente fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito, donde permaneció recluido hasta el 3 de marzo del 2006, en que fue “absuelto” por el Presidente de la Corte Superior de Quito. Ese mismo día -al quedar en libertad- anunció que presentaría su candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarían antes de finalizar dicho año.
Una serie de condiciones políticas, jurídicas y constitucionales impidieron su participación en la contienda electoral, pero auspiciando la candidatura de su hermano Gilmar, su partido político logró una altísima votación que lo convirtió en una de las fuerzas políticas más influyentes del país.
Pactó entonces con el nuevo Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, dando inicio a una serie de acuerdos, desacuerdos, ofensas, insultos, pactos, engaños, mentiras y estupideces con las que se caracteriza la personalidad de estos dos aspirantes a dictadores frustrados. Militar nacido en la ciudad de Quito el 23 de marzo de 1957, hijo del Sr. Lucio Gutiérrez Rueda -comerciante asentado en la entonces pequeña población de Tena, en la provincia de Napo, donde en una lancha de su propiedad se dedicaba al transporte de comestibles entre los poblados situados a lo largo del río Napo- y de la Sra. Mery Borbúa Bohórquez.
Pocos días después de su nacimiento fue llevado por sus padres a Tena, donde realizó sus primeros estudios en la escuela Domingo Sabio que regentaban los padres Josefinos, donde en poco tiempo se convirtió en uno de los estudiantes más destacados. Ya para entonces había empezado a manifestar su vocación militar, que lo llevaría -en 1972- a ingresar en el Colegio Militar Eloy Alfaro, donde con excelentes calificaciones se empezó a preparar para su vida profesional.
“…La vida militar realmente le gustaba. En una ocasión que sus padres lo visitaron, paseaban los tres por el Centro Histórico de Quito, cuando una caravana de carros bulliciosos les llamó la atención. Era el general “Bombita” Rodríguez Lara que se dirigía a Carondelet. Entonces Lucio hizo un comentario: ¿Se habrá imaginado el general Rodríguez cuando ingresó a la escuela de cadetes que algún día terminaría como dictador? ¿Y si él lo hizo, por qué no puedo hacerlo yo?”
(Marlon Puertas.- Vistazo No. 847 de Nov. 28 de 02, p. 25).
Terminados sus estudios en el Colegio Militar, de acuerdo a lo establecido por los reglamentos castrenses fue enviado a diferentes destinos, hasta que en 1996 fue designado edecán del Presidente Ab. Abdala Bucaram.
No estaba de acuerdo con la política impuesta por el gobernante y mucho menos con su forma de actuar en representación del país, fue por eso que el 5 de febrero de 1997, cuando el pueblo quiteño se levantó para derrocar al gobernante, decidió desconocer las órdenes de Bucaram de defender el Palacio de Gobierno.
“Reuní a los oficiales de la escolta presidencial y decidimos no disparar porque el pueblo quiteño, en representación de los ecuatorianos, exigía la salida de Bucaram”
(El Universo, Junio del 2000).
A pesar de ello, a los pocos días también fue designado edecán del presidente constitucional interino (?) Dr. Fabián Alarcón. Así, gracias a su cercanía con esos dos gobernantes, pudo conocer de cerca los placeres del poder, las frustraciones políticas y las intrigas palaciegas.
Lucía ya el grado de Coronel cuando en marzo de 1999 la situación económica del país hizo crisis obligando a que el presidente Mahuad decretara la congelación de los depósitos bancarios y la elevación del precio de la gasolina en casi un 150%, Gutiérrez creyó que había llegado su momento, y al mando de un grupo de oficiales menores, algunos miembros de tropa y ocultos intereses políticos, propició un levantamiento indígena que se tomó Quito, y el 21 de enero del 2000 se convirtió en el brazo ejecutor de los acontecimientos pusieron fin a dicho gobierno.
Ese mismo día formó parte de un Gobierno Popular que integró junto a Antonio Vargas, un dirigente indígena posiblemente bien intencionado pero con muy poca preparación; y el jurista Dr. Carlos Solórzano Constantine, un aspirante a político que en 1998 había fracasado en su intento de ser candidato presidencial, y que creyó encontrar, en el movimiento indígena, la ventana que le permitiría acceder al poder.
Pero -aunque el presidente Mahuad fue derrocado- el golpe de Estado fracasó, pues la rebelión fue sofocada por las Fuerzas Armadas y el poder -de acuerdo con la Constitución- fue asumido por el hasta entonces Vicepresidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano.
Fue entonces arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció durante 120 días hasta que el Congreso -de manera absurda e irónica- le otorgó la amnistía, perdonando a quien había atentado contra la Constitución y el Régimen de Derecho.
Una vez libre empezó a trabajar en la conformación de un movimiento político al que bautizó precisamente con el nombre de 21 de Enero y dos años más tarde presentó su candidatura presidencial que lo llevaría a triunfar en las dos vueltas electorales realizadas el 20 de octubre y el 24 de noviembre del 2002, venciendo a candidatos que -como el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea y el Ab. León Roldós Aguilera- habían desempeñado con anterioridad la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Este resultado reflejó que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los políticos tradicionales y que buscaba, desesperadamente, un cambio.
Llegó así el 15 de enero de 2003, fecha en que, ante el Congreso Nacional, prestó juramento y se convirtió en el nuevo Presidente Constitucional de la República, acompañado en la vicepresidencia por el Dr. Alfredo Palacio.
Ese día se inició en el Ecuador uno de los gobiernos más corruptos, inmorales e incapaces que registra la historia nacional.
En su discurso de posesión y tratando de explicar cual sería su lineamiento político-ideológico, dijo: “O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento… No gobernaré ni para las derechas ni para las izquierdas sino para todos los ecuatorianos… Si compartir y ser solidario con los pobres, si combatir la corrupción, la injusticia social y la impunidad es ser de izquierda, pues soy de izquierda; pero si generar riqueza e impulsar la producción es ser de derecha, pues soy de derecha”.
No había terminado se sentarse en el sillón presidencial cuando, víctima de su incapacidad, cayó en manos de “otros” incapaces que lo asesoraban en todos sus desaciertos; fue así que a los pocos días ya había perdido credibilidad y todos dudaban y se burlaban de su palabra, pues hoy decía una cosa y mañana se contradecía.
Ya para entonces, olvidando sus ofrecimientos de campaña, había ordenado un aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la política económica impuesta.
No tardaron entonces en dejarse escuchar las primeras voces de rechazo, expresadas precisamente por aquellos que lo habían llevado al Poder: Los más pobres.
El desencanto era total, los estudiantes de varios colegios de Quito salieron en manifestación a las calles para reclamar al gobierno por medidas económicas a las que consideraban antipopulares y, a pesar de que este había afirmado que no se reprimiera a nadie, aparecieron las primeras bombas lacrimógenas y en seis colegios se suspendieron las clases.
Ante esta situación y buscando asegurarse el respaldo de las fuerzas armadas, el presidente levantó a su alrededor un cerco de allegados militares, nombrándolos Ministros de Estado, subsecretarios y presidentes de empresas estatales comoPetroecuador, Pacifictel, Andinatel, Aduanas, etc. (1)
En el campo político, seis militares retirados fueron también nombrados para el cargo de Gobernador, en diferentes provincias.
Pero no solo fueron militares: también sus familiares cercanos, lejanos y relacionados pasaron de inmediato a convertirse en empleados públicos, al tiempo que -a las puertas del Palacio de Carondelet– cientos de personas que se creían herederos de los beneficios del gobierno acudían diariamente para solicitar “un puestito” como pago por haber salido -alguna vez- en manifestación a favor del nuevo mandatario.
Igual cosa sucedía en las gobernaciones de todas las provincias del país.
Antes de cumplir sus primeros 60 días en el Poder, varias huelgas burocráticas habían paralizado a varios ministerios, y siete altos funcionarios del gobierno, entre ellos el Ministro de Vivienda, un Gobernador y el Presidente del Fondo de Solidaridad (cuñado del Presidente) habían sido acusados de corrupción y debieron renunciar a sus cargos.
Las críticas no se hicieron esperar: “No se puede gobernar con amigos irresponsables y con la parentela (…) Cuando se asume un cargo se tiene que estar libre de toda sospecha, y hay que estar consciente de las propias limitaciones”
(Alexandra Cantos, Vicepresidente de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción.- El Universo, abril 6 de 2003).
Pero no fue solo eso, la propia esposa del gobernante, Sra. Ximena Bohórquez de Gutiérrez, fustigó también las designaciones de los funcionarios cuando expresó:“Creo que no hay mejor cosa que entrar en un sano proceso de depuración; estamos siendo parte de un gobierno y el país merece respeto…” (El Universo, abril 7 de 2003).
Pronto las discrepancias políticas con quienes lo habían ayudado a acceder al poder también se hicieron latentes y los movimientos indígenas -ilusamente y tontamente convencidos de que ellos eran el poder- empezaron a presionar al mandatario hasta que el acuerdo se rompió. Miguel Lluco, líder del Movimiento Indígena Pachacutik, no tardó en declarar que se había “…cometido una serie de equivocaciones, y como no queremos ser cómplices y encubridores de esos errores, nos vamos del gobierno”; por su parte, Leonidas Iza, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), declaró también: “Queda terminado el apoyo al gobierno de Gutiérrez”.
Atemorizado y en un inútil intento de mantener el control del Estado, en un momento de absurdo desatino el mandatario declaró: “Todo aquel que pretenda mancillar la Constitución tendrá que salir despavorido frente a la contundencia de las armas…” (?), demostrando con sus declaraciones presidir un “gobierno autoritario con ciertos rasgos fascistas (…) que necesita hacer uso de la violencia para reprimir cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno” (Pablo Iturralde, miembro del comité ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales.- El Universo, Ag.10/03).
Fue entonces que -para no quedarse sin respaldo político- viajó a Panamá para “negociar” con el ex presidente Abdalá Bucaram. Allí, en el Hotel Central Park,“quedó sellado el compromiso de cortar de raíz el poder que tenía León Febres-Cordero y allanar su regreso al país”. (2)
A principios de octubre Gutiérrez debió soportar un nuevo escándalo que sacudió las estructuras de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: El descubrimiento que -desde hacía varios años- de los cuarteles militares había desaparecido gran cantidad de armamento, y que este podría haber sido “negociado” con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupo terrorista subversivo que mantenía (y aún mantiene) en una situación de total inseguridad en la república norteña vecina al Ecuador, convirtiéndose además en una grave amenaza para la seguridad de los pueblos fronterizos del norte de nuestro país: Es decir, se habría negociado armas ecuatorianas para que estas -llegado el momento- pudiesen matar a los propios soldados ecuatorianos. (3)
Este descubrimiento fue seguido por la captura sucesiva de varios embarques de armas y municiones salidas quien sabe de donde, para ser enviadas quien sabe a quien.
Ante la presión pública, varios sospechosos fueron detenidos para ser sometidos a la “Justicia Militar”, pero las autoridades respectivas se negaron a dar sus nombres. Esta situación se vio agravada cuando un prestigioso hacendado colombiano sufrió un atentado criminal por parte de guerrilleros de ese país, que utilizaron para el efecto un lanzacohetes que había pertenecido al ejército ecuatoriano.
