Revolución del 10 de Agosto de 1809

Revolucion_del_10_de_Agosto_de_1809

Según sostiene el quiteño Pablo Cuvi en el capítulo “El Espejo del País”, que aparece en la obra de la que él mismo es miembro del Consejo Editorial, titulada “Historia del Congreso Nacional-República del Ecuador”, “Museos, archivos y bibliotecas de varias ciudades del país fueron visitados para tratar de cubrir gráficamente una historia que se remonta al 10 de agosto de 1809, cuando los próceres ¿? Se reunieron en la Sala Capitular del Convento de San Agustín para declarar que los territorios de la Real Audiencia de Quito se independizaban de España…”

Todo eso es falso, de falsedad absoluta, es decir, una mentira que de tanto ser manipulada y repetida ha pasado a convertirse en verdad.

La revolución quiteña del 10 de Agosto de 1809 no fue un movimiento independentista, sino la conspiración de un grupo de patriotas quiteños, fieles a España, quienes tenían como único objetivo cambiar a las autoridades que en ese momento gobernaban la Audiencia y sustituirlas por un nuevo gobierno que juró “lealtad absoluta a S. M. Fernando VII”.

Los acontecimientos se remontan a 1808, año en que Napoleón Bonaparte invade España, obliga a abdicar al rey Carlos IV, toma prisionero al heredero don Fernando VII e instala en el trono a su hermano José Bonaparte.

La influencia de Francia sobre España fue tan poderosa, que no le resultó difícil al usurpador hacer efectiva su autoridad en las Colonias “La generalidad de las Autoridades españolas en América parecieron inclinarse ante el hecho consumado y dispuestos a acatar el decreto firmado por el Consejo de Indias, que los confirmaba en sus empleos y les mandaba reconocer las cesiones acordadas… pero no así los súbditos que, para manifestar su adhesión a la familia real, arrojaron públicamente a las llamas la proclama del Rey intruso y expulsaron a sus emisarios” (José Le Gouhir.- Historia de la República del Ecuador, tomo I, p. 71).

En efecto, para enfrentar esta situación, en cada provincia y ciudad grande de España se formaron “Juntas Soberanas de Gobierno” que rechazaron al régimen usurpador de José Bonaparte, proclamando y defendiendo además los derechos de Fernando VII. El concepto de estas “Juntas” se impuso también en algunas ciudades de América, donde se conformaron otras “Juntas” con el mismo y único propósito de defender los derechos del monarca español a quien correspondía la corona.

Esta circunstancia fue el pretexto para que Juan de Dios Morales -quien había sido destituido de su cargo de Secretario de la Presidencia de Quito- y Manuel Quiroga -a quien por irregularidades se le habían prohibido ejercer la profesión de abogado-, resentidos con las autoridades quiteñas planificaran también la instauración en Quito de una “Junta Soberana”, con el oculto propósito de vengarse y simplemente cambiar al Presidente de la Audiencia, Conde Ruiz de Castilla, quien había llegado a Quito en Agosto de 1808.

Fue así que en Quito, una “nobleza criolla” que no estaba dispuesta a perder los beneficios y prebendas que le brindaba su condición social, terminaría aceptando la propuesta de Morales y Quiroga, y sería parte del nuevo orden que se instauraría.

Con mucha habilidad Morales y Quiroga convencieron también a distinguidos quiteños como Juan Salinas, Nicolás de la Peña, Juan Pablo Arenas, Francisco Xavier Ascázubi, y el presbítero Dr. José Riofrío, entre otros, con quienes -invocando los derechos de Fernando VII- se reunieron el 25 de diciembre de ese mismo año en la hacienda de Chillo de don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, para organizar la primera Junta Soberana de Gobierno de Quito.

Se propuso entonces -tal era el objetivo- deponer a las autoridades de la Audiencia que obedecían a los franceses y nombrar a las autoridades criollas que gobernarían en nombre de Fernando VII, considerando además -muy seriamente- la posibilidad de que el Rey venga a gobernar desde América.

“En estas reuniones figuraban hombres de distintas intenciones, aunque acordes en el plan revolucionario. Los nobles de Quito se proponían simplemente despojar y suplantar a los funcionarios españoles. Estos revolucionarios, los más numerosos, habrían continuado sirviendo al Rey, unidos a la madre patria si se les hubiera asegurado exclusivamente los principales puestos de la colonia. En realidad, lo único en que pensaban era en la formación de su aristocracia criolla” (Aguirre Abad.- Bosquejo Histórico de la República del Ecuador, p. 154).

En marzo de 1809, debido a una indiscreción cometida por el Cap. Juan Salinas, los conjurados fueron descubiertos y sometidos a un proceso por parte de las autoridades españolas, pero gracias a un audaz golpe lograron robar y hacer desaparecer los expedientes relacionados con el proceso, por lo que a falta de pruebas condenatorias fueron puestos en libertad.

