Diego Noboa

Diego-Noboa

Patriota y prócer de la independencia nacido en Guayaquil el 15 de abril de 1789, hijo del Sr. Ramón Ignacio de Noboa y Unzueta y de doña Ana de Arteta y Larrabeytia.

Realizó todos sus estudios en la ciudad de Quito y los culminó en el Colegio de San Luis donde obtuvo el título de Bachiller. Le tocó entonces vivir dos momentos determinantes de la historia de nuestra patria: El movimiento insurgente de Quito que llevó a feliz término la Revolución del 10 de Agosto de 1809; y al año siguiente, el 2 de agosto, el sangriento Asesinato de los Patriotas Quiteños.

Imbuido de ideas revolucionarias e independentistas, regresó a Guayaquil a finales de 1813 y al poco tiempo fue nombrado Regidor del Cabildo de la ciudad. Por esa época ya se escuchaba el eco de las primeras luchas por la libertad de los pueblos de América, con las que se identificó desde el primer momento.

«Trabajó con entusiasmo en favor de la Revolución del 9 de octubre de 1820, que proclamó la independencia de esta provincia. La Junta de Gobierno que se organizó entonces, compuesta de los señores Olmedo, Jimena y Roca, conociendo la actividad y patriotismo del señor Noboa, le dio la importante misión de ir a Manabí a organizar el régimen constitucional establecido en Guayaquil. Aceptó con placer tan honroso encargo, que le proporcionaba la ocasión de servir de una manera más eficaz a la Causa de la Independencia de su Patria; y supo corresponder satisfactoriamente, a la confianza que en él depositó el primer Gobierno Nacional del Ecuador» (Camilo Destruge.- Album Biográfico Ecuatoriano, tomo I, p. 433).

Dos años después de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, cuando Bolívar ordenó la Anexión de Guayaquil a Colombia fue llamado para desempeñar el cargo de Tesorero Departamental; en 1823 fue Administrador de Alcabalas, Contador Mayor en 1824 y Comisario de Guerra y Marina en 1825.

Instaurada la República del Ecuador en el año 1830, el gobierno del Gral. Juan José Flores, ante la necesidad de que la soberanía del nuevo Estado sea reconocida por los países vecinos, en 1831 lo nombró Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante el gobierno del Perú, misión que desempeñó con inteligencia y elevadas miras, gracias a lo cual pudo conseguir que el Congreso de dicho país reconozca al Estado ecuatoriano y firme un Tratado de Paz, Amistad y Comercio, basado en la conveniencia de ambos países.

Posteriormente, por razones de diferencias políticas se alejó del Gral. Flores, y más tarde fue uno de los pilares ideológicos que llevaron a feliz término la Revolución Marcista que en 1845 puso fin a quince años de dominación floreana, integrando entonces, junto a José Joaquín Olmedo y Vicente Ramón Roca, el gobierno provisional que gobernó desde el 6 de marzo hasta el 8 de diciembre de 1845. Ese mismo año la Convención Nacional reunida en Cuenca eligió al Sr. Roca como Presidente Constitucional de la República, quien de acuerdo con la Constitución gobernó hasta el 15 de octubre de 1849.

 

Finalizado el gobierno del Sr. Roca, el Congreso de la República se reunió con el propósito de elegir al nuevo Presidente, y para el caso aparecieron dos corrientes políticas claramente definidas: La una en su favor y la otra en apoyo al Gral. Antonio Elizalde. Fue tan pareja la votación que lograron los candidatos, que ninguno pudo alcanzar la mayoría que la Constitución exigía, por lo que el Congreso se disolvió luego de entregar el poder al Vicepresidente de la República, Crnel. Manuel Ascázubi.

Volvió entonces a Guayaquil para dedicarse a sus actividades particulares, pero el 2 de marzo de 1850, un pronunciamiento militar encabezado por el Gral. José María Urbina -respaldado por la ciudadanía- proclamó su Jefatura Suprema que fue reconocida en Quito el 10 de junio de ese mismo año.

Su Jefatura Suprema no fue aceptada en Cuenca y Manabí donde fue proclamada y respaldada la candidatura del Gral. Elizalde, pero éste, en un gesto de verdadero patriotismo y tratando de evitar confrontaciones internas que podrían poner en peligro la estabilidad del país, declinó su proclamación y le ofreció su incondicional apoyo.

Ya como Jefe Supremo reconocido en todo el país, convocó a una Asamblea Constituyente que se reunió en Quito a partir del 8 de diciembre de 1850, y cuyo primer acto fue nombrarlo Presidente Interino de la República. El 25 de febrero de 1851 y luego de sancionar la nueva Carta Fundamental del Estado, dicha Convención lo eligió Presidente Constitucional de la República.

«Comenzó su gobierno desterrando a muchos roquistas, por temor a una revolución. Suprimió del escalafón a 163 militares, entre ellos los generales Antonio Elizalde y Fernando Ayarza. Expulsó del ejército a los militares elizaldistas, y restituyó a los que habían caído con Flores; desterró al presidente Roca y al mismo Elizalde y numerosos de sus partidarios… Noboa hizo cuanto le dictaba Urbina, quien astutamente se había negado a participar directamente en todos los asuntos administrativos de Noboa…» (A. Pareja Diazcanseco.- Ecuador: Historia de la República, tomo 4, p. 15)

Su corto mandato -que apenas duró cuatro meses- se distinguió por la pureza en el manejo de las rentas públicas y por la acertada elección de los empleados. Durante su gobierno se dictó la VI Carta Fundamental del Estado, se dio asilo a los jesuitas que habían sido expulsados de Nueva Granada (Colombia), se creó la provincia de Cotopaxi y se decretó la cantonización de Tulcán.

Posiblemente hubiera podido llegar a demostrar sus iniciativas de buen gobernante, pero el Gral. Urbina no le dio tiempo. En efecto, el 17 de julio de 1851, engañado por el astuto militar quien lo llamó con el pretexto de prevenirlo sobre posibles brotes revolucionarios, llegó a Guayaquil donde fue tomado prisionero por el Gral. Francisco de Robles, quien obedecía órdenes de Urbina que se había proclamado Jefe Supremo de la República. Inmediatamente fue embarcado en una nave que se encontraba anclada en el río Guayas y enviado fuera del país.

Luego de permanecer en El Callao, Perú, durante los primeros años del gobierno urbinista, en 1855 volvió a Guayaquil para dedicarse exclusivamente a sus actividades particulares.

Varios años vivió en Guayaquil dedicado a su trabajo honesto hasta que, presintiendo su cercano fin, dictó su testamento y en él dispuso que la cuarta parte de lo que le adeudaba del tesoro nacional por concepto del arrendamiento de sus minas de sal, sea invertida en la construcción de la carretera nacional de Quito y en alguna obra de beneficencia para Guayaquil.

Finalmente, rodeado del respeto y la admiración ciudadana, murió en su ciudad natal el 3 de noviembre de 1870.

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