A los pocos días el Presidente de Colombia, Sr. Alvaro Uribe, en declaraciones formuladas por televisión ante la prensa estremeció la opinión internacional declarando que “De manera corrupta algunos miembros del Ejército Ecuatoriano, contra su gobierno, contra su país, contra la democracia, contra el gran pueblo ecuatoriano, contra su constitución, le han vendido eso a los terroristas colombianos”
(El Comercio, Oct. 17/2003).
El Alto Mando Militar se apresuró a desmentir el hecho, pero un informe de la Oficinade Tráfico de Armas de los Estados Unidos reveló “que el rocket usado en el atentado de 15 de octubre, en Bogotá, perteneció al Ejército Ecuatoriano”
(El Comercio, Oct. 26/2003).
A pesar de ello, el presidente Gutiérrez consideró que se había ofendido a las Fuerzas Armadas, y demostrando muy poco o ningún criterio diplomático “llamó” al Embajador del Ecuador en Bogotá, declarando además que este no regresaría hasta que el presidente colombiano se retracte de sus declaraciones; por su parte, el gobierno colombiano también “llamó” a su embajador, por lo que las relaciones diplomáticas entre los dos países quedaron simplemente a nivel de Encargados de Negocios.
Pocos días después, el Palacio de Nariño (Sede del Gobierno de Colombia) envió un comunicado expresando que “…el Gobierno de Colombia no ha pretendido maltratar a las FF.AA. del Ecuador y si así se entendieron las palabras del señor presidente, corrige su declaración que generó este mal entendido” (4).
Ni se trató de una disculpa ni el presidente Uribe se retractó de lo dicho; el comunicado simplemente señaló que ni el presidente, ni los ministros, ni el alto mando militar ecuatoriano había entendido las palabras del presidente colombiano. Aún así, todos quienes se sintieron afectados expresaron su satisfacción: “El presidente Uribe, indicó Gutiérrez, pidió disculpas a las Fuerzas Armadas, al Gobierno y al pueblo ecuatoriano”
(El Universo, Nov. 10/03).
En todo caso, para esa fecha, en las cortes militares ecuatorianas se ventilaban cinco casos relacionados con el robo de armas al Ejército, y ya existían, desde 1998, 179 procesos por armas perdidas.
Lamentablemente no había manera de comprobar la desaparición de las armas, sobre todo porque a finales del 2002 se había producido la explosión del arsenal de la Brigada de Artillería Galápagos -en Riobamba- y nadie sabía a ciencia cierta cuantas y que clase de armas se habían destruido en dicha explosión.
La opinión popular comentaba -unos a gritos y otros con timidez- que dicha explosión había sido producida intencionalmente para ocultar la desaparición de esas armas. Esto jamás podrá ser demostrado… pero tampoco podrá ser desmentido.
Fue por eso que la prensa -haciendo eco de la opinión popular- se había expresado ya en términos claros y contundentes: “Que elementos de la Fuerzas Armadas han estado suministrando -por dinero o por simpatías- armas a la guerrilla colombiana, casi nadie lo discute ya. Que algo raro -por decir menos- ha estado ocurriendo en los arsenales militares, también está fuera de duda… Que algunos elementos de las Fuerzas Armadas han estado auxiliando a la guerrilla con información, también es un hecho real…”
(Hernán Pérez Loose “Todo por un Lanzacohetes”, El Universo, Oct. 28/03).
Las denuncias de “irregularidades comprobadas” no cesaban: En los primeros días de octubre, el Ministro de Desarrollo Humano, Patricio Ortiz -a solicitud del Mandatario que había prometido combatir la corrupción- debió renunciar a su cargo envuelto en acusaciones que lo involucraban en un oscuro asunto relacionado con un sobreprecio o negociado, perpetrado en la adquisición de ciertos insumos destinados a socorrer a pobladores indígenas afectados por las erupciones del volcán Tungurahua.
La corrupción brotaba por todas partes y el gobernante -atorado en un callejón sin salida- debía enfrentar no solo a la oposición sino, además, a los miembros de su propio gobierno y partidos simpatizantes. Tal era la presión que sufría, que en menos de nueve meses había cambiado a once de sus 18 ministros.
Poco tiempo después, un nuevo escándalo puso a temblar al gobierno cuando se denunció que su campaña presidencial había sido financiada con dinero del narcotráfico. La prensa y los partidos políticos desataron contra el Presidente una serie de acusaciones que -lamentablemente y debido a la incapacidad intelectual de sus asesores- no fueron aclaradas de manera precisa. Esta situación fue aprovechada por los diputados de la Izquierda Democrática para plantear su destitución.
Una vez más, en nuestra maltrecha democracia, desde el seno del Congreso Nacional se pretendía destruir -precisamente- la Democracia. Y el objetivo Socialdemócrata era muy claro: Destituir al Presidente y sustituirlo por su coideario y Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri. Un hábil acuerdo político en el que participaron los partidos Social Cristiano, PRIAN y Sociedad Patriótica, salvó al Presidente de su posible caída.
Al iniciarse el 2004 la situación social y política no había cambiado, y los indígenas, frustrados por haber sido “alejados” del poder, clamaban y proponía por todos los medios propiciar un nuevo levantamiento para “repetir el 21 de enero del 2000”; pero afortunadamente para el gobierno, si bien la situación económica de los ecuatorianos no había mejorado, al menos -gracias a la dolarización dispuesta por el presidente Mahuad, al que él había derrocado- tampoco se había deteriorado, y esto mantenía al pueblo relativamente tranquilo.
El presidente Gutiérrez sabía que su situación política era muy débil y que en cualquier momento podía desestabilizarse. Sabía que los acuerdos logrados con los partidos políticos no tenían sustento ideológico y que quienes lo respaldaban hoy serían sus opositores mañana.
Por eso acudió a una nueva estrategia: para asegurar el respaldo del PRIAN, liderado por el Ab. Alvaro Noboa -el hombre más rico del país-, intentó una especie de chantaje contra el industrial guayaquileño, que quedó demostrado el martes 20 de enero del 2004, cuando Carlos Pólit, Secretario del Presidente, anunció que se “…iniciaría una investigación en contra de Noboa por supuestas denuncias en contra de él relacionadas con el precio de la harina, uno de los negocios de Alvaro Noboa”. Para respaldar dicha afirmación, al día siguiente, en Guayaquil, el Presidente advirtió que “encarcelaría al monopolista de la harina”.
Finalmente, estas amenazas o presiones se confirmaron el viernes 23, cuando diario El Comercio de Quito denunció que el Presidente “…ha anunciado una investigación sobre el negocio de la harina”.
Como no podía ser de otra manera, el PRIAN y Alvaro Noboa terminarían convirtiéndose en poderosos aliados del gobierno.
Así, zozobrando diariamente en un mar de contradicciones, indecisiones, escándalos, estupideces y malos acuerdos políticos, cada día la imagen del Presidente se deterioraba más, al extremo que a mediados del 2004 ya se escuchaba una frase que se repetía con mucha frecuencia: “Los días de Lucio están contados”.
La situación petrolera del país, base fundamental de nuestra economía, sufrió también un grave revés a mediados del 2004 cuando, de manera unilateral y en un equivocado, falso y estúpido nacionalismo, el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato con la multinacional petrolera norteamericana OXY. Tres años más tarde “el gobierno ecuatoriano decidió dar por perdido el pleito y alistarse a pagar el rubro sentenciado en julio del 2004 más los intereses… Las proyecciones iniciales dan cuenta de más de $ 153 millones…” (El Universo, Jul. 26/07).
Pero eso no era todo, al estado de cosas que vivía el país había que sumar otra que se había convertido también en insostenible para la sociedad ecuatoriana: la corrupción que se había apoderado de las empresas del Estado, puestas bajo administración militar en el convencimiento de que estos eran correctos, honorables e incorruptibles.
Lo cierto es que para entonces ya éstos habían fracasado e inclusive había dos de sus miembros activos que se encontraban prófugos de la justicia, al extremo que el propio Presidente debió disponer el retiro de todos los militares activos que desempañaban cargos públicos en las oficinas civiles del Estado (5)
En ese ambiente de incertidumbre y amenazado por varios partidos políticos que le exigían su renuncia, en un momento de “lucidez” visitó los cuarteles militares y policiales para ofrecer a sus miembros un considerable aumento económico, sin considerar que la deuda social era impagable y que el presupuesto para la salud y la educación no podía cubrir ni siquiera sus necesidades más elementales.
Buscando también el respaldo de sus “simpatizantes” y de aquellos que hacían “bulto” en cada una de sus apariciones públicas, empresas como Pacifictel despidieron intempestivamente a más de un centenar de trabajadores, que posteriormente serían sustituidos por “técnicos recién capacitados”, miembros del partido político del Gobierno.
“Debilitado por sus mentiras, amenazado por quien lo sostiene, buscando respaldos inadecuados, el coronel Gutiérrez sobrevive en jaque. Varios sectores piden su renuncia. Ese sentir se resume en lo que dijo el ex Subsecretario de Defensa, General de División (r), José Villamil: “…esperar tres años más de demagogia, para que abuse de los bienes del Estado, para proselitismo político y que siga el descrédito de las FF.AA., lo único que permitiría es que la oligarquía otra vez se adueñe del país y él pase a ser una marioneta, es una desvergüenza. Por eso pienso que debe renunciar, antes de que lo destituyan”
(Raúl Vallejo.- Jaque al Coronel, El Comercio, mayo 1/05).
El desbarajusta conceptual del mandatario era desconcertante; posiblemente tenía buenas intenciones (?), pero estaba tan mal asesorado o no permitía serlo, que cada una de sus intervenciones no hacía otra cosa que aumentar el cúmulo de errores y desatinos que lo caracterizaban.
Llegó un momento en que periodistas de televisión como Carlos Vera calificaban a cada actuación del gobierno como una nueva “estupidez”, mientras el ex presidente Febres-Cordero, en una intervención política decía que había que “aguantar a estecojudo” hasta que termine su gobierno.
A principios de noviembre del 2004 y convertido en líder de la oposición, Febres-Cordero intentó iniciar un Juicio Político para destituirlo del cargo. Tuvo entonces Gutiérrez un “brillante momento de lucidez” y nombró como nuevo Ministro de Gobierno al destacado jurista guayaquileño Dr. Jaime Damerval Martínez, uno de los más furibundos detractores de Febres-Cordero.
Pocos días más tarde, una hábil maniobra política -en la que se advirtió la presencia del “hombre del maletín”- logró que varios diputados comprometidos con el juicio político “se viraran” y cambiaran su decisión.
Como si esto fuera poco, las nuevas propuestas políticas implementadas porDamerval no tardaron en producir fuerte conmoción dentro de los partidos de oposición, y antes de cumplir el primer mes en el Ministerio ya había logrado consolidar una mayoría gobiernista que en sesión del 25 de noviembre -de manera ilegal- removió de sus funciones a todos los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, que hasta entonces habían sido “feudos” de Febres-Cordero y el Partido Social Cristiano.
Esta mayoría se logró básicamente gracias al apoyo incondicional del PRIAN y del PRE, paridos políticos dirigidos por el millonario industrial Alvaro Noboa y el ausente ex presidente Abdalá Bucaram. Al día siguiente, una caricatura política aparecida en diario El Comercio de Quito que decía “¡Tenemos mayoría! Solo no hay que cobrar a Alvarito y traer a Abdalito…”, parecía confirmar el acuerdo de que Noboa no pagaría sus impuestos y que Abdala sería sobreseído de los juicios instaurados en su contra.