Los quiteños continuaron reuniéndose, y noche tras noche, los instigadores Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga; el Cap. Juan Salinas, Jefe de Milicias de Quito; el cura Miguel Riofrío, párroco de Sangolquí; y algunos más, asistían secretamente a las reuniones que se realizaban en casa de doña Manuela Cañizares, al parecer uno de los pocos lugares en los que no era raro ver entrar hombres en la noche (Algunos historiadores sostienen que Manuelita era una mujer de vida disipada, amante del Dr. Quiroga, que mantenía una casa de diversión para los quiteños).

…así se reunieron el capitán Salinas, Morales, Quiroga, Ante y todos lo hicieron en el sitio que menos podía pensarse que se fraguaba una rebelión; y era en una casa de lenocinio. La de “La Ñata” Manuela Cañizares…” (Dr. Roberto Leví Castillo (Rolecas).- El Telégrafo, Ag. 10/84).

“En la noche en que se decide lanzar “el primer grito”, los próceres reunidos en casa de una mujercilla, entre los cuales estuvieron tres clérigos: Riofrío, Correa y Castelo…” (Julio Tobar Donoso.- La Iglesia, Modeladora de la Nacionalidad, p. 265).

En todo caso, ni los detalles de su vida privada, ni ninguna de estas “opiniones”, desmerecen en absoluto la extraordinaria participación de Manuela Cañizares en el movimiento patriótico de Quito.

En la noche del 9 de agosto los conjurados se reunieron una vez más en casa de Manuela Cañizares, y luego de ultimar los detalles relacionados con el movimiento revolucionario, obedeciendo a una propuesta de Morales y Quiroga procedieron a destituir al Conde Ruiz de Castilla del cargo de Presidente de la Audiencia y a conformar una nueva Junta Suprema que gobernaría a nombre y en representación de S. M. Fernando VII.

Miembros de esta Junta -auque no estuvieron presentes- fueron nombrados don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, en el cargo de Presidente; el obispo José Cuero y Caicedo fue designado vicepresidente; como vocales se nombró al Marqués de Orellana, al Marqués de Solanda, al Conde de Casa Guerrero, al Marqués de Miraflores, a Don Manuel Zambrano, a Don Manuel Matheus y a Don Pedro Montúfar; y en los despachos de lo Interior, Gracia y Justicia, y Hacienda fueron nombrados Juan de Dios Morales, Manuel Quiroga y Juan Larrea, respectivamente.

Esta nueva Junta Soberana -al igual que la primera- nunca habló de independencia y, por el contrario, demostró su fidelidad a España jurando lealtad a la Corona y proclamando su respaldo total e incondicional a su “amadísimo soberano Fernando VII”.

Eran las 3:00 de la madrugada cuando el Cap. Salinas salió al mando de un grupo de milicianos para intentar capturar el Cuartel Real de Lima, al tiempo que otra comisión era enviada para dominar a la caballería. Salinas no tuvo problemas para tomar el cuartel cuyas tropas, arengadas ardorosamente por él mismo, se pronunciaron unánimemente por el nuevo orden.

Mientras esto sucedía, el resto de los complotados que esperaba en casa de Manuela Cañizares tuvo un momento de debilidad que pudo hacer fracasar el movimiento, pero surgió la figura gigante de la heroína quiteña que los increpó con esas célebres palabras que inmortalizaron su nombre ante la historia: “¡Cobardes… hombres nacidos para la servidumbre! ¿De qué tenéis miedo….? ¡No hay tiempo que perder….!”.

La actuación valerosa y determinante de Manuela Cañizares impidió que los quiteños abandonen la causa, y a las 5:00 de la mañana, conociendo ya que el Cap. Salinas había capturado el Cuartel Real de Lima, el Dr. Antonio Ante se dirigió a la residencia del Conde Ruiz de Castilla para comunicarle que había sido destituido del mando, ordenando, además, que sea detenido e incomunicado en su propia habitación.

La comunicación entregada al Conde Ruiz de Castilla era clara y directa, y decía que: “La actual situación de inestabilidad de España, el total aniquilamiento de las autoridades legítimamente constituidas y los peli­gros que la Corona del amado Fernando VII y sus dominios corren de caer en poder del tirano de Europa, han empujado a nuestros hermanos transatlánticos a formar gobiernos provisionales para su seguridad per­sonal tanto en contra de las maquinaciones de algunos de sus traicione­ros paisanos, indignos del nombre de españoles, como contra las armas del enemigo común. Los leales habitantes de Quito, resueltos a preser­var para su legítimo Rey y Señor esta parte de su reino, han establecido una Junta Soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, de la cual, y por orden de su Alteza Serenísima el Presidente y los vocales, tengo el honor de informar a Su Señoría y de anunciarle que las funcio­nes de los miembros del antiguo Gobierno han cesado. Dios guarde a Su Señoría por muchos años. Sala de la Junta, en Quito, Agosto 10 de 1809. Manuel Morales, Secretario del Interior” (William Bennet Stevenson, quien fuera Secretario del Conde Ruiz de Castilla.- Veinte Años de Residencia en Sudamérica, p. 73). (1)

Simultáneamente, otras comisiones partieron también para capturar al resto de las autoridades españolas, que con todas las consideraciones fueron detenidas en los cuarteles.

