Dr. Jamil Mahuad

Abogado y político lojano nacido el 29 de julio de 1949, hijo del Sr. Jorge Mahuad y de la Sra. Rosa Witt.

Desde muy temprana edad se radicó en Guayaquil donde realizó casi todo sus estudios, y al cumplir los diecisiete años de edad se trasladó a la ciudad de Quito para ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde alcanzó los títulos de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, en 1973; y Doctor en Jurisprudencia, en 1979.

En 1981 inició su vida pública desempeñando el cargo de Director de la Empresa Nacional de Productos Vitales (Enprovit), durante el gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado Larrea; fue también parte del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y desde 1983, hasta el final de dicho gobierno, Ministro de Trabajo.

Con esas primeras participaciones al servicio del país, su figura fue reconocida y aceptada por el pueblo ecuatoriano y quiteño, especialmente, y en 1986 fue elegido Diputado por la provincia del Pichincha, funciones que desempeñó hasta 1988 en que fue nominado por su partido, la Democracia Popular, como candidato a la Presidencia de la República. En dichas elecciones resultó triunfador el Dr. Rodrigo Borja Cevallos.

Entonces, y buscando acrecentar sus conocimientos y su preparación, viajó a los EE.UU. para ingresar a la Harvard University donde en 1989 obtuvo el título de Master en Administración Pública.

Lenín Moreno Garcés

A su regreso, en 1990 nuevamente fue elegido Diputado, y dos años más tarde triunfó en las elecciones seccionales y fue elegido Alcalde de la Ciudad de Quito, funciones desde las cuales su figura se proyectó positivamente hacia todo el país y alcanzó su mayor popularidad y aceptación; pues su labor serena, responsable, organizada, planificada y honorable, fue reconocida por la ciudadanía, que en 1996 lo reeligió para una nueva administración municipal.

Un año después, durante una visita a España sufrió un gravísimo derrame cerebral del cual se afortunadamente se recuperó; ya para entonces era su nombre sonaba como candidato a la Presidencia de la República, y aunque muchos aseguraban que había quedado mermado en su capacidad, aceptó la postulación y el 10 de agosto de 1998, luego de triunfar en las dos vueltas electorales realizadas el 31 de mayo y el 12 de julio, acompañado por su binomio -el Dr. Gustavo Noboa Bejarano- ascendió a la Presidencia de la República.

Su gobierno se inició con el esperanzado respaldo de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, y su respuesta no se hizo esperar.

Dispuesto a resolver el problema territorial que desde la firma del Protocolo de Río de Janeiro nuestro país mantenía con el Perú, desde el primer día de su gobierno inició conversaciones directas para tratar ese delicado asunto con el presidente peruano Ing. Alberto Fujimori, y con los gobernantes de los países garantes de dicho documento, Carlos Menen, de Argentina; Fernando Enrique Cardoso, de Brasil; Eduardo Frei, de Chile; y Bill Clinton, de los Estados Unidos de América.

Sus esfuerzos y buena voluntad culminaron el 26 de octubre de ese mismo año cuando, imponiéndose la misión histórica de concluir el diferendo limítrofe de nuestro país, firmó el Acta de Brasilia por medio de la cual el Ecuador aceptó la decisión de los países garantes que ratificaron en todas sus partes la validez del Protocolo de Río de Janeiro.

Con elecciones, hace 40 años se abrió la ruta a la democracia en Ecuador

Se cerró entonces de manera definitiva ese pequeñísimo tramo de frontera no delimitada, que durante más de cincuenta años había desangrado física, geográfica, económica, moral y humanamente a nuestro país.

La firma del Acta de Brasilia fue criticada por sus opositores políticos, por quienes buscaban figuración y por uno cuantos “poco entendidos” que no comprendía su importancia y los beneficios que esta traería; pero el pueblo ecuatoriano -en general- le brindó su total respaldo, considerando que con la firma de este documento había demostrado seriedad y responsabilidad histórica.

De inmediato -aunque con poco éxito- apuntó sus esfuerzos a buscar un plan lo suficientemente apropiado para superar la crisis económica nacional, y a obtener internacionalmente los fondos necesarios para la reconstrucción de la costa, arrasada por el Fenómeno del Niño, y de Bahía de Caráquez, destruida por el terremoto del 4 de agosto de 1998.

