Alarcón Dr. Fabián

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Abogado y político quiteño nacido el 14 de abril de 1947, hijo del acreditado político y diplomático Dr. Ruperto Alarcón Falconí y de la Sra. María Antonieta Rivera Larrea.

Debido a la actividad diplomática de su padre debió realizar sus estudios en diferentes lugares, fue así que la primaria la siguió en el Instituto de Nuestra Señora del Pilar, en Madrid, España; y la secundaria en el Instituto Patria, de México; en el Liceo de Cervantes, en Bogotá; y en el Colegio San Gabriel, de Quito, donde se graduó de Bachiller.

Inició entonces sus estudios universitarios y a los 21 años de edad se bautizó en las luchas políticas cuando fue electo Presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Quito, donde obtuvo los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas, Abogado de la República y Doctor en Jurisprudencia.

Un año después -en 1969- contando con el respaldo de las barriadas populares del sur de Quito fue elegido Concejal Municipal, y gracias a la labor desplegada en beneficio de las clases marginadas de ese sector de la capital aún se lo conoce como «El Alcalde del Sur».

Vivió así el quinto gobierno y la última dictadura del Dr. Velasco Ibarra, y el «Carnavalazo» que en 1972 llevó al poder al Gral. Guillermo Rodríguez Lara.

«En el período de transición democrática que vivió la República tras una década de gobiernos militares, Alarcón formó parte de las llamadas Comisiones de Reestructuración Jurídica que dieron paso al referéndum que aprobó la actual Constitución Política y a las elecciones generales en las que ganó el abogado Jaime Roldós Aguilera» (El Universo, Feb. 12/97).

Posteriormente y tras un corto paso por el Partido Demócrata, pasó a militar en el Frente Radical Alfarista (FRA), y poco a poco su figura política fue adquiriendo notoriedad y solvencia política, gracias a lo cual en 1984 fue elegido Prefecto Provincial de Pichincha, funciones desde las cuales realizó una obra que fue satisfactoriamente evaluada.

Cuatro años más tarde intentó ser alcalde de la ciudad de Quito pero fue derrotado por Rodrigo Paz, y en 1990 fue elegido Diputado Provincial. En esa oportunidad fue elegido, por primera vez, Presidente del Congreso Nacional.

Su afán por servir a Quito le llevó nuevamente, en 1992, a intentar llegar a la alcaldía de Quito; pero una vez más fue vencido, esta vez por el Dr. Jamil Mahuad. Esta nueva derrota no minó su espíritu de lucha política y en 1994 fue elegido nuevamente Diputado por Pichincha y nombrado, por segunda vez, Presidente del Congreso Nacional, dignidades a las que fue reelegido una vez más en 1996.

En este lamentable período, “Dirigentes de partidos políticos, cantantes futbolistas, albañiles, jornaleros, comerciantes, entre los que se incluían personas analfabetas o con instrucción primaria, formaron parte del personal contratado ocasionalmente para funciones de asesores y asistentes por el Congreso Nacional…..” (El Universo, abril 12/98).

En los primeros días de febrero de 1997, cuando en todo el territorio nacional el pueblo y las fuerzas políticas, laborales y de la producción se habían levantado en contra del gobierno del Ab. Abdala Bucaram, acusándolo de corrupto, prepotente, abusivo y despótico; a pesar de haber colaborado y pactado más de una vez con el gobernante convocó a un Congreso extraordinario que se reunió para estudiar y analizar la grave crisis social, económica y política que atravesaba el país.

Dicho Congreso -que se instaló el 6 de febrero- destituyó al mandatario ecuatoriano acusándolo de estar «mentalmente incapacitado para gobernar», y de inmediato procedió a designarlo Presidente Constitucional Interino de la República, cargo que le fue ratificado en sesión extraordinaria del 11 de febrero, día en que asumió el poder «constitucionalmente» para gobernar hasta el 10 de agosto de 1998.