Mientras los vocales de la Junta designados en representación de los barrios: Marqueses de Solanda, de Villa Orellana y de Miraflores y D. Manuel Zambrano, D. Manuel de Larrea y D. Manuel Matheu, eran despertados en sus propios domicilios por el Dr. Morales, el Dr. Quiroga y otros, que les comunicaron las respectivas designaciones, una posta era despachada al Obraje de los Chillos para dar aviso al Marqués de Selva Alegre y pedirle que concurriese de inmediata a la ciudad… “para rogarles, amonestarles y casi constreñirles, a algunos de ellos, a que no negaran su concurso y desairaran al pueblo, al patriotismo y a la patria en hora tan critica y trascendental” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito de 1809, p. 212).

¿Significa esto que los tan mencionados “próceres del 10 de agosto” Marqueses de Solanda, de Villa Orellana y de Miraflores, don Manuel Zambrano, don Manuel de Larrea y don Manuel Matheu; así como el Marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar, no querían participar en la revuelta o no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y por eso, en una noche tan trascendental, no encontraron otra cosa mejor que echarse a dormir?

Eso quedará para el juicio de la historia y la opinión de los lectores.

Una hora más tarde, una salva real y las campanas de Quito anunciaron a toda la ciudad el cambio acontecido, y una banda militar, situada frente al Palacio de la Audiencia, entonó himnos marciales hasta las 9 de la mañana, hora en que se presentó el Cap. Juan Salinas con las tropas, y por mandato de la Junta procedió a tomarles el siguiente juramento:

Juro por Dios y sobre la cruz de mi espada defender a mi legítimo Rey, Fernando VII, mantener y proteger sus derechos, soste­ner la pureza de la Santa Iglesia Católica Romana y obedecer a la auto­ridad constituida” (William Bennet Sevenson.- Narración Histórica y Descriptiva de Veinte Años de Residencia en Sudamérica, Londres 1829 / La Revolución de Quito 1809 – 1822.- p. 75).

Se repetía, una vez más, el juramento de lealtad a España y a Fernando VII; pero nadie consideró que un juramento es un compromiso de honor y que quien lo incumple es un cobarde o un traidor.

A las diez de la mañana, quienes habían participado en la revuelta se reunieron en el Palacio del Presidente con los miembros de la Junta Suprema de Gobierno y procedieron a suscribir el Acta Constitutiva del Nuevo Gobierno o Acta del 10 de Agosto de 1809.

Ese mismo día y por disposición del Marqués de Selva Alegre, en la Plaza Mayor y ante la presencia del escribano Anastacio Olea, amparado por el Pendón Real que presidía la marcha de los soldados, el mestizo Clemente Cárdenas -pregonero de oficio- promulgó el primer bando de la corporación suprema.

“La Junta de Gobierno establecida en Quito el 10 de Agosto de 1809, se titulaba Suprema y debía mandar en la provincia de Quito y las de Guayaquil y Panamá, si voluntariamente querían unirse, y atribuyéndose el tratamiento de Majestad, dio a su presidente el de Alteza Serenísima y á sus miembros el de Excelencia (…) El juramento que hizo la junta y que exigió a cada uno de los empleados y corporaciones fue de obediencia y fidelidad a Fernando VII…” (Carlos Benedetti.- Historia de Colombia, p. 377; Imprenta del Universo de Carlos Prince, Lima 1887).

Estos tratamientos, que constan en el Acta del 10 de Agosto, no hacen otra cosa que confirmar que no se trataba de un movimiento independentista sino de un golpe de estado eminentemente monárquico, que no cambiaba absolutamente en nada el estado de las cosas. Ni siquiera se cambió el estandarte real, es decir, no se izó la bandera roja con el hasta blanca con la que se ha tratado de identificar al 10 de agosto de 1809, y así lo hacen constar tanto el investigador José L. Gouhir, en la página 94 de su obra “Historia de la República del Ecuador, Tomo I”, publicada por el Banco Central del Ecuador (1992), donde hace referencia a la edición No. 21 de El Porvenir 1885, en la que aparece la relación de un testigo presencial; como el Hno. Eduardo Muñoz Borrero, Miembro de la Academia Nacional de Historia, en la página 681 de su obra “Entonces Fuimos España”.