Por último, se empeñó en reorganizar las finanzas del Estado y en salvar a la banca privada que durante años había manejado y usufructuado a su libre voluntad los capitales a ellas confiadas.

En diciembre, por presiones de los grandes deudores de la banca privada y de algunos banqueros inescrupulosos, Mahuad envió al Congreso la ley que creaba la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que luego de ser “discutida” fue rápidamente aprobada. El Estado asumió entonces la administración de varios bancos que tenían problemas económicos y debían entrar en proceso de liquidación, y asumió la deuda privada haciéndose responsable de su pago y liquidación.

Alarcón Dr. Fabián

Previendo que se venía una debacle económica de características desastrosas, los ciudadanos de todo el país empezaron a retirar su dinero del sistema bancario, precipitando una situación que alcanzó su clímax en marzo de 1999, cuando en un desesperado intento por resolver la crisis derivada de su desacertada política económica, el gobierno dispuso que se “congelaran por un año” los sucres y dólares de todos los depósitos y cuentas corrientes y de ahorros existentes en todos los bancos del país.

Esta medida -que constituía, indudablemente, un atraco al patrimonio individual- significó un durísimo golpe a la economía de todos los ecuatorianos, especialmente a los pertenecientes a las clases más necesitadas; pero a decir de los “entendidos”, era también el único camino que le quedaba al mandatario para poder evitar la total quiebra del sistema económico nacional, pues ni el Banco Central ni los bancos privados tenían el suficiente dinero para cubrir los retiros del público.

Así, aunque la medida fue necesaria, de un solo plumazo los ecuatorianos quedaron sumidos en la más absoluta miseria; es más, el precio de la gasolina fue elevado en casi un 150%, y el I.V.A se lo aumentó al 12%. Pero no se redujo ni el tamaño del estado ni la burocracia dorada.

Se desató entonces una serie de manifestaciones y huelgas que paralizaron todo el país.

Los indígenas “se tomaron Quito”, los transportistas bloquearon las carreteras, los trabajadores hospitalarios y los profesores -impagos desde varios meses atrás- cerraron escuelas y hospitales, las cámaras de la producción reclamaron airadamente, y en Guayaquil, presidida por el alcalde León Febres-Cordero, una multitudinaria manifestación popular se concentró para exigir al gobierno rectificaciones a su política económica y la salida de la Ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, considerada como la responsable de la debacle económica del país.

Al cumplir su primer año de gobierno, el descontento popular se manifestaba en todas las escalas sociales y en todas las regiones del país. La economía estaba en crisis y la situación se hacía insostenible.

“En el Ecuador de agosto de 1999, solo uno de cada cinco ecuatorianos tiene empleo fijo, el poder adquisitivo del Sucre se redujo a la tercera parte y alrededor de 1.200 ecuatorianos, semanalmente, buscan en otros países nuevas oportunidades... Nadie confía en el sistema político ni tiene ninguna garantía de que los elegidos, ya sea como diputados o gobernantes, les represente en el futuro inmediato... Y si a ello se suma la desconfianza en el sistema financiero, el resultado es un país sin esperanza” (Orlando Pérez, El Universo, Ag. 10 de 1999).

El 27 de diciembre el presidente Mahuad recibió la visita del Gral. Carlos Mendoza y de otros oficiales: “Le hicimos al Presidente un análisis de la coyuntura nacional. Le demostramos que proyectaba una imagen debilitada, frágil apoyo del Congreso, múltiples demandas sociales, políticas y económicas; varios frentes antagónicos, reducida capacidad de poder, limitada capacidad de convocatoria, y le dijimos que el ejecutivo estaba en una posición central con fuerzas convergentes de todo lado. Tenía en contra los partidos políticos, los movimientos sociales, las cámaras, los bancos, los transportistas, los sindicatos, los indígenas, los medios de comunicación, los agricultores, los estudiantes, los profesores, el congreso e inclusive la duda de los organismos internacionales para prestarle dinero. Tenía todo en contra” (Gral. Carlos Mendoza.- Revista Vistazo No. 779 , Feb.3.2000).

La llegada del año 2000 tomó a los ecuatorianos en un estado de desolación, apatía y muy poco entusiasmo: La situación era cada día mas grave y la cotización del dólar aumentaba de manera incontenible.

