Urbina Gral. José María

Gral-Jose-Maria-Urbina

Militar y político nacido en Quito el 19 de marzo de 1808, hijo de don Gabriel Fernández de Urbina, ciudadano español, último Contador Real de la Colonia y de doña Rosa Viteri, ambateña.

Durante su infancia permaneció varios años con unos parientes maternos radicados en la ciudad de Ambato, quienes a más de cuidarlo le dieron sus primeras enseñanzas. Por ese tiempo le tocó vivir importantes episodios de las luchas por la independencia, y el fragor de esas luchas despertó su espíritu militar que lo llevaría a ocupar los más altos sitiales.

En 1823 se trasladó a la ciudad de Guayaquil y se presentó ante don Juan Illingworth para solicitar su ingreso a la Escuela Náutica, donde sobresalió por sus virtudes, talento y acentuada predisposición militar.

Al iniciarse las hostilidades peruanas en contra de Colombia, en 1828 fue asignado a la goleta «La Guayaquileña», en la que junto a Francisco Robles y bajo las órdenes de Tomás Carlos Wright, participó con heroísmo y valor en el Combate Naval de Malpelo, enfrentando a la flota peruana que intentaba bloquear el golfo de Guayaquil.

Instaurada la República, al estallar en 1834 la guerra civil promovida por el Gral. Juan José Flores para imponer al Dr. Vicente Rocafuerte en la Presidencia de la República, tomó partido por los revolucionarios y al año siguiente intervino de manera destacada en la sangrienta Batalla de Miñarica.

Posteriormente continuó ganando ascensos y un gran prestigio como militar y político, sobre todo durante el tiempo en que -ya con el grado de Coronel- desempeñó el cargo de Gobernador de la provincia de Manabí.

Fue justamente en Manabí donde respaldó a la Revolución Marcista que en 1845 puso fin a la dominación floreana. Al año siguiente fue Secretario General de la Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de entonces -luciendo ya el grado de General-, ocupó importantes cargos dentro de la política nacional.

Fue Diputado y Presidente de Diputados, Senador, Jefe de Estado Mayor y Jefe Superior, Civil y Militar de Guayaquil, y en calidad de tal, el 2 de marzo de 1850 propició el Golpe de Estado que desconoció al gobierno que presidía el Crnel. Manuel Ascázubi y llevó al Poder a don Vicente Ramón Roca, de quien fue también Secretario General.

Sentía gran amor por la patria y era valiente hasta la temeridad; y gracias a estas virtudes y a su poderío e influencia militar, el 17 de julio de 1851 fue proclamado Jefe Supremo de Guayaquil, en desconocimiento al gobierno constitucional de don Diego Noboa.

Ocho días después de el golpe de estado que lo llevó a la Jefatura Suprema, el 25 de julio de 1851, en la Casa de Gobierno de Guayaquil, Urbina expidió uno de los decretos de mayor contenido humano y proyección social dentro de la evolución jurídica ecuatoriana: La abolición de la esclavitud.

“…El Ecuador adquirió así el procerato de la defensa de los derechos humanos en América. La figura de Urbina por esta sola causa, que no fue la única, merece especial mención entre los estadistas que reaccionaron contra las fuerzas endémicas que ataban al país a un pasado ominoso, impulsando la conquista de nuevas fases más aptas para la convivencia social” (Carlos de la Torre Reyes.- Piedrahita: Un Emigrado de su Tiempo, p. 115).

Pero Urbina no se limitó a dictar el correspondiente decreto; fue más allá y, comprendiendo que la esclavitud había sido una institución “legal” dentro de la estructura social del Ecuador, para no perjudicar a los poseedores de esclavos expidió un nuevo decreto por medio del cual creó un impuesto a la pólvora, para, con el producto de ese impuesto, comprar la libertad del esclavo.

De inmediato se preparó para consolidar su revolución, que no había sido aceptada por los pueblos de la sierra, y al mando de sus tropas marchó hacia el interior para apaciguar los ánimos en todo el país. Dos meses más tarde la calma empezó a restablecerse, y el 27 de septiembre, cuando entró en Quito, su Jefatura Suprema fue reconocida en toda la República.