Pero, que dice el Acta del 10 de agosto…

El Acta dice: “Nos, los infrascritos diputados del pueblo, atendidas las presentes circunstancias críticas de la nación, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados actuales de esta capital y sus provincias (no proclaman independencia).

Más adelante -refiriéndose a los confabulados con el golpe de Estado, dice que compondrán una Junta Suprema que gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro soberano, el señor Fernando Séptimo, y mientras Su Majestad recupere la península o viniere a imperar en América…”

Continúa el Acta diciendo que “La Junta, como representante del Monarca, tendrá el tratamiento de Majestad, su Presidente el de Alteza Serenísima; y sus vocales el de Excelencia, menos el Secretario Particular a quien se le dará el de Señoría (gobierno totalmente realista creador de una nueva monarquía criolla).

Inmediatamente, como sucede hasta hoy, vinieron los aumentos de sueldo.

El Presidente tendrá por ahora y mientras se organizan las rentas del Estado seis mil pesos de sueldo, dos mil cada vocal y mil el Secretario Particular.-Prestará juramento solemne de obediencia y fidelidad al Rey en la Catedral… y sostendrá la pureza de la religión, los derechos del Rey y de la Patria.

Luego continuaron los nombramientos y los aumentos de sueldo “…auditor general de guerra con honores de Teniente Coronel, tratamiento de Señoría y mil quinientos pesos de sueldo a don Juan Pablo Arenas… y para que el ejército sirva gustoso y no le falte nada, igual que pasa hoy “…se aumentará la tercera parte sobre el sueldo actual desde soldado arriba”

Para la más pronta y recta administración de justicia se creó “…un Senado compuesto de dos salas Civil y Criminal con tratamiento de Alteza, y se nombrará un Gobernador con dos mil pesos de sueldo y tratamiento de Usía Ilustrísima.

La revuelta quiteña no era independentista. Tan no era independentista, que los firmantes del Acta del 10 de Agosto de 1809 nombraron, en representación de los barrios de Quito, como lo señalamos anteriormente, a distinguidos “Nobles Quiteños”, miembros fieles de la Corona Española, tales como el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Villa Orellana, el Marqués de Solanda, el Marqués de Miraflores, el Conde de Selva Florida, etc, etc, etc,… Pero el pueblo no participa del nuevo gobierno, el nuevo gobierno está conformado por esa elite de monarquía criolla que disfrutaba placeres palaciegos en el Quito conventual de los primeros años del siglo XIX

Y donde se firma el Acta del 10 de Agosto, nada más y nada menos que en el Palacio Real de Quito, así dice el acta.

El 16 de agosto, por disposición de la Junta Suprema y de su Presidente, don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, en la Sala Capitular de San Agustín y al amparo de un retrato de Fernando VII -ubicado en sitio preferencial-, se llevó a cabo un Cabildo Abierto al que asistieron con toda pompa y lujo las personalidades más representativas de la ciudad, del ayuntamiento y del clero; rectores de las universidades, miembros del Colegio de Abogados, de la Nobleza Criolla y de la Administración; militares y religiosas, nobles y vecinos (¿Habrán podido entrar?, lo digo por el espacio físico).

El pueblo no estuvo presente. No fue invitado o, posiblemente, por falta de espacio no pudo asistir; al fin y al cabo, se trataba de un simple golpe de Estado dado entre gallos y media noche, sin ningún principio ideológico u orientación política.

En dicho Cabildo -celebrado seis días después de la asonada- el recién nombrado Presidente de la Audiencia de Quito, don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, habló de la defensa del Monarca legítimo y de la propiedad de la patria, y tal lo afirma el Dr. Aguirre Abad en la página 156 de su documentado Bosquejo Histórico de la República del Ecuador, don Juan Pío Montúfar ”concluyó excitando a la unión diciendo: Viva nuestro Rey legítimo y Señor natural Don Fernando VII, y conservándole, a costa de nuestra sangre, esta preciosa porción de sus vastos dominios, libre de la opresión y tiranía de Bonaparte, hasta que la divina misericordia lo vuelva a su trono, o que nos conceda la gloria de que venga a imperar entre nosotros”.

Luego se enviaron sendas comunicaciones a Lima, Nueva Granada, Cuenca y Guayaquil, pero nadie plegó al movimiento de Quito.

Es que el de Quito no fue un movimiento independentista; simplemente se trató de una asonada que tenía como único objetivo cambiar a las autoridades españolas que gobernaban la Audiencia, jurando -eso sí- “lealtad absoluta al amado soberano don Fernando VII”.

El 17 de agosto, por disposición de la Junta Suprema y de su Presidente, el Marqués de Selva Alegre, en la iglesia Catedral de Quito se celebró una misa y Te Deum solemnes, con la presencia de los Colegios, Prelados, Comunidades Religiosas, Nobles y vecinos, quienes prestaron juramento de fidelidad al Rey, la Religión y la Patria.