Durante la primera semana de diciembre el gobierno propició un nuevo atentado en contra de los principios jurídicos y constitucionales, cuando la mayoría parlamentaria gobiernista -contraviniendo explícitas disposiciones constitucionales- en sesión del día 8 arrasó con la Función Judicial destituyendo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para imponer, en su lugar, a nuevos jueces identificados con los partidos políticos miembros de esa mayoría parlamentaria, incluyendo a dos recomendados directamente desde Panamá por el exiliado ex presidente AbdaláBucaram.
Como si esto fuera poco, el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ramón Rodríguez Novoa, demostrando que existía una clarísima intromisión del Presidente en la Función Judicial declaró: “El señor Presidente de la República (fue) quien me llamó telefónicamente (…) Acudí donde él (…) y me dijo: Le propongo a usted la presidencia de la Corte Suprema de Justicia…”
(El Universo, Dic. 14 del 2004).
Un mes más tarde Rodríguez renunciaría al cargo que sería asumido inmediatamente -sin esperar la aceptación- por el subrogante Dr. Guillermo Castro Dager, quien tendría actuar en los dos juicios penales entablados en contra de su coideario y amigo, el ex presidente Abdala Bucaram, acusado en ambos casos de abuso de fondos públicos durante su gobierno. (8)
Todo era un caos. Si existía o no un régimen de derecho era algo que el Congreso no se atrevía a definir; pero la opinión pública tenía una visión mucho más clara que se expresaba en dos conceptos: para unos, quien gobernaba era Abdalá Bucaram, desde Panamá, mientras Lucio Gutiérrez era su “edecán” en Quito; para otros, el mandatario era simplemente una suerte de aprendiz de dictador.
Ante ésta situación de incertidumbre social, política y jurídica, los municipios de las principales ciudades, junto con los representantes de las Cámaras de la Producción, anunciaron que convocarían a manifestaciones públicas para rechazar las pretensiones dictatoriales del “Presidente” Gutiérrez.
Se dio entonces una nueva demostración de la estupidez que primaba en las altas esferas del gobierno, cuando el sub Secretario de Bienestar Social -Bolívar González- anunció por televisión que si salían a las calles mil “pelucones” él sacaría 10.000 indígenas para contrarrestarlas; y si salían 2.000 “pelucones” el sacaría 20.000 indígenas… Estas incitaciones a la violencia y al enfrentamiento las repetiría posteriormente varias veces. ¿Se proponía este imbécil iniciar un enfrentamiento de clases que desembocaría -definitivamente- una guerra civil?
A pesar de todo, al finalizar el 2004 el Presidente había logrado consolidarse en el Poder, sostenido por dos líderes cuestionados que habían exigido un altísimo precio por su respaldo, situación que fue confirmada por el diputado Mario Touma, quien en declaraciones hechas en la televisión -el 5 de enero del 2005- dijo que su partido, el PRE, respaldaría al presidente Gutiérrez siempre y cuando este cumpla con su ofrecimiento de permitir el retorno del ex presidente Bucaram, expatriado voluntariamente en Panamá -desde su derrocamiento en 1997- para evadir la acción de la justicia ecuatoriana.
Ese mismo día el diputado Omar Quintana Baquerizo, también del PRE, fue elegido Presidente del Congreso Nacional.
Así, de la noche a la mañana, Gutiérrez tuvo en sus manos todos los poderes del Estado; pero no podía controlar la opinión pública que continuaba sosteniendo que quien gobernaba era Bucaram, desde Panamá.
Los vergonzosos escándalos relacionados con la política ecuatoriana retumbaron en todo el continente, al extremo que nuestro país pasó a ocupar la primera página de todos los periódicos: uno de ellos Los Angeles Times, donde el periodista norteamericano Michael Shifter publicó un artículo denunciando dicha situación
“Aunque el presidente Lucio Gutiérrez fue electo en una votación limpia hace dos años, ahora está manejando un ruidoso e inconstitucional poder para acaparar todas las instituciones del Poder Judicial con sus aliados políticos. Se burla de la independencia judicial.
Gutiérrez ha justificado sus acciones diciendo que la Justicia ha estado dominada por sus rivales políticos, quienes han intentado enjuiciarlo. El ha manipulado la ventaja modesta de su partido en la legislatura para reemplazar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema
Abdalá Bucaram, fugitivo en Panamá, ahora aparece con Gutiérrez orquestando el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ecuador nunca a presenciado tal concentración de poder a través de métodos inconstitucionales. Ecuador es tratado con indiferencia por Washington. Esto pese a su economía basada en el dólar y la única base de EE.UU. en Sudamérica” (9)
Por esos días, una nueva mancha cubriría de vergüenza a la imagen del país, cuando -sin que cumpliera los mínimos e indispensables requisitos- se procedió a nombrar al cuñado del Presidente, coronel de policía Napoleón Villa, para el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La reacción internacional fue de estupor: “El caso Villa rebasó el vaso. Tuvo que renunciar pese a que el Canciller defendió su nombramiento. Los cuestionamientos fueron a su ilegalidad e ilegitimidad. El tribunal Andino exige los mismos requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema, como establece la Constitución, ser doctor en Jurisprudencia y haber ejercido con probidad notoria la profesión o la cátedra mínimo 15 años”
(Miguel Rivadeneira Vallejo: Entre el Honor y la Vergüenza.- El Comercio, En.31/2005).
Desesperado, incapaz, necio y ciego, Gutiérrez encontró en la procacidad el único argumento para enfrentar a sus detractores: Insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos, tal cual lo denunció a la prensa el Crnel. Patricio Acosta, ex Ministro de Bienestar Social, ex Secretario de la Administración y ex funcionario de confianza del régimen, quien además señaló que Gutiérrez, cuando era candidato a la Presidencia de la República, se había reunido y mantenido conversaciones con un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (10).
Nueva vergüenza nacional: Un militar ecuatoriano, aspirante a la primera magistratura del país, que pacta acuerdos con grupos guerrilleros extranjeros.
El 26 de enero del 2005, una multitudinaria marcha organizada por el Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, expresó su rechazo al “dictócrata” que -obnubilado- acanalló a los 180.000 manifestantes acusándolos de ser asalariados que recibirían 50 dólares por su asistencia.
Pero no fueron solo los guayaquileños quienes sufrieron la ira del mandatario: Gutiérrez también insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos e intentos de secuestro y asesinato.
A principios de febrero y como un eco a lo que había sucedido en Guayaquil, el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, convocó a también una marcha cívica política y popular con el propósito de exigir al gobernante rectificaciones.
Cundió entonces el pánico en las altas esferas del gobierno, y para contrarrestarla -al igual que había hecho en Guayaquil- el gobierno inició una intensa campaña publicitaria incitando al enfrentamiento entre ecuatorianos, al tiempo que organizaba, para el mismo día 16 de febrero, la respectiva contramarcha, contratando para el caso a “simpatizantes” (?) desocupados de diferentes regiones del país, y advirtiendo a los empleados públicos la obligación de trasladarse a Quito para “respaldar al gobierno”.
Alrededor de 1.000 buses, que transportaron “como sardinas en lata” a cerca de 60.000 “manifestantes”, caotizaron las vías de acceso y gran número de calles y avenidas de la ciudad de Quito.
“Lucio se graduó de antidemócrata. Quedará registrada la movilización de 1.000 buses interprovinciales con esclavos, la reedición del concertaje de indios, la manipulación burda de la expresión de ecuatorianos y ecuatorianas considerados por este gobierno como carne de cañón, como masa crítica, como acémilas al portador. El dictócrata (…) se apostó en el segundo piso, lejos de los indios abusados, y no sería raro que construyera un tercer piso en Carondelet para estar más cerca de los helicópteros de rescate y más lejos de las balas presumibles”
(Juan Fernando Salazar: Dictocracia y Cirugía Plástica.- El Comercio, Feb. 20/2005)
Temeroso de que el pueblo repitiera la “trastada” de la que él había sido protagonista el 21 de enero del 2000, cuando propició el golpe de estado que derrocó al presidente Mahuad, Gutiérrez dispuso que la ciudad de Quito sea “sitiada” por lasFF.AA.
La calle Guayaquil -por donde debía pasar la marcha- y todas las cercanas al palacio de gobierno fueron cerradas con barricadas y alambres de púas, tras los que se parapetaron policías fuertemente armados dispuestos a proteger a quien días antes se había declarado “dictócrata”.
Cuando los contratados manifestantes que habían llegado de varias partes del país -a los que sí se les permitió el paso- coparon la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Gobierno, el presidente se presentó envalentonado por el “respaldo ciudadano”, para con vocabulario grosero expresar una nueva serie de insultos en contra de sus opositores.
Cuando se dio cuenta de que “su público” no le prestaba atención, cargó su discurso de una demagogia plagada de vicios de dicción y ofreció beneficios para los pobres y castigo para la “oligarquía corrupta”, los “amanerados” y aquellos que “se hacen la cirugía plástica y se tiñen en pelo”… (?).
“A Lucio Gutiérrez se le quedaron palabras en la punta de la lengua. Cuando hablaba de la oligarquía, los llamó “sepulcros blanqueados, miserables, sinvergüenzas (…) por no decirles otros términos por respeto al pueblo”. Luego dijo que a los oligarcas “hay que darles lo que sabemos” (…) y que a ellos “les arde donde ya sabemos”
(El Comercio, Feb. 17/2005).
Los manifestantes recibieron -como retribución a su patriótica presencia para respaldar al presidente- seco de carne, sánduches y colas, y pudieron disfrutar de un espectáculo artístico contratado para asegurar la convocatoria. Algunos señalaron que les habían ofrecido 10 dólares.
Por su parte, los cerca de 150.000 quiteños que respaldaron a su alcalde, con alegría y fervor cívico expresaron su rechazo al gobierno y a la corrupción que éste representaba (11).
Pocos días después Cuenca se sumaría a Guayaquil y Quito, y el 16 de marzo organizaría su propia marcha popular para expresar también su rechazo al Presidente y su gobierno.
Y es que la corrupción y la inmoralidad habían llegado a una situación que llenaba de indignación y vergüenza a los ciudadanos honestos y trabajadores, que son los que componen la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
“…diputados que se alquilan y comercian su voto en el mercado libre de la oferta y la demanda; jueces que han llegado a las cortes sin otro aval que el de su patrocinador, después de hacerse de un título conseguido al desgaire en cualquier universidad de esquina, allí donde venden caramelos, cigarrillos, togas y birretes envueltos en las mismas fundas grasientas de las papas fritas; ministros y funcionarios públicos que no tienen otra razón para ocupar su puesto que la de ser parientes del mandamás de turno y no tienen otra misión que la de guardarle la espalda y guardarse algo más en su faldriquera, como un seguro de cesantía para tempos peores.
Ellos son los dueños de la nueva moral, los que dictan las normas de la convivencia, los principios que rigen las conductas de los otros. Ellos, los que señalan con el dedo a quienes hay que sancionar por el pecado de no haberse sumado a sus imposturas y negarse a integrar la cada vez más nutrida pandilla de asaltantes de caminos, siempre al acecho de un nuevo golpe para esquilmar las arcas del Estado.
Ellos, los que han refundado la historia hasta conseguir actuar con impunidad, mientras a quienes no participan de sus fechorías se los mantiene como rehenes, concediéndoles la gracia de un «arresto domiciliario» dentro de esta prisión maloliente pestífera a corrupción, nepotismo y vivarachería en que se ha convertido el Ecuador”
(Francisco Febres-Cordero.- “Los Nuevos Dueños”, El Universo, Marzo 3/2005).