Inició de inmediato un gobierno basado en el pacto acordado con quienes lo llevaron a la primera magistratura, por lo que realmente se encontraba atado de manos; por otro lado, juristas de todo el país argumentaban constantemente en contra de la legitimidad de su designación.

Ante esta situación -buscando librarse de los pactos y dar legitimidad a su cargo- convocó a una consulta popular cuyas principales preguntas tenían como propósito reafirmar la voluntad del pueblo en el sentido de que el presidente Bucaram sea cesado de su cargo, y lograr el respaldo a su designación como Presidente de la República.

La consulta se realizó el 25 de mayo, y en ella -gracias a la votación de un pueblo esperanzado en vivir mejores días- logró el respaldo necesario para poder afianzarse en el poder.

Parecía que todo estaba listo para hacer un buen gobierno y, a pesar de las voces de sus opositores, el país empezó a tener algunas esperanzas. Lamentablemente muy pronto vino la desilusión, cuando a los pocos meses de gobierno se iniciaron una serie de paros y huelgas que paralizaron la economía y el desarrollo del país.

La debilidad y la falta de decisión gubernamental hicieron que el Estado navegara en aguas tumultuosas y sin ningún norte determinado, y para octubre de 1997 la crisis social había alcanzado su máxima cima, y el país vivía un estado de caos, desorden y anarquía, que se agravó debido a la inseguridad jurídica que hizo que la inversión extranjera bajara a índices mínimos.

«Alarcón es un hombre del Congreso Nacional, allí ha vivido, allí ha crecido y allí ha tenido éxito. En el Congreso lo normal es la diaria negociación y la componenda del toma y saca. Nada es gratis, todo se cobra; se cobra en el sentido de que yo te hago un favor y tu me haces otro favor. No estoy diciendo que se cobra dinero. Pero sin duda este es el estilo del doctor Alarcón» (Dr. Osvaldo Hurtado Larrea.- El Universo, Oct. 17/97).

A finales de noviembre de ese mismo año convocó a una Asamblea Constituyente que debía reformar la Carta Fundamental de la República; dicha Asamblea será recordada en la historia por la paupérrima calidad de sus asambleístas, pues con honrosas y muy pocas excepciones, la mayoría de ellos no estaba preparada ni capacitada para cumplir con tan delicado y trascendental encargo, tal como quedó demostrado.

Ante la gravedad que vivía el país, la Sra. Joyce de Ginatta, Presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria, sostuvo que la presencia del mandatario no era necesaria «pues da lo mismo que esté aquí o que esté fuera, ya que con él aquí no pasa nada….. El retroceso es de tal categoría que por primera vez en 17 años he visto grandes ejecutivos, profesionales de primera, desempleados, no tienen donde ubicarse, las empresas han desaparecido, otras se han achicado y esto es una tragedia para el país (El Universo, Oct. 17/97).

En los primeros meses de 1998, víspera de conmemorarse un año desde que el presidente Bucaram debió abandonar el cargo, el ex-Presidente Dr. Carlos Julio Arosemena había declarado: «Vivimos en un gobierno de facto, donde no hay la hombría de decir «Soy Jefe de Facto» y se acude a la muletilla de decir «Soy Presidente Interino Constitucional», cargo que no existe ni en el manicomioLorenzo Ponce de esta ciudad» (El Universo, Feb. 4/98).

Por esa época, la prensa de todo el país hacía eco de los reclamos populares y las acusaciones de corrupción alcanzaban las más altas cimas del poder. Se hablaba de negociados y, lo que era peor, se descubrió que el gobierno había utilizado -en menos de 10 meses- más de 25 mil millones de sucres de gastos reservados (más de US/ 5’000.000.oo), cifra que superaba ampliamente a los 19 mil millones que elvice-Presidente Alberto Dahik había utilizado en más de tres años, desde agosto de 1992 hasta 1995 en que debió renunciar al cargo.