“Juramos al señor don Fernando VII como a nuestro Rey y Señor Natural y juramos adherir a los principios de la Suprema Junta Central, de no reconocer jamás la dominación de Bonaparte y la de rey alguno intruso” (Relación del escribano Anastacio Olea, citada por Carlos de la Torre Reyes en la pág. 239 de su obra La Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809).

La instauración del nuevo gobierno -no Estado- de Quito, bajo la denominación de la Junta Soberana, fue comunicada a los cabildos de la Audiencia y a los virreinatos de Santa Fe y Lima, pero por tratarse de un movimiento desestabilizador no encontró respaldo que buscaba.

La reacción de las autoridades españolas no se hizo esperar: Los gobernadores de Popayán, Guayaquil y Cuenca condenaron el movimiento por atentar contra el orden establecido, y sofocaron todo intento de anexión ordenando la prisión de los ciudadanos que podrían estar involucrados en el mismo.

En Popayán se preparó una fuerza militar para marchar hacia Quito, en Guayaquil, el gobernador Bartolomé Cucalón hizo detener a don Jacinto Bejarano y a don Vicente Rocafuerte, por el solo hecho de haber mantenido vínculos de amistad con Juan de Dios Morales; y en Cuenca, el Gobernador Melchor Aymerich inutilizó rápidamente a quienes podían identificarse con la rebelión, preparándose también para enfrentar a los insurgentes.

Finalmente, en Quito empezaron a aparecer diferentes pasquines -en prosa y en verso- destinados a debilitar y desacreditar a los rebeldes. Esto se debía -indudablemente- al hecho de que los quiteños comprendían que no se trataba de un movimiento independentista, y que lo único que buscaban los revolucionarios era cambiar a las autoridades españolas que en ese momento gobernaban la Audiencia, pero jurando lealtad absoluta al a España y a S.M. Fernando VII.

Fue por eso que el 4 de septiembre, la Junta Soberana de Quito envió a los pueblos de América un comunicado -firmado por Quiroga, en su calidad de Ministro de Gracia y Justicia- que en algunas de sus partes decía: “Pueblos de América: La sacrosanta Ley de Jesucristo y el Imperio de Fernando VII, perseguido y desterrado de la Península, han sentado su augusta mansión en Quito… Pueblos del continente americano: Favoreced nuestros santos designios, reunid vuestros esfuerzos al espíritu que nos inspira y nos inflama. Seamos uno. Seamos felices y dichosos y conspiremos con el único objeto de morir por Dios, por el Rey y por la Patria. Esa es nuestra divisa. Esa será también la gloriosa herencia que dejaremos a nuestra posteridad” (Alfredo Ponce Rivadeneira.- Quito: 1809 – 1812, según documentos del Archivo Nacional de Madrid – Madrid 1960, p. 157-158 / Nueva Historia del Ecuador, E. Ayala Mora, Tomo 6, p. 98).

Y es que la revolución quiteña no solo no tenía sustento ideológico, sino -lo que es peor- no tenía quien pudiera gobernar la Presidencia de Quito aunque sea a nombre de Fernando VII. Fue por eso que el 6 de septiembre, es decir, antes de cumplir un mes de haberse instituido, la Junta Suprema Gubernativa trató de reponer en el mando al Conde Ruiz de Castilla. Esta propuesta, apoyada por nueve vocales de la Junta, fue rebatida vigorosamente por Morales y Quiroga; y esto resulta lógico si recordamos que tanto Morales como Quiroga sentían gran desprecio por el anciano Conde Ruiz de Castilla, a quien por ninguna razón querían nuevamente en el poder.

El Marqués de Selva Alegre, conociendo que desde el Perú venía el Virrey Abascal con intenciones ahogar en sangre la revuelta quiteña y poner en orden las cosas, con fecha 9 de septiembre le envió un oficio en el que tímidamente justificaba su conducta ofreciéndole además arreglar lo más pronto posible esa situación irregular.

“Desde el 22 de agosto, cuando creí que el primer fervor del pueblo y principales cabezas del suce­so del 10 de agosto, iban cal­mando, propuse como el único modo de conciliar los ánimos y enmendar tan escandaloso hecho, reponer en la Presiden­cia al señor Conde Ruiz de Castilla, y poner todas las co­sas en el estado en que se ha­llaban antes de esa fatal épo­ca”; luego, para justificar su actuación, indica: “Con este objeto propio de las obligaciones de un fiel vasallo y ciudadano, he procurado hacer uso de esta confianza que la miro únicamente como interina y provisional, esperando lograr la ocasión favorable de reponer las cosas a su debido estado mediante las providencias que voy tomando de acuerdo con los sujetos más juiciosos y mejor intencionados, dejando que calme la efervescencia de los espíritus para poder obrar con toda energía y seguridad sin peligro de que se frustren las medidas de prudencia y rectitud y conseguir en todo el acierto”.