Pero si por un lado la corrupción desconcertaba día a día a los ecuatorianos, por otro, la inseguridad ciudadana se hacía presente ente una serie de atentados contra la vida de políticos, periodistas, opositores, líderes sociales “indios y blancos”, rectores y ex rectores de universidades, y contra todo aquel que -de una u otra manera- expresara su rechazo al régimen que “desgobernaba” al Ecuador.
Tal era el deseo de acallar a la oposición que, para poder controlar los medios de comunicación, el gobierno intentó implementar una ley por medio de la cual podría ejercer control absoluto sobre los medios de radiofónicos y de telecomunicación. Esta, llamada por el presidente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fue llamada por sus detractores “Ley Mordaza”.
Una vez más la corrupción y la estupidez que caracterizaba al gobierno ecuatoriano tuvo características internacionales, al extremo que la Sociedad Interamericana de Prensa se vio en la obligación de “exhortar al Presidente de la República y demás autoridades a observar los preceptos constitucionales y los compromisos asumidos con la prensa libre… y que suspenda los ataques y presiones contra periodistas y medios independientes”
(El Universo, marzo 16 del 2005).
Las incoherencias, los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno de Abdalá Bucaram -que confirmaba el compromiso adquirido por el gobernante con el político expatriado- colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente de Quito que, a partir de entonces y convertidos en “forajidos” -que era como los había llamado el presidente-, empezaron a realizar una serie de manifestaciones espontáneas, sin la conducción de ningún líder político.
La primera se dio antes y después de la misa que se ofició en la Catedral de Quito por la muerte de S.S. Juan Pablo II, cuando una gran multitud de ciudadanos sin filiación política, simples feligreses que asistían a la ceremonia, prorrumpió en manifestaciones de rechazo al mandatario, y la voz de “Lucio fuera” hizo que actuara la fuerza pública mientras este buscaba como escapar hacia el Palacio de Carondelet.
Se empezó entonces a escuchar, por calles y plazas, una sola consigna: “Lucio fuera”.
Luego vinieron los “cacerolazos” y los “reventones” por parte de ese mismo pueblo quiteño que, durante las noches, hacía sonar las tapas de las ollas y reventaba globos para hacer ruido mientras buscaba al Gobernante no solo en el Palacio de Gobierno, sino en hoteles, restaurantes y hasta en su propia casa.
Y las voces continuaban repitiendo: “Lucio fuera”.
Desesperado e impotente, pero contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en la noche del 15 de abril -por medio de Decreto Ejecutivo No. 2752- Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia Nacional, dispuso la cesación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estableció como Zona de Seguridad a la ciudad de Quito y, lo que es peor, suspendió varios de los Derechos Civiles de los ecuatorianos, entre ellos la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio ecuatoriano y la libertad de reunión y asociación con fines pacíficos. (12)
No habían pasado veinticuatro horas cuando -según fue siempre su costumbre- Gutiérrez se echó para atrás y, cambiando de parecer, derogó el absurdo decreto, para que sea el Congreso quien deshaga el entuerto jurídico que vivía el país.
El 17 de abril, luego de anular la resolución del 8 de diciembre del 2004 por medio del cual se había designado a los Miembros de la Corte de Justicia, los diputados presentes -obedeciendo al mandato del pueblo que se encontraba en las calles- repitieron con vergüenza: Lucio fuera.
Querían, de esa manera, justificar la cobardía que habían demostrado durante más de seis meses negociando “tronchas” y cuotas de poder, a cambio de respaldo al gobierno o bajo la amenaza de “pasarse a la oposición”.
Durante los días siguientes, las protestas, marchas y caravanas se repitieron en todo el país, y a pesar de los esfuerzos represivos del gobierno se continuaba escuchando la misma consigna: Lucio fuera.
Pero era Quito quien hacía escuchar su voz con toda la fuerza de la indignación ciudadana, que noche a noche, sin temor a los gases lacrimógenos y a la brutal represión, intentaba llegar hasta el Palacio de Carondelet para exigirle al Presidente su renuncia.
La caída del presidente era inminente, no podía demorar; fue por eso que en las primeras horas del día 20, Renán Borbúa, Bolívar González, Napoleón Villa y Carlos Arboleda -considerados los hombres fuertes del gobierno- intentaron hacer llegar a Quito a gran número de “simpatizantes pagados” para que se tomen la ciudad, enfrenten al pueblo e intenten defender al régimen. Lo que estos irresponsables querían era -indudablemente- propiciar un enfrentamiento ciudadano que podría haber culminado sangrientamente.
Afortunadamente sus protervas intenciones fueron descubiertas oportunamente, y la rápida acción del pueblo, cívicamente conducido por el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo; y el Prefecto de Pichincha, Sr. Ramiro González, y impidió que los asalariados entraran en la ciudad. A pesar de ello, algunos contratados llegaron hasta el Ministerio de Bienestar Social, desde donde dispararon contra la ciudadanía que exigía la salida del Presidente.
Pero la decisión del pueblo era inquebrantable y, finalmente, a la 14:02 de ese miércoles 20 de abril del 2005, luego de superar a los asalariados el pueblo quiteño llegó hasta el Palacio de Gobierno, y Gutiérrez debió huir por los techos a bordo de un helicóptero del Ejército. Un militar arrió la bandera del Palacio de Carondelet anunciando que ya no había gobierno. (13)
Obedeciendo al mandato popular, las Fuerzas Armadas obligaron a Gutiérrez a abandonar el cargo, poniéndose así punto final a una lamentable administración que se caracterizó por su corrupción, su nepotismo, sus estupideces, sus desatinos, sus incoherencias y, en definitiva, por su total incapacidad para gobernar.
Mientras esto sucedía, los diputados se habían auto convocado de “emergencia” para, en apresurada resolución, “destituir al Presidente por abandono del cargo”.
¡Que cómodos!, más de seis meses habían tenido para asumir sus responsabilidades, pero la cobardía, la troncha, los “amarres” y “el hombre del maletín” se los había impedido; y solo cuando vieron que el gobernante había caído, “porque el pueblo de Quito así lo quiso”, llenos de temor quisieron fungir de patriotas para acto seguido huir acobardados ante la acción popular que exigía “que se vayan todos”.
A pesar de haber repetido varias veces el ofrecimiento de “Salvar al país o morir en el intento”, y de haber dicho a quienes le fueron a solicitar su retirada “Solo muerto me sacan del Palacio”, Gutiérrez abandonó el Palacio “escapando por los techos” a bordo de un helicóptero del Ejército que lo condujo directamente al aeropuerto, donde lo esperaba un pequeño avión -también del Ejército- con los motores encendidos para facilitar su huida; pero el pueblo invadió la pista de aterrizaje e impidió que el avión pudiera despegar, por lo que debió abordar nuevamente el helicóptero para escapar una vez más de la ira popular.
Momentos más tarde y gracias al asilo otorgado por el gobierno del Brasil, pudo refugiarse en dicha Embajada donde esperó del respectivo salvoconducto para poder abandonar el país.
Ya para entonces, la fiscal Cecilia Armas había pedido a la policía que el defenestrado ex “dictócrata” sea apresado para que responda por varios cargos en contra de la vida de ciudadanos. Este pedido se extendería más tarde en contra de varios de sus colaboradores.
Al caer la tarde de ese 20 de abril del 2005, su primo Renán Borbúa, su cuñado Napoleón Villa, su frente de choque Bolívar González, el destituido Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ab. Guillermo “El Pichi” Castro y su amigo AbdaláBucaram, habían desaparecido como por arte de magia.
Finalmente y habiendo recibido el tan ansiado salvoconducto, a las 4 de la mañana del domingo 24 -oculto el rostro por un pasamontañas y disfrazado de policía- Gutiérrez abandonó la Embajada del Brasil a bordo de un vehículo policial que lo condujo al aeropuerto. Allí se embarcó en un helicóptero del ejército que lo trasladó a la ciudad de Latacunga, donde abordó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña en el que abandonó el país.
El 15 de enero del 2003, en su discurso de posesión había dicho: “O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento…” pero ni cambió al Ecuador ni murió en el intento.
A mediados de mayo renunció al asilo que había obtenido del Brasil y se trasladó a los EE.UU. donde una vez más representó el triste papel de “perseguido político”; fue entonces que el 7 de junio “prometió volver al país para retomar el mando”. Estas declaraciones -que indudablemente presentaban la irresponsable posibilidad de desestabilizar la seguridad interna del país- propiciaron una denuncia por parte del Gobierno ante la Fiscalía General del Estado, que concluyó 15 días más tarde cuandola Corte Superior de Justicia de Quito expidió la correspondiente orden de prisión en su contra (14).
Paro la actitud del ex mandatario no varió en absoluto, demostrando en cada uno de sus actos la esencia de su personalidad. Poco tiempo después se trasladó al Perú para establecerse en uno de los balnearios cercanos a la frontera norte, desde donde “amenazó” con ingresar al Ecuador, sus declaraciones políticas molestaron al gobierno peruano que de manera delicada y gentil le hizo comprender que sería mejor que abandonara el país.
Posteriormente se trasladó a Colombia donde solicitó un nuevo asilo político, pero el 13 de octubre -nueve días después de que le fuera concedido- al presentar en Bogotá su libro titulado “El Golpe” renunció al asilo generosamente concedido y amenazó que “al día siguiente” regresaría al Ecuador para recuperar el poder.
Y así fue… esta vez cumplió su palabra, y tal como la había dicho, en un avión fletado en 7.900 dólares aterrizó en la ciudad de Manta donde fue detenido por miembros dela Policía Nacional para -de inmediato- ser trasladado a Quito y conducido al penal García Moreno donde “fue recluido en un área de máxima seguridad donde purgan condenas narcotraficantes y ex banqueros”
(El Universo, Oct. 15/2005).
Posteriormente fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito, donde permaneció recluido hasta el 3 de marzo del 2006, en que fue “absuelto” por el Presidente de la Corte Superior de Quito. Ese mismo día -al quedar en libertad- anunció que presentaría su candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarían antes de finalizar dicho año.
Una serie de condiciones políticas, jurídicas y constitucionales impidieron su participación en la contienda electoral, pero auspiciando la candidatura de su hermano Gilmar, su partido político logró una altísima votación que lo convirtió en una de las fuerzas políticas más influyentes del país.
Pactó entonces con el nuevo Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, dando inicio a una serie de acuerdos, desacuerdos, ofensas, insultos, pactos, engaños, mentiras y estupideces con las que se caracteriza la personalidad de estos dos aspirantes a dictadores frustrados.
(1) Diario El Comercio, En. 25 del 2003
(2) Diario El Comercio, Abr. 4 del 2005
(3) Diario El Comercio, Sep. 5 del 2003
(3) Diario El Comercio, Oct. 12 del 2003
(4) Diario El Comercio, Nov. 10 del 2003
(5) Diario El Universo, Mar. 16 del 2004
(6) Diario El Comercio, Sep. 17 del 2004
(7) Diario El Universo, Nov. 26 del 2004
(8) Diario El Comercio, En. 7 del 2005
(9) Diario El Comercio, En. 14 del 2005
(10) Diario El Universo, Feb. 7 y 11 del 2005
Militar nacido en la ciudad de Quito el 23 de marzo de 1957, hijo del Sr. Lucio Gutiérrez Rueda -comerciante asentado en la entonces pequeña población de Tena, en la provincia de Napo, donde en una lancha de su propiedad se dedicaba al transporte de comestibles entre los poblados situados a lo largo del río Napo- y de la Sra. Mery Borbúa Bohórquez.