Urbina estaba convencido de que su poder e influencia militar sólo podía descansar sobre la base de leyes que asegurasen los derechos civiles y la igualdad de todos los ecuatorianos, y para sentar esta base y afianzarla bien no había, según él, más que un solo camino: conceder al pueblo una mayor participación en el disfrute de la tierra y los beneficios de la ley, y hacia esas metas encaminó los pasos de su gobierno. Por otro lado y con el propósito de mantener una buena relación con la Iglesia, nombró -como Miembro del Consejo de Gobierno- al Ilmo. Dr. Francisco Javier de Garaycoa.

En febrero de 1852, desde el Perú, el Gral. Flores partió al mando de una expedición armada -integrada chilenos, peruanos, franceses y alemanes- con el propósito de iniciar una invasión y apoderarse del Ecuador; pero Urbina, que a más de buen militar, era un político muy sagaz, ofreció dinero a los mercenarios para que abandonen a Flores y trasladó su gobierno a Guayaquil para preparar su defensa.

A pesar de que fueron muchos los desertores, en la noche del 7 de julio Flores remontó la corriente del río Guayas, irrumpió frente a la ciudad al mando de sus naves y empezó a cañonearla. Guayaquil, preparada para la defensa y bajo la acertada dirección del propio Urbina, y de los generales José de Villamil y Juan Illingworth, enfrentó con decisión y coraje a la escuadrilla invasora, que fue rechazada y obligada a retirarse con sus buques maltrechos.

Esta peligrosa incursión no impidió que Urbina, luego de mantenerse durante un año en calidad de Jefe Supremo y deseando que el país vuelva al régimen de derecho, convocara a una Asamblea Nacional que, presidida por el ilustre Dr. Pedro Moncayo, se reunió en Guayaquil desde el 17 de julio hasta el 2 de octubre de 1852.

Esta Asamblea, a la que asistieron hombres de la talla de Ramón Benítez, Francisco Javier Aguirre Abad, Pedro Fermín Cevallos y otros notables ciudadanos de la época, respaldó y aprobó todas las actuaciones que había tenido en calidad de Jefe Supremo, expidió el 6 de septiembre la sexta Constitución Política del Estado Ecuatoriano y ese mismo día lo eligió Presidente Constitucional de la República, exigiéndole entonces la inmediata expulsión de los jesuitas, que un año antes habían sido admitidos por Noboa.

En dicha Asamblea, fiel a sus ideales liberales, que tenían como postulado el principio de la igualdad de todos los hombres, Urbina señaló que: “La insti­tución bárbara de la esclavitud del hombre, incompatible con el sentimiento humano del siglo y con los principios liberales pro­clamados por la revolución de 1845, se ha conservado en nuestro país como uno de los legados vergonzosos del sistema colonial. El Gobierno de Julio, consecuente con esos principios y sensible a la suerte desgraciada de un considerable número de ecuatorianos que gimen aún en la esclavitud, quiso dar una prueba de sus miras filantrópicas adjudicando nuevos fondos a los de manumisión” (1).

Don Pedro Moncayo, como Presidente y a nombre de la Asamblea, le respondió diciendo: “Habéis honrado a vuestra Patria…”, y decretando más tarde la asignación de mayores fondos para cumplir con tan noble propósito.

Posesionado de la más alta dignidad del Estado, Urbina procedió a expedir una serie de leyes y decretos de auténtico beneficio social, como la liberación económica del indio, que desde la llegada de los españoles había sido explotado y obligado a pagar exagerados impuestos y obligaciones por el simple “delito” de ser indios. Fue por eso que, indignado con esta oprobioso gravamen, en el Congreso de 1854 exigió su eliminación, exigiendo además “Igualdad, pues, en derechos, a los indios con los demás ecuatorianos”.

Urbina introdujo en el Ecuador el sufragio libre, creó escuelas en todas las parroquias de la República y destinó fondos propios para poder financiar la enseñanza gratuita; declaró la libre navegación por el río Amazonas y organizó la hacienda pública aumentando las rentas fiscales, que se manejaron con estricta pulcritud y honestidad.