Posteriormente explica la situación de Ruiz de Castilla, quien por su respetable carácter “es el principal objeto de la veneración pública”… estoy resuelto con toda sinceridad y comprometido reservadamente con su Excelencia bajo palabra de honor de hacer todos los esfuerzos más vigorosos para que se le haga justicia a su mérito, reponerlo a su puesto y reconocerlo públicamente como a jefe legítimo, cediéndole gustoso el lugar superior que se me dio contra toda mi resistencia”– Termina ofreciendo tenerle informado al Virrey de toda novedad que interese (Manuel María Borrero.- Quito, Luz de América, p. 57-59 / Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito, p. 280).

Este oficio, ridículamente humilde y mendicante del Presidente de la Real Audiencia de Quito, no hace otra cosa que desenmascarar una vez más su débil personalidad y su voluntad de claudicar vergonzosamente.

El 13 de octubre -por falta de ideales, por incapacidad para administrarla y por culpa de rivalidades internas- la Junta presidida por don Juan Pío Montúfar capituló, aunque no precisamente ante alguna representación de Lima o Santa Fe, sino ante otro noble criollo, don Juan José Guerrero, Conde de Selva Florida.

El 21 de octubre la Junta Suprema perdió su sentido, por cuanto el novísimo Presidente publicó un bando mediante el cual se subordinaba a la Suprema Junta Central de Sevilla y se ratificaba en sus principios de fidelidad al Rey, a la Religión y a la Patria. La autonomía del Gobierno de Quito se desvaneció y perdió su medular esencia revolucionaria. Exigió igualmente que el Cabildo Civil “jurase fidelidad y obediencia al Monarca español y a la Junta Central de Sevilla, depositaría interina de los derechos de Fernando Vil, amenazados por Bonaparte. El Cabildo acató lo dispuesto sin hacer reparo alguno…” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito del 10 de Agosto de 1809, p. 313 / Alfredo Flores y Caamaño.- Descubrimiento Histórico Relativo a la Independencia de Quito, p. 8).

Con estos antecedentes y luego de acordar que no habría retaliaciones ni venganzas, el 25 de octubre el Conde de Selva Florida devolvió la Presidencia de la Real Audiencia de Quito al mismo Conde Ruiz de Castilla que la revuelta del 10 de agosto había derrocado, poniendo fin a 75 días de incertidumbre y zozobra política, que tuvieron, como única propuesta, el juramento de lealtad a Fernando VII.

Para entonces y enviado por el Virrey del Perú don Fernando de Abascal y Sousa, ya marchaba hacia Quito el Crnel. Manuel Arredondo al mando de quinientos soldados, cincuenta artilleros y dos compañías de “Pardos”.

Su llegada a Quito, el 2 de diciembre, fue recibida con grandes demostraciones de júbilo. “Los habitantes de Quito, confiando en el cumplimiento de las condiciones aceptadas por el Con­de Ruiz, erigieron arcos triunfales para recibirles y esparcían flores por las calles mientras pasaban los soldados” (William Bennet Sevenson.- Narración Histórica y Descriptiva de Veinte Años de Residencia en Sudamérica, Londres 1829 / La Revolución de Quito 1809 – 1822.- p. 77).

Dos días más tarde Arredondo solicitó una orden para la aprehen­sión de todos quienes habían tomado parte en la revuel­ta, y Ruiz de Castilla, a pesar de haber promulgado por bando que declaraba olvidado todo lo acontecido desde el 10 de agosto, ordenó la persecución y prisión de los revoltosos, a quienes de inmediatos se les siguió el juicio correspondiente.

Y aquí, una vez más vamos a apreciar las verdaderas intenciones y el pensamiento político de los patriotas quiteños del 10 de agosto de 1809.

Durante el juicio de “Lesa Majestad” que se siguió en contra de los anarquistas por el golpe de Estado perpetrado el 10 de agosto, todos y cada uno de los implicados, juramento de por medio, insistieron y demostraron su fidelidad y amor a Fernando VII.

Mucho antes de que se instale el mencionado juicio, ya el Marqués de Selva Alegre, don Juan Pío Montúfar, había huido de la ciudad de Quito. Tiempo después, en carta de 6 de enero de 1810 dirigida al Virrey don Antonio Amar y Borbón, decía, entre otras cosas, lo siguiente: “Desde el 22 de agosto en que creí que el primer fervor del pueblo, y principales cabezas del suceso del 10, iban calmando, propuse como el único medio de conciliar los ánimos, reponer en la Presidencia al señor Conde Ruiz de Castilla y poner todas las cosas en el estado en que se hallaban antes de esta fatal época, pero el pueblo todavía orgulloso y los autores de la revolución sostenidos por él, y la tropa, se opusieron a tan justas medidas, amenazando a mi vida y a la de mi hermano don Pedro Montúfar…” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito de 1809, p. 391).