Pocos días después de su nacimiento fue llevado por sus padres a Tena, donde realizó sus primeros estudios en la escuela Domingo Sabio que regentaban los padres Josefinos, donde en poco tiempo se convirtió en uno de los estudiantes más destacados. Ya para entonces había empezado a manifestar su vocación militar, que lo llevaría -en 1972- a ingresar en el Colegio Militar Eloy Alfaro, donde con excelentes calificaciones se empezó a preparar para su vida profesional.
“…La vida militar realmente le gustaba. En una ocasión que sus padres lo visitaron, paseaban los tres por el Centro Histórico de Quito, cuando una caravana de carros bulliciosos les llamó la atención. Era el general “Bombita” Rodríguez Lara que se dirigía a Carondelet. Entonces Lucio hizo un comentario: ¿Se habrá imaginado el general Rodríguez cuando ingresó a la escuela de cadetes que algún día terminaría como dictador? ¿Y si él lo hizo, por qué no puedo hacerlo yo?”
(Marlon Puertas.- Vistazo No. 847 de Nov. 28 de 02, p. 25).
Terminados sus estudios en el Colegio Militar, de acuerdo a lo establecido por los reglamentos castrenses fue enviado a diferentes destinos, hasta que en 1996 fue designado edecán del Presidente Ab. Abdala Bucaram.
No estaba de acuerdo con la política impuesta por el gobernante y mucho menos con su forma de actuar en representación del país, fue por eso que el 5 de febrero de 1997, cuando el pueblo quiteño se levantó para derrocar al gobernante, decidió desconocer las órdenes de Bucaram de defender el Palacio de Gobierno.
“Reuní a los oficiales de la escolta presidencial y decidimos no disparar porque el pueblo quiteño, en representación de los ecuatorianos, exigía la salida de Bucaram”
(El Universo, Junio del 2000).
A pesar de ello, a los pocos días también fue designado edecán del presidente constitucional interino (?) Dr. Fabián Alarcón. Así, gracias a su cercanía con esos dos gobernantes, pudo conocer de cerca los placeres del poder, las frustraciones políticas y las intrigas palaciegas.
Lucía ya el grado de Coronel cuando en marzo de 1999 la situación económica del país hizo crisis obligando a que el presidente Mahuad decretara la congelación de los depósitos bancarios y la elevación del precio de la gasolina en casi un 150%, Gutiérrez creyó que había llegado su momento, y al mando de un grupo de oficiales menores, algunos miembros de tropa y ocultos intereses políticos, propició un levantamiento indígena que se tomó Quito, y el 21 de enero del 2000 se convirtió en el brazo ejecutor de los acontecimientos pusieron fin a dicho gobierno.
Ese mismo día formó parte de un Gobierno Popular que integró junto a Antonio Vargas, un dirigente indígena posiblemente bien intencionado pero con muy poca preparación; y el jurista Dr. Carlos Solórzano Constantine, un aspirante a político que en 1998 había fracasado en su intento de ser candidato presidencial, y que creyó encontrar, en el movimiento indígena, la ventana que le permitiría acceder al poder.
Pero -aunque el presidente Mahuad fue derrocado- el golpe de Estado fracasó, pues la rebelión fue sofocada por las Fuerzas Armadas y el poder -de acuerdo con la Constitución- fue asumido por el hasta entonces Vicepresidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano.
Fue entonces arrestado por golpista y confinado en el Fuerte Militar Atahualpa, donde permaneció durante 120 días hasta que el Congreso -de manera absurda e irónica- le otorgó la amnistía, perdonando a quien había atentado contra la Constitución y el Régimen de Derecho.
Una vez libre empezó a trabajar en la conformación de un movimiento político al que bautizó precisamente con el nombre de 21 de Enero y dos años más tarde presentó su candidatura presidencial que lo llevaría a triunfar en las dos vueltas electorales realizadas el 20 de octubre y el 24 de noviembre del 2002, venciendo a candidatos que -como el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, el Dr. Osvaldo Hurtado Larrea y el Ab. León Roldós Aguilera- habían desempeñado con anterioridad la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.
Este resultado reflejó que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los políticos tradicionales y que buscaba, desesperadamente, un cambio.
Llegó así el 15 de enero de 2003, fecha en que, ante el Congreso Nacional, prestó juramento y se convirtió en el nuevo Presidente Constitucional de la República, acompañado en la vicepresidencia por el Dr. Alfredo Palacio.
Ese día se inició en el Ecuador uno de los gobiernos más corruptos, inmorales e incapaces que registra la historia nacional.
En su discurso de posesión y tratando de explicar cual sería su lineamiento político-ideológico, dijo: “O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento… No gobernaré ni para las derechas ni para las izquierdas sino para todos los ecuatorianos… Si compartir y ser solidario con los pobres, si combatir la corrupción, la injusticia social y la impunidad es ser de izquierda, pues soy de izquierda; pero si generar riqueza e impulsar la producción es ser de derecha, pues soy de derecha”.
No había terminado se sentarse en el sillón presidencial cuando, víctima de su incapacidad, cayó en manos de “otros” incapaces que lo asesoraban en todos sus desaciertos; fue así que a los pocos días ya había perdido credibilidad y todos dudaban y se burlaban de su palabra, pues hoy decía una cosa y mañana se contradecía.
Ya para entonces, olvidando sus ofrecimientos de campaña, había ordenado un aumento en el precio de los combustibles, provocando el alza inmediata del costo de la canasta familiar y el rechazo de la ciudadanía a la política económica impuesta.
No tardaron entonces en dejarse escuchar las primeras voces de rechazo, expresadas precisamente por aquellos que lo habían llevado al Poder: Los más pobres.
El desencanto era total, los estudiantes de varios colegios de Quito salieron en manifestación a las calles para reclamar al gobierno por medidas económicas a las que consideraban antipopulares y, a pesar de que este había afirmado que no se reprimiera a nadie, aparecieron las primeras bombas lacrimógenas y en seis colegios se suspendieron las clases.
Ante esta situación y buscando asegurarse el respaldo de las fuerzas armadas, el presidente levantó a su alrededor un cerco de allegados militares, nombrándolos Ministros de Estado, subsecretarios y presidentes de empresas estatales comoPetroecuador, Pacifictel, Andinatel, Aduanas, etc. (1)
En el campo político, seis militares retirados fueron también nombrados para el cargo de Gobernador, en diferentes provincias.
Pero no solo fueron militares: también sus familiares cercanos, lejanos y relacionados pasaron de inmediato a convertirse en empleados públicos, al tiempo que -a las puertas del Palacio de Carondelet– cientos de personas que se creían herederos de los beneficios del gobierno acudían diariamente para solicitar “un puestito” como pago por haber salido -alguna vez- en manifestación a favor del nuevo mandatario.
Igual cosa sucedía en las gobernaciones de todas las provincias del país.
Antes de cumplir sus primeros 60 días en el Poder, varias huelgas burocráticas habían paralizado a varios ministerios, y siete altos funcionarios del gobierno, entre ellos el Ministro de Vivienda, un Gobernador y el Presidente del Fondo de Solidaridad (cuñado del Presidente) habían sido acusados de corrupción y debieron renunciar a sus cargos.
Las críticas no se hicieron esperar: “No se puede gobernar con amigos irresponsables y con la parentela (…) Cuando se asume un cargo se tiene que estar libre de toda sospecha, y hay que estar consciente de las propias limitaciones”
(Alexandra Cantos, Vicepresidente de la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción.- El Universo, abril 6 de 2003).
Pero no fue solo eso, la propia esposa del gobernante, Sra. Ximena Bohórquez de Gutiérrez, fustigó también las designaciones de los funcionarios cuando expresó: “Creo que no hay mejor cosa que entrar en un sano proceso de depuración; estamos siendo parte de un gobierno y el país merece respeto…”
(El Universo, abril 7 de 2003).
Pronto las discrepancias políticas con quienes lo habían ayudado a acceder al poder también se hicieron latentes y los movimientos indígenas -ilusa y tontamente convencidos de que ellos eran el poder- empezaron a presionar al mandatario hasta que el acuerdo se rompió. Miguel Lluco, líder del Movimiento Indígena Pachacutik, no tardó en declarar que se había “…cometido una serie de equivocaciones, y como no queremos ser cómplices y encubridores de esos errores, nos vamos del gobierno”; por su parte, Leonidas Iza, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), declaró también: “Queda terminado el apoyo al gobierno de Gutiérrez”.
Atemorizado y en un inútil intento de mantener el control del Estado, en un momento de absurdo desatino el mandatario declaró: “Todo aquel que pretenda mancillar la Constitución tendrá que salir despavorido frente a la contundencia de las armas…” (?), demostrando con sus declaraciones presidir un “gobierno autoritario con ciertos rasgos fascistas (…) que necesita hacer uso de la violencia para reprimir cualquier tipo de manifestación contraria al gobierno”
(Pablo Iturralde, miembro del comité ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Sociales.- El Universo, Ag.10/03).
Fue entonces que -para no quedarse sin respaldo político- viajó a Panamá para “negociar” con el ex presidente Abdalá Bucaram. Allí, en el Hotel Central Park,“quedó sellado el compromiso de cortar de raíz el poder que tenía León Febres-Cordero y allanar su regreso al país”. (2)
A principios de octubre Gutiérrez debió soportar un nuevo escándalo que sacudió las estructuras de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas: El descubrimiento que -desde hacía varios años- de los cuarteles militares había desaparecido gran cantidad de armamento, y que este podría haber sido “negociado” con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), grupo terrorista subversivo que mantenía (y aún mantiene) en una situación de total inseguridad en la república norteña vecina al Ecuador, convirtiéndose además en una grave amenaza para la seguridad de los pueblos fronterizos del norte de nuestro país: Es decir, se habría negociado armas ecuatorianas para que estas -llegado el momento- pudiesen matar a los propios soldados ecuatorianos. (3)
Este descubrimiento fue seguido por la captura sucesiva de varios embarques de armas y municiones salidas quien sabe de donde, para ser enviadas quien sabe a quien.
Ante la presión pública, varios sospechosos fueron detenidos para ser sometidos a la “Justicia Militar”, pero las autoridades respectivas se negaron a dar sus nombres. Esta situación se vio agravada cuando un prestigioso hacendado colombiano sufrió un atentado criminal por parte de guerrilleros de ese país, que utilizaron para el efecto un lanzacohetes que había pertenecido al ejército ecuatoriano.
A los pocos días el Presidente de Colombia, Sr. Alvaro Uribe, en declaraciones formuladas por televisión ante la prensa estremeció la opinión internacional declarando que “De manera corrupta algunos miembros del Ejército Ecuatoriano, contra su gobierno, contra su país, contra la democracia, contra el gran pueblo ecuatoriano, contra su constitución, le han vendido eso a los terroristas colombianos”
(El Comercio, Oct. 17/2003).
El Alto Mando Militar se apresuró a desmentir el hecho, pero un informe de la Oficinade Tráfico de Armas de los Estados Unidos reveló “que el rocket usado en el atentado de 15 de octubre, en Bogotá, perteneció al Ejército Ecuatoriano”
(El Comercio, Oct. 26/2003).