Pero no todo fue fácil, pues como sucede siempre y especialmente en estos casos, surgieron muchos detractores y descontentos que empezaron a hostilizar al gobierno. Para combatirlos, Urbina utilizó una serie de recursos del más variado índole: unas veces fue el destierro, otras la confiscación de bienes, y otras la maniobra astuta y sutil para desarmar y desprestigiar a sus enemigos. Contaba además con el respaldo y afecto incondicional de sus soldados, entre los que se destacaba un batallón de negros y mulatos oriundos de los campos de Taura, en la provincia del Guayas, a quienes con predilección los llamaba “Mis Canónigos… Los Tauras”.

El mantenimiento de esta fuerza lo había justificado Urbina en su mensaje al Congreso Nacional de 1853, cuando públicamente declaró que: “la fuerza armada es la base del poder público, y mucho más en los pueblos incipientes, donde no hay aún hábitos arraigados de obediencia a la ley, donde faltan costumbres republicanas, y donde la democracia necesita hacer todavía conquistas…”.

A pesar de contar con el irrestricto respaldo del ejército, Urbina logró mantener el orden público sin derramar una sola gota de sangre. “…no fue cruel, no fue sanguinario; y, como liberal convencido, no quiso gobernar por el terror; no quiso imponer otra cosa que el convencimiento de las ventajas de un sistema esencialmente democrático” (Camilo Destruge.- “Urbina: El Presidente”, p. 193).

El 2 de enero de 1854 cumplió con un anhelo largamente acariciado por los guayaquileños: el reestablecimiento de la Escuela Náutica.

Ese mismo año pretendió cancelar la inmensa deuda de la independencia que -heredada de Colombia- el Ecuador mantenía con el gobierno inglés (a pesar de que las luchas por la independencia fueron pagadas casi en su totalidad por Guayaquil), para lo cual acordó con el Sr. Elías Mocatta -representante de los acreedores ingleses- que el Ecuador pagaría dicha deuda entregando para su explotación y colonización -no en propiedad- grandes extensiones de tierras en la margen derecha del Marañón y en las regiones madereras de Esmeraldas.

Lamentablemente este ventajoso convenio no se pudo concluir a causa de las reclamaciones que hizo el Perú, aduciendo que los territorios del Marañón eran territorios en disputa, y que primeramente debía solucionarse la cuestión de límites entre los dos países.

Antes del 15 de octubre de 1856, fecha en que culminaría su gobierno, respaldó al Gral. Francisco Robles -su gran amigo desde la adolescencia- para que sea elegido Presidente Constitucional de la República.

En 1859, cuando el Dr. García Moreno derrocó al Gral. Robles y se tomó el Poder de la República, se declaró en franca oposición y combatió duramente la jefatura suprema del nuevo régimen. Posteriormente conspiró contra el gobierno constitucional de García Moreno y el 31 de mayo de 1865 comandó junto a Robles un levantamiento armado, pero fue derrotado por el propio Presidente en aguas del golfo de Guayaquil y tuvo que huir al Perú.

Posteriormente y durante algunos años permaneció retirado de la actividad política y militar, pero en 1876 apoyó al Gral. Ignacio de Veintemilla en su lucha para derrocar al gobierno del Dr. Antonio Borrero: Su intervención y pericia militar determinaron la derrota definitiva del ejército regular en los combates de Galte y Los Molinos.

Dos años más tarde asistió como Diputado a la Asamblea Constituyente que se reunió en la ciudad de Ambato, y fue elegido Presidente de la misma.

A pesar de haberlo respaldado en todos sus actos y haberle guardado incondicional lealtad, cuando en 1882 el Gral. Veintemilla se proclamó Jefe Supremo, desaprobó dicho paso por considerarlo antipolítico y atentatorio a los intereses de la República y se separó de él para dedicarse a la vida privada.

Retirado a la tranquilidad de su hogar y rodeado del cariño, el respeto y la consideración de todos, el Gral. José María Urbina murió en la ciudad de Guayaquil el 4 de septiembre de 1891.

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