Con relación a Felipe Carcelén, Marqués de Solanda, y Juan José Guerrero, Conde de Selva Florida, “de la vista fiscal puede deducirse la efectividad con que estos dos vocales de la Junta promovieron al restablecimiento de Ruiz de Castilla. La traición, la engañifa y el servilismo lacayesco no podían faltar a redropelo en una revolución tamizada en su superficie y en sus consecuencias con la actitud heroica y la afirmación viril. El serio e imparcial historiador D. Neptalí Zúñiga anota: “junto a las cosas más íntimas de la revolución en marcha, actuaban estos mercaderes de la Patria con secretas instrucciones de los realistas y guiados por sus propias y quemantes ambiciones…” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito, p. 434 / Neptalí Zúñiga.- Montúfar: Primer Presidente de la América Revolucionaria, p. 455).

El Marqués de Villa Orellana declaró que “el delito de lesa majestad es atentar contra el soberano y no defenderlo”. Y añade que participó en la asonada motivado por “un ciego amor a mi infeliz monarca, un declarado empeño en conservar sus sagrados dominios, tierras y señoríos y una decidida voluntad de conciliar la seguridad de estos…” (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito de 1809, p. 339-420).

El Cap. Juan Salinas declaró que había elaborado el “plan para la defensa de Quito y sus provincias con el objeto de conservarlas para nuestro Soberano y su dinastía…” (Idem. p. 368).

Manuel Quiroga declaró desconocer quién o quienes convocaron a la gente que se reunió en casa de Manuela Cañizares en la noche del 9 de 1809 y que él, al igual que todos los cuerpos políticos, el clero secular y regular, nobleza y vecindario ilustre, “Juró por el vasallaje a Fernando y a su Real Familia…” (Idem. p. 372).

El “patriota” Juan Pablo Arenas dijo que “…no supo el contenido del Acta (del 10 de agosto)”, luego “se declaró loco” y su esposa -para defenderlo- declaró que él había sido engañado y que solamente había escrito “lo que le dictaba el Dr. Morales después de haber invocado los nombres de Dios, del Rey y de la Patria” (Idem. p. 376-377).

El Marqués de Miraflores declaró que a las 3 de la mañana del 10 de agosto recibió la visita del Dr. Juan de Dios Morales, quien le comunicó que “a nombre de Fernando VII y para evitar la entrega a los franceses, se había creado una junta de la que había sido nombrado Vocal por el barrio de Santa Bárbara” y que aceptó ser parte de la Junta “…porque se invocaba como finalidad del nuevo Gobierno la defensa del Rey, el nombre de Dios y la felicidad de la Patria (Idem. p. 422).

El presbítero Dr. José Riofrío, cura de Pintag, al contestar la acusación fiscal formulada contra él, “no negó ninguno de los hechos que se le imputaban, los sostuvo afirmando que había intervenido en ellos con el convencimiento de que obraba con razón, derecho y conforme a las circunstancias políticas en que se hallaba la Presidencia de Quito por efecto de los sucesos de España” (Manuel María Borrero.- Quito, Luz de América, p. 294 – 295 / Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito, p. 379).

Mariano Villalobos prefirió “cantar”, y en sus declaraciones “sostuvo que los principales autores de la revolución fueron Morales y Salinas. Que asistió a la reunión porque el Dr. Quiroga le dejó un recado convocándolo a ella”, y que firmó por el barrio de San Blas a pesar de no tener la respectiva autorización para hacerlo (Carlos de la Torre Reyes.- La Revolución de Quito, p. 383).

Y así, uno a uno, los “patriotas quiteños del 10 de agosto de 1809” fueron declarando su inocencia y que su actuación no tuvo otro propósito que defender los derechos de Fernando VII.

Posteriormente los patriotas quiteños fueron llevados a prisión, y luego de permanecer encerrados en los calabozos del Cuartel Real de Lima (2), en Quito, el 2 de agosto de 1810 fueron cruel y sangrientamente asesinados, convirtiéndose así, de simples anarquistas, en mártires; pero cosa curiosa, ningún miembro de la nobleza criolla quiteña, ni condes ni marqueses, murieron de esa manera tan bárbara.

El 19 de septiembre de 1810, apenas un mes y siete días después de la masacre que sufrió el pueblo quiteño en manos de las tropas realistas, se instaló en Quito una Segunda Junta Suprema presidida y convocada por el Conde Ruiz de Castilla y por el Comisionado Regio don Carlos Montúfar, a la que asistieron, a más del obispo, un representante de cada cabildo, otro del clero y otro de la nobleza.