A pesar de ello, el presidente Gutiérrez consideró que se había ofendido a las Fuerzas Armadas, y demostrando muy poco o ningún criterio diplomático “llamó” al Embajador del Ecuador en Bogotá, declarando además que este no regresaría hasta que el presidente colombiano se retracte de sus declaraciones; por su parte, el gobierno colombiano también “llamó” a su embajador, por lo que las relaciones diplomáticas entre los dos países quedaron simplemente a nivel de Encargados de Negocios.
Pocos días después, el Palacio de Nariño (Sede del Gobierno de Colombia) envió un comunicado expresando que “…el Gobierno de Colombia no ha pretendido maltratar a las FF.AA. del Ecuador y si así se entendieron las palabras del señor presidente, corrige su declaración que generó este mal entendido” (4).
Ni se trató de una disculpa ni el presidente Uribe se retractó de lo dicho; el comunicado simplemente señaló que ni el presidente, ni los ministros, ni el alto mando militar ecuatoriano había entendido las palabras del presidente colombiano. Aún así, todos quienes se sintieron afectados expresaron su satisfacción: “El presidente Uribe, indicó Gutiérrez, pidió disculpas a las Fuerzas Armadas, al Gobierno y al pueblo ecuatoriano”
(El Universo, Nov. 10/03).
En todo caso, para esa fecha, en las cortes militares ecuatorianas se ventilaban cinco casos relacionados con el robo de armas al Ejército, y ya existían, desde 1998, 179 procesos por armas perdidas.
Lamentablemente no había manera de comprobar la desaparición de las armas, sobre todo porque a finales del 2002 se había producido la explosión del arsenal de la Brigada de Artillería Galápagos -en Riobamba- y nadie sabía a ciencia cierta cuantas y que clase de armas se habían destruido en dicha explosión.
La opinión popular comentaba -unos a gritos y otros con timidez- que dicha explosión había sido producida intencionalmente para ocultar la desaparición de esas armas. Esto jamás podrá ser demostrado… pero tampoco podrá ser desmentido.
Fue por eso que la prensa -haciendo eco de la opinión popular- se había expresado ya en términos claros y contundentes: “Que elementos de la Fuerzas Armadas han estado suministrando -por dinero o por simpatías- armas a la guerrilla colombiana, casi nadie lo discute ya. Que algo raro -por decir menos- ha estado ocurriendo en los arsenales militares, también está fuera de duda… Que algunos elementos de las Fuerzas Armadas han estado auxiliando a la guerrilla con información, también es un hecho real…”
(Hernán Pérez Loose “Todo por un Lanzacohetes”, El Universo, Oct. 28/03).
Las denuncias de “irregularidades comprobadas” no cesaban: En los primeros días de octubre, el Ministro de Desarrollo Humano, Patricio Ortiz -a solicitud del Mandatario que había prometido combatir la corrupción- debió renunciar a su cargo envuelto en acusaciones que lo involucraban en un oscuro asunto relacionado con un sobreprecio o negociado, perpetrado en la adquisición de ciertos insumos destinados a socorrer a pobladores indígenas afectados por las erupciones del volcán Tungurahua.
La corrupción brotaba por todas partes y el gobernante -atorado en un callejón sin salida- debía enfrentar no solo a la oposición sino, además, a los miembros de su propio gobierno y partidos simpatizantes. Tal era la presión que sufría, que en menos de nueve meses había cambiado a once de sus 18 ministros.
Poco tiempo después, un nuevo escándalo puso a temblar al gobierno cuando se denunció que su campaña presidencial había sido financiada con dinero del narcotráfico. La prensa y los partidos políticos desataron contra el Presidente una serie de acusaciones que -lamentablemente y debido a la incapacidad intelectual de sus asesores- no fueron aclaradas de manera precisa. Esta situación fue aprovechada por los diputados de la Izquierda Democrática para plantear su destitución.
Una vez más, en nuestra maltrecha democracia, desde el seno del Congreso Nacional se pretendía destruir -precisamente- la Democracia. Y el objetivo Socialdemócrata era muy claro: Destituir al Presidente y sustituirlo por su coideario y Presidente del Congreso, Guillermo Landázuri. Un hábil acuerdo político en el que participaron los partidos Social Cristiano, PRIAN y Sociedad Patriótica, salvó al Presidente de su posible caída.
Al iniciarse el 2004 la situación social y política no había cambiado, y los indígenas, frustrados por haber sido “alejados” del poder, clamaban y proponía por todos los medios propiciar un nuevo levantamiento para “repetir el 21 de enero del 2000”; pero afortunadamente para el gobierno, si bien la situación económica de los ecuatorianos no había mejorado, al menos -gracias a la dolarización dispuesta por el presidente Mahuad, al que él había derrocado- tampoco se había deteriorado, y esto mantenía al pueblo relativamente tranquilo.
El presidente Gutiérrez sabía que su situación política era muy débil y que en cualquier momento podía desestabilizarse. Sabía que los acuerdos logrados con los partidos políticos no tenían sustento ideológico y que quienes lo respaldaban hoy serían sus opositores mañana.
Por eso acudió a una nueva estrategia: para asegurar el respaldo del PRIAN, liderado por el Ab. Alvaro Noboa -el hombre más rico del país-, intentó una especie de chantaje contra el industrial guayaquileño, que quedó demostrado el martes 20 de enero del 2004, cuando Carlos Pólit, Secretario del Presidente, anunció que se “…iniciaría una investigación en contra de Noboa por supuestas denuncias en contra de él relacionadas con el precio de la harina, uno de los negocios de Alvaro Noboa”. Para respaldar dicha afirmación, al día siguiente, en Guayaquil, el Presidente advirtió que “encarcelaría al monopolista de la harina”.
Finalmente, estas amenazas o presiones se confirmaron el viernes 23, cuando diario El Comercio de Quito denunció que el Presidente “…ha anunciado una investigación sobre el negocio de la harina”.
Como no podía ser de otra manera, el PRIAN y Alvaro Noboa terminarían convirtiéndose en poderosos aliados del gobierno.
Así, zozobrando diariamente en un mar de contradicciones, indecisiones, escándalos, estupideces y malos acuerdos políticos, cada día la imagen del Presidente se deterioraba más, al extremo que a mediados del 2004 ya se escuchaba una frase que se repetía con mucha frecuencia: “Los días de Lucio están contados”.
La situación petrolera del país, base fundamental de nuestra economía, sufrió también un grave revés a mediados del 2004 cuando, de manera unilateral y en un equivocado, falso y estúpido nacionalismo, el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato con la multinacional petrolera norteamericana OXY. Tres años más tarde “el gobierno ecuatoriano decidió dar por perdido el pleito y alistarse a pagar el rubro sentenciado en julio del 2004 más los intereses… Las proyecciones iniciales dan cuenta de más de $ 153 millones…”
(El Universo, Jul. 26/07).
Pero eso no era todo, al estado de cosas que vivía el país había que sumar otra que se había convertido también en insostenible para la sociedad ecuatoriana: la corrupción que se había apoderado de las empresas del Estado, puestas bajo administración militar en el convencimiento de que estos eran correctos, honorables e incorruptibles.
Lo cierto es que para entonces ya éstos habían fracasado e inclusive había dos de sus miembros activos que se encontraban prófugos de la justicia, al extremo que el propio Presidente debió disponer el retiro de todos los militares activos que desempañaban cargos públicos en las oficinas civiles del Estado (5)
En ese ambiente de incertidumbre y amenazado por varios partidos políticos que le exigían su renuncia, en un momento de “lucidez” visitó los cuarteles militares y policiales para ofrecer a sus miembros un considerable aumento económico, sin considerar que la deuda social era impagable y que el presupuesto para la salud y la educación no podía cubrir ni siquiera sus necesidades más elementales.
Buscando también el respaldo de sus “simpatizantes” y de aquellos que hacían “bulto” en cada una de sus apariciones públicas, empresas como Pacifictel despidieron intempestivamente a más de un centenar de trabajadores, que posteriormente serían sustituidos por “técnicos recién capacitados”, miembros del partido político del Gobierno.
“Debilitado por sus mentiras, amenazado por quien lo sostiene, buscando respaldos inadecuados, el coronel Gutiérrez sobrevive en jaque. Varios sectores piden su renuncia. Ese sentir se resume en lo que dijo el ex Subsecretario de Defensa, General de División (r), José Villamil: “…esperar tres años más de demagogia, para que abuse de los bienes del Estado, para proselitismo político y que siga el descrédito de las FF.AA., lo único que permitiría es que la oligarquía otra vez se adueñe del país y él pase a ser una marioneta, es una desvergüenza. Por eso pienso que debe renunciar, antes de que lo destituyan”
(Raúl Vallejo.- Jaque al Coronel, El Comercio, mayo 1/05).
El desbarajusta conceptual del mandatario era desconcertante; posiblemente tenía buenas intenciones (?), pero estaba tan mal asesorado o no permitía serlo, que cada una de sus intervenciones no hacía otra cosa que aumentar el cúmulo de errores y desatinos que lo caracterizaban.
Llegó un momento en que periodistas de televisión como Carlos Vera calificaban a cada actuación del gobierno como una nueva “estupidez”, mientras el ex presidente Febres-Cordero, en una intervención política decía que había que “aguantar a estecojudo” hasta que termine su gobierno.
A principios de noviembre del 2004 y convertido en líder de la oposición, Febres-Cordero intentó iniciar un Juicio Político para destituirlo del cargo. Tuvo entonces Gutiérrez un “brillante momento de lucidez” y nombró como nuevo Ministro de Gobierno al destacado jurista guayaquileño Dr. Jaime Damerval Martínez, uno de los más furibundos detractores de Febres-Cordero.
Pocos días más tarde, una hábil maniobra política -en la que se advirtió la presencia del “hombre del maletín”- logró que varios diputados comprometidos con el juicio político “se viraran” y cambiaran su decisión.
Como si esto fuera poco, las nuevas propuestas políticas implementadas porDamerval no tardaron en producir fuerte conmoción dentro de los partidos de oposición, y antes de cumplir el primer mes en el Ministerio ya había logrado consolidar una mayoría gobiernista que en sesión del 25 de noviembre -de manera ilegal- removió de sus funciones a todos los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, que hasta entonces habían sido “feudos” de Febres-Cordero y el Partido Social Cristiano.
Esta mayoría se logró básicamente gracias al apoyo incondicional del PRIAN y del PRE, paridos políticos dirigidos por el millonario industrial Alvaro Noboa y el ausente ex presidente Abdalá Bucaram. Al día siguiente, una caricatura política aparecida en diario El Comercio de Quito que decía “¡Tenemos mayoría! Solo no hay que cobrar a Alvarito y traer a Abdalito…”, parecía confirmar el acuerdo de que Noboa no pagaría sus impuestos y que Abdala sería sobreseído de los juicios instaurados en su contra.
Durante la primera semana de diciembre el gobierno propició un nuevo atentado en contra de los principios jurídicos y constitucionales, cuando la mayoría parlamentaria gobiernista -contraviniendo explícitas disposiciones constitucionales- en sesión del día 8 arrasó con la Función Judicial destituyendo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para imponer, en su lugar, a nuevos jueces identificados con los partidos políticos miembros de esa mayoría parlamentaria, incluyendo a dos recomendados directamente desde Panamá por el exiliado ex presidente AbdaláBucaram.