A pesar de las inculpaciones en su contra, el Congreso expidió una resolución exonerándolo de toda culpa relacionada con dicho delito, la misma que causó una gran controversia en la opinión pública y en la ciudadanía. Para entonces, el principal involucrado, su ex-Ministro de Gobierno, Ec. César Verduga, había abandonado el país sin poder justificar adecuadamente la “desaparición de esos fondos públicos”.

Afortunadamente para el mandatario ecuatoriano, las conversaciones que la diplomacia de nuestro país mantenía con el gobierno peruano para lograr la paz definitiva entre los dos países y un acuerdo que ponga fin a más de cien años de beligerancia, avanzaban con paso seguro y abrían caminos de esperanza para las buenas relaciones entre los dos pueblos.

A mediados de abril asistió a la “II Cumbre de las Américas”, que reunió en Santiago de Chile a los mandatarios de 34 países con el propósito de tratar importantes puntos relacionados con la integración económica americana a través de expandir los mercados en base a la inversión privada, profundizar las reformas democráticas y asegurar los cambios destinados a mejorar la calidad de vida en los sectores marginados.

Esta oportunidad fue aprovechada por el Presidente ecuatoriano para conversar con su homólogo peruano -Ing. Alberto Fujimori- y tratar asuntos relacionados con el proceso de paz en el que estaban empeñadas las dos naciones y lograr que este culmine antes del 10 de agosto de ese mismo año.

A principios de mayo, la inoperancia, la falta de decisiones, la poca personalidad del mandatario y la incapacidad administrativa se reflejaban en todas las actuaciones del gobierno, tal como se demostró ante la gravísima situación que sufrían los sectores marginados -sobre todo de la provincia de Manabí- que a consecuencia del destructivo fenómeno de “El Niño” vivían situaciones de hambre y desesperanza.

A pesar de ello, gran cantidad de contenedores llenos de alimentos, medicinas y vituallas, que en algo podrían haber ayudado a ese sector de nuestro país, debido al centralismo administrativo permanecieron durante más de tres meses en las aduanas sin que se agilitaran de ninguna manera los trámites para poder llegar a sus destinatarios finales. Para entonces, en todos los sectores se escuchaba el deseo de que este gobierno, calificado por muchos como “Peor que el deBucaram”, terminara lo más pronto posible.

Y es que la situación económica del país era verdaderamente desastrosa: Según CEDATOS, el desempleo había aumentado a un 14% entre la población económicamente activa, mientras la pobreza se mantenía en un 60%, con un 20% de indigencia.

En ese ambiente de angustia social y política, el 31 de mayo y el 12 de julio se realizaron las dos vueltas electorales que llevaron a la Presidencia de la República al binomio formado por el Dr. Jamil Mahuad Witt y el Dr. Gustavo Noboa Bejarano.

Antes de terminar su mandato, el 5 de agosto se apresuró ha disponer que su retrato -a pesar de no haber sido Presidente Constitucional- sea colocado en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, en el cual faltan muchos que si fueron constitucionales, y otros que con sobrados méritos merecen ser reconocidos.

Finalmente, el 10 de agosto de 1998 culminó su triste administración, que se caracterizó por la improvisación, la incapacidad, la corrupción y la ninguna capacidad de liderazgo.

A partir de esa fecha su figura casi desapareció del ambiente político, hasta que el 17 de marzo de 1999 fue detenido y encarcelado por orden de la justicia, para que responda a varios delitos de los que era inculpado. Meses más tarde, tal cual sucede siempre, luego de los trámites de rigor fue sobreseído y recuperó su libertad, y el 30 de septiembre del 2003, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo expidió una sentencia por medio de la cual lo eximió -junto a quien fuera su Ministro de Economía, Marcos Flores- “de devolver al Estado parte de los 23’400,000 dólares que, según la Contraloría, se pagó en forma indebida a la constructora Andrade Gutiérrez, por obras de fiscalización en la construcción de la carretera Méndez-Morona” (El Universo, Oct. 6/2003).

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