Dicha junta -en su Primera Acta de Instalación- reconoció “la autoridad suprema del consejo de regencia como representativo de nuestro muy amado rey Fernando VII…”, y designó al “excelentísimo señor conde Ruiz de Castilla como su presidente” (3).

La instalación de esta segunda Junta Suprema, que a pesar de la matanza del 2 de agosto repite su juramento de lealtad a Fernando VII, no hace otra cosa que confirmar que la revuelta del 10 de agosto de 1809 fue un simple golpe de Estado, que en ningún momento tuvo intenciones independentistas.

La revuelta quiteña terminó en una guerra entre los mismos protagonistas del 10 de agosto de 1809, un enfrentamiento entre marqueses, Sanchistas y Montufaristas, es decir, seguidores de los marqueses de Villa Orellana y Selva Alegre, respectivamente, a la que bajo el concepto de divide y vencerás se sumarían también los realistas y la traición del capitán Feliciano Checa que, abandonando la causa, se unió también a los peruanos que marchaban sobre Quito.

En definitiva, el 10 de agosto de 1809 no constituye el “Primer Grito de Independencia”:

No fue el primero, porque anteriormente ya se habían producido varios movimientos revolucionarios independentistas, el primero de ellos en 1806, cuando Francisco de Miranda, al mando de un ejército que él mismo había conformado, desembarcó en Coro (hoy Venezuela) para iniciar las luchas por la independencia de la América Española. El trajo la bandera con los colores amarillo azul y rojo (aunque en diferente orden, tal lo demuestra el historiador e investigador guayaquileño Sr. Eduardo Estrada Guzmán), y fue el quien impuso el nombre de Colombia, que quería dárselo a todo el continente sudamericano, como un homenaje a Colón.

Posteriormente, el 25 de mayo y el 16 de Julio de 1809, en Chuquisaca y en La Paz -respectivamente-, estallaron también los movimientos revolucionarios con los que se inició la emancipación política de lo que hoy es la República de Bolivia. Todo esto, antes del 10 de agosto de 1809.

No fue grito porque a penas se escuchó en los alrededores de Quito; y no fue de independencia, porque jamás hablo de ella y, por el contrario, sus protagonistas siempre juraron lealtad al Rey de España.

La revuelta quiteña iniciada el 10 de agosto de 1809 llegaría a su fin al concluir la guerra entre sanchistas y montufaristas, cuando a partir de 4 de diciembre de 1811 se instalara el “Soberano Congreso de Quito” que, integrado por 18 representantes que en teoría constituían las 8 provincias de la Presidencia de Quito. Estas solo eran Quito, Guayaquil, Cuenca, Pasto, Quijos, Canelos, Jaén y Mainas; pero en la práctica, los 18 representantes, que solo personificaban a los pueblos de Quito y algunas ciudades bajo su jurisdicción y control, pretendieron declarar -el 11 de diciembre- la Independencia de España.

¿Cómo podía pretender los 18 representantes del “Congreso Soberano de Quito” proclamar la independencia de España cuando la Audiencia aún estaba absolutamente bajo jurisdicción ibérica, gobernada por autoridades españolas y sin contar con el respaldo de las otras ciudades importantes que la conformaban?

Este congreso, al igual que había sucedido con las proclamaciones del 10 de agosto de 1809, reconocía como soberano al siempre tan amado Fernando VII.

Entonces, ¿a que Independencia, Constitución y Estado nos estamos refiriendo?

(1) Esta obra fue publicada en Londres en 1825, y en ella narra lo acontecimientos sucedidos en Quito entre 1809 y 1810.

(2) Desde hace algunos años, a algún historiador aficionado, o a algún funcionario o burócrata de tercera clase -aburrido por no tener nada que hacer hasta que llegue la quincena- se le ocurrió la peregrina idea cambiar el nombre que desde su instauración había mantenido el histórico cuartel, y ponerle un rótulo que lo sustituye por el de Cuartel de la Real Audiencia de Quito; así se leía la última vez que lo visité, en julio de 2009.

(3) La instalación de esta segunda Junta Suprema, que a pesar de la matanza del 2 de agosto repite su juramento de lealtad a Fernando VII, no hace otra cosa que confirmar que la revuelta del 10 de agosto de 1809 fue un simple golpe de Estado que en ningún momento tuvo intenciones independentistas.

Documentos para la Historia de la Vida Pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, publicados por disposición del general Guzmán Blanco, ilustre americano, regenerador y presidente de los Estados Unidos de Venezuela, en 1875; puestos por orden cronológico y con adiciones y notas que la ilustran, por el general José Félix Blanco – Tomo II, págs. 644 a 646.- Imprenta de “La Opinión Nacional”, Caracas 1875

Compartir

También puedes revisar