Como si esto fuera poco, el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ramón Rodríguez Novoa, demostrando que existía una clarísima intromisión del Presidente en la Función Judicial declaró: “El señor Presidente de la República (fue) quien me llamó telefónicamente (…) Acudí donde él (…) y me dijo: Le propongo a usted la presidencia de la Corte Suprema de Justicia…” (El Universo, Dic. 14 del 2004).
Un mes más tarde Rodríguez renunciaría al cargo que sería asumido inmediatamente -sin esperar la aceptación- por el subrogante Dr. Guillermo Castro Dager, quien tendría actuar en los dos juicios penales entablados en contra de su coideario y amigo, el ex presidente Abdala Bucaram, acusado en ambos casos de abuso de fondos públicos durante su gobierno. (8)
Todo era un caos. Si existía o no un régimen de derecho era algo que el Congreso no se atrevía a definir; pero la opinión pública tenía una visión mucho más clara que se expresaba en dos conceptos: para unos, quien gobernaba era Abdalá Bucaram, desde Panamá, mientras Lucio Gutiérrez era su “edecán” en Quito; para otros, el mandatario era simplemente una suerte de aprendiz de dictador.
Ante ésta situación de incertidumbre social, política y jurídica, los municipios de las principales ciudades, junto con los representantes de las Cámaras de la Producción, anunciaron que convocarían a manifestaciones públicas para rechazar las pretensiones dictatoriales del “Presidente” Gutiérrez.
Se dio entonces una nueva demostración de la estupidez que primaba en las altas esferas del gobierno, cuando el sub Secretario de Bienestar Social -Bolívar González- anunció por televisión que si salían a las calles mil “pelucones” él sacaría 10.000 indígenas para contrarrestarlas; y si salían 2.000 “pelucones” el sacaría 20.000 indígenas… Estas incitaciones a la violencia y al enfrentamiento las repetiría posteriormente varias veces. ¿Se proponía este imbécil iniciar un enfrentamiento de clases que desembocaría -definitivamente- en una guerra civil?
A pesar de todo, al finalizar el 2004 el Presidente había logrado consolidarse en el Poder, sostenido por dos líderes cuestionados que habían exigido un altísimo precio por su respaldo, situación que fue confirmada por el diputado Mario Touma, quien en declaraciones hechas en la televisión -el 5 de enero del 2005- dijo que su partido, el PRE, respaldaría al presidente Gutiérrez siempre y cuando este cumpla con su ofrecimiento de permitir el retorno del ex presidente Bucaram, expatriado voluntariamente en Panamá -desde su derrocamiento en 1997- para evadir la acción de la justicia ecuatoriana.
Ese mismo día el diputado Omar Quintana Baquerizo, también del PRE, fue elegido Presidente del Congreso Nacional.
Así, de la noche a la mañana, Gutiérrez tuvo en sus manos todos los poderes del Estado; pero no podía controlar la opinión pública que continuaba sosteniendo que quien gobernaba era Bucaram, desde Panamá.
Los vergonzosos escándalos relacionados con la política ecuatoriana retumbaron en todo el continente, al extremo que nuestro país pasó a ocupar la primera página de todos los periódicos: uno de ellos Los Angeles Times, donde el periodista norteamericano Michael Shifter publicó un artículo denunciando dicha situación
“Aunque el presidente Lucio Gutiérrez fue electo en una votación limpia hace dos años, ahora está manejando un ruidoso e inconstitucional poder para acaparar todas las instituciones del Poder Judicial con sus aliados políticos. Se burla de la independencia judicial.
Gutiérrez ha justificado sus acciones diciendo que la Justicia ha estado dominada por sus rivales políticos, quienes han intentado enjuiciarlo. El ha manipulado la ventaja modesta de su partido en la legislatura para reemplazar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema
Abdalá Bucaram, fugitivo en Panamá, ahora aparece con Gutiérrez orquestando el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ecuador nunca a presenciado tal concentración de poder a través de métodos inconstitucionales. Ecuador es tratado con indiferencia por Washington. Esto pese a su economía basada en el dólar y la única base de EE.UU. en Sudamérica” (9)
Por esos días, una nueva mancha cubriría de vergüenza a la imagen del país, cuando -sin que cumpliera los mínimos e indispensables requisitos- se procedió a nombrar al cuñado del Presidente, coronel de policía Napoleón Villa, para el cargo de Magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La reacción internacional fue de estupor: “El caso Villa rebasó el vaso. Tuvo que renunciar pese a que el Canciller defendió su nombramiento. Los cuestionamientos fueron a su ilegalidad e ilegitimidad. El tribunal Andino exige los mismos requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema, como establece la Constitución, ser doctor en Jurisprudencia y haber ejercido con probidad notoria la profesión o la cátedra mínimo 15 años” (Miguel Rivadeneira Vallejo: Entre el Honor y la Vergüenza.- El Comercio, En.31/2005).
Desesperado, incapaz, necio y ciego, Gutiérrez encontró en la procacidad el único argumento para enfrentar a sus detractores: Insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos, tal cual lo denunció a la prensa el Crnel. Patricio Acosta, ex Ministro de Bienestar Social, ex Secretario de la Administración y ex funcionario de confianza del régimen, quien además señaló que Gutiérrez, cuando era candidato a la Presidencia de la República, se había reunido y mantenido conversaciones con un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (10).
Nueva vergüenza nacional: Un militar ecuatoriano, aspirante a la primera magistratura del país, que pacta acuerdos con grupos guerrilleros extranjeros.
El 26 de enero del 2005, una multitudinaria marcha organizada por el Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, expresó su rechazo al “dictócrata” que -obnubilado- acanalló a los 180.000 manifestantes acusándolos de ser asalariados que recibirían 50 dólares por su asistencia.
Pero no fueron solo los guayaquileños quienes sufrieron la ira del mandatario: Gutiérrez también insultaba a los periodistas, amenazaba a sus opositores y permitía actos vandálicos e intentos de secuestro y asesinato.
A principios de febrero y como un eco a lo que había sucedido en Guayaquil, el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, convocó a también una marcha cívica política y popular con el propósito de exigir al gobernante rectificaciones.
Cundió entonces el pánico en las altas esferas del gobierno, y para contrarrestarla -al igual que había hecho en Guayaquil- el gobierno inició una intensa campaña publicitaria incitando al enfrentamiento entre ecuatorianos, al tiempo que organizaba, para el mismo día 16 de febrero, la respectiva contramarcha, contratando para el caso a “simpatizantes” (?) desocupados de diferentes regiones del país, y advirtiendo a los empleados públicos la obligación de trasladarse a Quito para “respaldar al gobierno”.
Alrededor de 1.000 buses, que transportaron “como sardinas en lata” a cerca de 60.000 “manifestantes”, caotizaron las vías de acceso y gran número de calles y avenidas de la ciudad de Quito.
“Lucio se graduó de antidemócrata. Quedará registrada la movilización de 1.000 buses interprovinciales con esclavos, la reedición del concertaje de indios, la manipulación burda de la expresión de ecuatorianos y ecuatorianas considerados por este gobierno como carne de cañón, como masa crítica, como acémilas al portador. El dictócrata (…) se apostó en el segundo piso, lejos de los indios abusados, y no sería raro que construyera un tercer piso en Carondelet para estar más cerca de los helicópteros de rescate y más lejos de las balas presumibles”
(Juan Fernando Salazar: Dictocracia y Cirugía Plástica.- El Comercio, Feb. 20/2005)
Temeroso de que el pueblo repitiera la “trastada” de la que él había sido protagonista el 21 de enero del 2000, cuando propició el golpe de estado que derrocó al presidente Mahuad, Gutiérrez dispuso que la ciudad de Quito sea “sitiada” por lasFF.AA.
La calle Guayaquil -por donde debía pasar la marcha- y todas las cercanas al palacio de gobierno fueron cerradas con barricadas y alambres de púas, tras los que se parapetaron policías fuertemente armados dispuestos a proteger a quien días antes se había declarado “dictócrata”.
Cuando los contratados manifestantes que habían llegado de varias partes del país -a los que sí se les permitió el paso- coparon la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Gobierno, el presidente se presentó envalentonado por el “respaldo ciudadano”, para con vocabulario grosero expresar una nueva serie de insultos en contra de sus opositores.
Cuando se dio cuenta de que “su público” no le prestaba atención, cargó su discurso de una demagogia plagada de vicios de dicción y ofreció beneficios para los pobres y castigo para la “oligarquía corrupta”, los “amanerados” y aquellos que “se hacen la cirugía plástica y se tiñen en pelo”… (?).
“A Lucio Gutiérrez se le quedaron palabras en la punta de la lengua. Cuando hablaba de la oligarquía, los llamó “sepulcros blanqueados, miserables, sinvergüenzas (…) por no decirles otros términos por respeto al pueblo”. Luego dijo que a los oligarcas “hay que darles lo que sabemos” (…) y que a ellos “les arde donde ya sabemos”
(El Comercio, Feb. 17/2005).
Los manifestantes recibieron -como retribución a su patriótica presencia para respaldar al presidente- seco de carne, sánduches y colas, y pudieron disfrutar de un espectáculo artístico contratado para asegurar la convocatoria. Algunos señalaron que les habían ofrecido 10 dólares.
Por su parte, los cerca de 150.000 quiteños que respaldaron a su alcalde, con alegría y fervor cívico expresaron su rechazo al gobierno y a la corrupción que éste representaba (11).
Pocos días después Cuenca se sumaría a Guayaquil y Quito, y el 16 de marzo organizaría su propia marcha popular para expresar también su rechazo al Presidente y su gobierno.
Y es que la corrupción y la inmoralidad habían llegado a una situación que llenaba de indignación y vergüenza a los ciudadanos honestos y trabajadores, que son los que componen la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.
“…diputados que se alquilan y comercian su voto en el mercado libre de la oferta y la demanda; jueces que han llegado a las cortes sin otro aval que el de su patrocinador, después de hacerse de un título conseguido al desgaire en cualquier universidad de esquina, allí donde venden caramelos, cigarrillos, togas y birretes envueltos en las mismas fundas grasientas de las papas fritas; ministros y funcionarios públicos que no tienen otra razón para ocupar su puesto que la de ser parientes del mandamás de turno y no tienen otra misión que la de guardarle la espalda y guardarse algo más en su faldriquera, como un seguro de cesantía para tempos peores.
Ellos son los dueños de la nueva moral, los que dictan las normas de la convivencia, los principios que rigen las conductas de los otros. Ellos, los que señalan con el dedo a quienes hay que sancionar por el pecado de no haberse sumado a sus imposturas y negarse a integrar la cada vez más nutrida pandilla de asaltantes de caminos, siempre al acecho de un nuevo golpe para esquilmar las arcas del Estado.
Ellos, los que han refundado la historia hasta conseguir actuar con impunidad, mientras a quienes no participan de sus fechorías se los mantiene como rehenes, concediéndoles la gracia de un «arresto domiciliario» dentro de esta prisión maloliente pestífera a corrupción, nepotismo y vivarachería en que se ha convertido el Ecuador”
(Francisco Febres-Cordero.- “Los Nuevos Dueños”, El Universo, Marzo 3/2005).
Pero si por un lado la corrupción desconcertaba día a día a los ecuatorianos, por otro, la inseguridad ciudadana se hacía presente ente una serie de atentados contra la vida de políticos, periodistas, opositores, líderes sociales “indios y blancos”, rectores y ex rectores de universidades, y contra todo aquel que -de una u otra manera- expresara su rechazo al régimen que “desgobernaba” al Ecuador.
Tal era el deseo de acallar a la oposición que, para poder controlar los medios de comunicación, el gobierno intentó implementar una ley por medio de la cual podría ejercer control absoluto sobre los medios de radiofónicos y de telecomunicación. Esta, llamada por el presidente Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fue llamada por sus detractores “Ley Mordaza”.
Una vez más la corrupción y la estupidez que caracterizaba al gobierno ecuatoriano tuvo características internacionales, al extremo que la Sociedad Interamericana de Prensa se vio en la obligación de “exhortar al Presidente de la República y demás autoridades a observar los preceptos constitucionales y los compromisos asumidos con la prensa libre… y que suspenda los ataques y presiones contra periodistas y medios independientes”
(El Universo, marzo 16 del 2005).
Las incoherencias, los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones y el retorno deAbdalá Bucaram -que confirmaba el compromiso adquirido por el gobernante con el político expatriado- colmaron la paciencia de los ciudadanos, especialmente de Quito que, a partir de entonces y convertidos en “forajidos” -que era como los había llamado el presidente-, empezaron a realizar una serie de manifestaciones espontáneas, sin la conducción de ningún líder político.
La primera se dio antes y después de la misa que se ofició en la Catedral de Quito por la muerte de S.S. Juan Pablo II, cuando una gran multitud de ciudadanos sin filiación política, simples feligreses que asistían a la ceremonia, prorrumpió en manifestaciones de rechazo al mandatario, y la voz de “Lucio fuera” hizo que actuara la fuerza pública mientras este buscaba como escapar hacia el Palacio de Carondelet.
Se empezó entonces a escuchar, por calles y plazas, una sola consigna: “Lucio fuera”.
Luego vinieron los “cacerolazos” y los “reventones” por parte de ese mismo pueblo quiteño que, durante las noches, hacía sonar las tapas de las ollas y reventaba globos para hacer ruido mientras buscaba al Gobernante no solo en el Palacio de Gobierno, sino en hoteles, restaurantes y hasta en su propia casa.
Y las voces continuaban repitiendo: “Lucio fuera”.
Desesperado e impotente, pero contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas, en la noche del 15 de abril -por medio de Decreto Ejecutivo No. 2752- Gutiérrez declaró el Estado de Emergencia Nacional, dispuso la cesación de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estableció como Zona de Seguridad a la ciudad de Quito y, lo que es peor, suspendió varios de los Derechos Civiles de los ecuatorianos, entre ellos la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio ecuatoriano y la libertad de reunión y asociación con fines pacíficos. (12)
No habían pasado veinticuatro horas cuando -según fue siempre su costumbre- Gutiérrez se echó para atrás y, cambiando de parecer, derogó el absurdo decreto, para que sea el Congreso quien deshaga el entuerto jurídico que vivía el país.
El 17 de abril, luego de anular la resolución del 8 de diciembre del 2004 por medio del cual se había designado a los Miembros de la Corte de Justicia, los diputados presentes -obedeciendo al mandato del pueblo que se encontraba en las calles- repitieron con vergüenza: Lucio fuera.
Querían, de esa manera, justificar la cobardía que habían demostrado durante más de seis meses negociando “tronchas” y cuotas de poder, a cambio de respaldo al gobierno o bajo la amenaza de “pasarse a la oposición”.
Durante los días siguientes, las protestas, marchas y caravanas se repitieron en todo el país, y a pesar de los esfuerzos represivos del gobierno se continuaba escuchando la misma consigna: Lucio fuera.
Pero era Quito quien hacía escuchar su voz con toda la fuerza de la indignación ciudadana, que noche a noche, sin temor a los gases lacrimógenos y a la brutal represión, intentaba llegar hasta el Palacio de Carondelet para exigirle al Presidente su renuncia.
La caída del presidente era inminente, no podía demorar; fue por eso que en las primeras horas del día 20, Renán Borbúa, Bolívar González, Napoleón Villa y Carlos Arboleda -considerados los hombres fuertes del gobierno- intentaron hacer llegar a Quito a gran número de “simpatizantes pagados” para que se tomen la ciudad, enfrenten al pueblo e intenten defender al régimen. Lo que estos irresponsables querían era -indudablemente- propiciar un enfrentamiento ciudadano que podría haber culminado sangrientamente.
Afortunadamente sus protervas intenciones fueron descubiertas oportunamente, y la rápida acción del pueblo, cívicamente conducido por el Alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo; y el Prefecto de Pichincha, Sr. Ramiro González, y impidió que los asalariados entraran en la ciudad. A pesar de ello, algunos contratados llegaron hasta el Ministerio de Bienestar Social, desde donde dispararon contra la ciudadanía que exigía la salida del Presidente.
Pero la decisión del pueblo era inquebrantable y, finalmente, a la 14:02 de ese miércoles 20 de abril del 2005, luego de superar a los asalariados el pueblo quiteño llegó hasta el Palacio de Gobierno, y Gutiérrez debió huir por los techos a bordo de un helicóptero del Ejército. Un militar arrió la bandera del Palacio de Carondelet anunciando que ya no había gobierno. (13)
Obedeciendo al mandato popular, las Fuerzas Armadas obligaron a Gutiérrez a abandonar el cargo, poniéndose así punto final a una lamentable administración que se caracterizó por su corrupción, su nepotismo, sus estupideces, sus desatinos, sus incoherencias y, en definitiva, por su total incapacidad para gobernar.
Mientras esto sucedía, los diputados se habían auto convocado de “emergencia” para, en apresurada resolución, “destituir al Presidente por abandono del cargo”.
¡Que cómodos!, más de seis meses habían tenido para asumir sus responsabilidades, pero la cobardía, la troncha, los “amarres” y “el hombre del maletín” se los había impedido; y solo cuando vieron que el gobernante había caído, “porque el pueblo de Quito así lo quiso”, llenos de temor quisieron fungir de patriotas para acto seguido huir acobardados ante la acción popular que exigía “que se vayan todos”.
A pesar de haber repetido varias veces el ofrecimiento de “Salvar al país o morir en el intento”, y de haber dicho a quienes le fueron a solicitar su retirada “Solo muerto me sacan del Palacio”, Gutiérrez abandonó el Palacio “escapando por los techos” a bordo de un helicóptero del Ejército que lo condujo directamente al aeropuerto, donde lo esperaba un pequeño avión -también del Ejército- con los motores encendidos para facilitar su huida; pero el pueblo invadió la pista de aterrizaje e impidió que el avión pudiera despegar, por lo que debió abordar nuevamente el helicóptero para escapar una vez más de la ira popular.
Momentos más tarde y gracias al asilo otorgado por el gobierno del Brasil, pudo refugiarse en dicha Embajada donde esperó del respectivo salvoconducto para poder abandonar el país.
Ya para entonces, la fiscal Cecilia Armas había pedido a la policía que el defenestrado ex “dictócrata” sea apresado para que responda por varios cargos en contra de la vida de ciudadanos. Este pedido se extendería más tarde en contra de varios de sus colaboradores.
Al caer la tarde de ese 20 de abril del 2005, su primo Renán Borbúa, su cuñado Napoleón Villa, su frente de choque Bolívar González, el destituido Presidente de la Corte Suprema de Justicia Ab. Guillermo “El Pichi” Castro y su amigo AbdaláBucaram, habían desaparecido como por arte de magia.
Finalmente y habiendo recibido el tan ansiado salvoconducto, a las 4 de la mañana del domingo 24 -oculto el rostro por un pasamontañas y disfrazado de policía- Gutiérrez abandonó la Embajada del Brasil a bordo de un vehículo policial que lo condujo al aeropuerto. Allí se embarcó en un helicóptero del ejército que lo trasladó a la ciudad de Latacunga, donde abordó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña en el que abandonó el país.
El 15 de enero del 2003, en su discurso de posesión había dicho: “O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento…” pero ni cambió al Ecuador ni murió en el intento.
A mediados de mayo renunció al asilo que había obtenido del Brasil y se trasladó a los EE.UU. donde una vez más representó el triste papel de “perseguido político”; fue entonces que el 7 de junio “prometió volver al país para retomar el mando”. Estas declaraciones -que indudablemente presentaban la irresponsable posibilidad de desestabilizar la seguridad interna del país- propiciaron una denuncia por parte del Gobierno ante la Fiscalía General del Estado, que concluyó 15 días más tarde cuandola Corte Superior de Justicia de Quito expidió la correspondiente orden de prisión en su contra (14).
Paro la actitud del ex mandatario no varió en absoluto, demostrando en cada uno de sus actos la esencia de su personalidad. Poco tiempo después se trasladó al Perú para establecerse en uno de los balnearios cercanos a la frontera norte, desde donde “amenazó” con ingresar al Ecuador, sus declaraciones políticas molestaron al gobierno peruano que de manera delicada y gentil le hizo comprender que sería mejor que abandonara el país.
Posteriormente se trasladó a Colombia donde solicitó un nuevo asilo político, pero el 13 de octubre -nueve días después de que le fuera concedido- al presentar en Bogotá su libro titulado “El Golpe” renunció al asilo generosamente concedido y amenazó que “al día siguiente” regresaría al Ecuador para recuperar el poder.
Y así fue… esta vez cumplió su palabra, y tal como la había dicho, en un avión fletado en 7.900 dólares aterrizó en la ciudad de Manta donde fue detenido por miembros dela Policía Nacional para -de inmediato- ser trasladado a Quito y conducido al penal García Moreno donde “fue recluido en un área de máxima seguridad donde purgan condenas narcotraficantes y ex banqueros”
(El Universo, Oct. 15/2005).
Posteriormente fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito, donde permaneció recluido hasta el 3 de marzo del 2006, en que fue “absuelto” por el Presidente de la Corte Superior de Quito. Ese mismo día -al quedar en libertad- anunció que presentaría su candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarían antes de finalizar dicho año.
Una serie de condiciones políticas, jurídicas y constitucionales impidieron su participación en la contienda electoral, pero auspiciando la candidatura de su hermano Gilmar, su partido político logró una altísima votación que lo convirtió en una de las fuerzas políticas más influyentes del país.
Pactó entonces con el nuevo Presidente de la República, Ec. Rafael Correa, dando inicio a una serie de acuerdos, desacuerdos, ofensas, insultos, pactos, engaños, mentiras y estupideces con las que se caracteriza la personalidad de estos dos aspirantes a dictadores frustrados. Militar nacido en la ciudad de Quito el 23 de marzo de 1957, hijo del Sr. Lucio Gutiérrez Rueda -comerciante asentado en la entonces pequeña población de Tena, en la provincia de Napo, donde en una lancha de su propiedad se dedicaba al transporte de comestibles entre los poblados situados a lo largo del río Napo- y de la Sra. Mery Borbúa Bohórquez.
Este resultado reflejó que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los políticos tradicionales y que buscaba, desesperadamente, un cambio.
Llegó así el 15 de enero de 2003, fecha en que, ante el Congreso Nacional, prestó juramento y se convirtió en el nuevo Presidente Constitucional de la República, acompañado en la vicepresidencia por el Dr. Alfredo Palacio.
Ese día se inició en el Ecuador uno de los gobiernos más corruptos, inmorales e incapaces que registra la historia nacional.