El presidente decidió entonces, cuando ya era demasiado tarde, aplicar la dolarización a un cambio de 25.000 sucres por cada dólar: Medida monstruosa si consideramos que en 1998 -cuando asumió el poder- el dólar tenía un costo promedio de 5.500 sucres. Esta medida causó cierta tranquilidad en los medios económicos, pero lamentablemente no se informó adecuadamente a la ciudadanía de cuales serían sus beneficios, y los reclamos continuaron, sobre todo por parte de quienes habían medrado de la especulación.

A mediados de enero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador “Conaie” inició una nueva marcha hacia Quito con el propósito de desconocer al Gobierno, al Congreso y a la Corte de Justicia. El presidente Mahuad no le dio a este movimiento la importancia debida y poco a poco -en un número que se sobrepasaba los 10.000- los indígenas se fueron tomando Quito.

A primeras horas del viernes 21 estalló la insurrección, cuando respaldados por uno grupo de coroneles comprometidos en el complot golpista, los indígenas se tomaron las instalaciones del Congreso Nacional para conformar una Junta de Salvación Nacional, e instaurar un Gobierno Popular que estuvo integrado por Antonio Vargas, un dirigente indígena desorientado y sin ninguna preparación para gobernar al país; el Crnel. Lucio Gutiérrez, un militar que se había rebelado contra sus superiores traicionando además la constitución y al gobierno que había jurado defender; y el jurista y “constitucionalista” Dr. Carlos Solórzano Constantine, un político frustrado que en 1998 había fracasado en su intento de ser candidato presidencial, porque nadie había confiado en él, y que había encontrado, en el movimiento indígena, la ventana que le permitiría -en caso de triunfar la asonada- acceder al poder.

A pesar de que su caía era inminente, el presidente Mahuad no tomó ninguna decisión y permaneció en espera de que los acontecimientos se desarrollaran. Ante esta situación, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le comunicó que ya no podían seguir respaldándolo (?), y le pidieron que renuncie a su cargo para dar paso a la sucesión presidencial y evitar que se rompa el orden constitucional.

Al parecer el Presidente no comprendió el trascendental momento que vivía la República y no aceptó el requerimiento, por lo que los militares se retiraron y dejaron al Palacio de Gobierno sin protección: El Gral. Carlos Moncayo informó entonces al Ministro de Gobierno, Dr. Vladimiro Alvares Grau, que “No podía garantizar la seguridad personal del Presidente ni de los funcionarios...”. Increíble respuesta que obliga a una pregunta: ¿A estos militares, que no pueden proteger a su Presidente, se les puede confiar la seguridad del Estado?

Al poco rato y luego de anunciar por cadena nacional que no renunciaría, el Presidente Mahuad fue obligado a abandonar el Palacio de Gobierno con dirección a la Base Militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

En las primeras horas del día siguiente -22 de enero del 2000- luego de que la Junta de Salvación Nacional se diera cuenta de que estaba totalmente incapacitada para gobernar, las fuerzas armadas llamaron al vice-presidente Noboa quien -de acuerdo con la Constitución- asumió el cargo de Presidente de la República.

Horas más tarde el Dr. Mahuad se presentó ante las cámaras de televisión y, al tiempo que pedía a los ecuatorianos que respalden al nuevo gobierno, declaró: “Fui derrocado por un movimiento que se venía fraguando desde hace algunas semanas atrás. Golpe militar del cual se hablaba en el Ecuador y en el cual participaron muchas personas, algunas de las cuales hoy se llenan la boca hablando de democracia”

En efecto, el golpe de estado se había empezado a fraguar desde mucho tiempo atrás, todos conocían de él, en todas partes se hablaba de él, todos estaban involucrados en él; pero su terrible incapacidad de tomar decisiones lo llevó de la mano al despeñadero, y de pronto se dio cuenta de que ya no era Presidente de la República.

En marzo de ese mismo año viajó y recorrió el Perú (...?) acompañado por el presidente de ese país, Ing. Alberto Fujimori, y luego, en avión oficial peruano viajó a Chile para asistir (...?) al cambio de mando presidencial de ese país. Posteriormente viajó a los EE.UU. y en julio la Corte Superior de Justicia dictó orden de prisión en su contra por haber decretado el feriado bancario y la congelación del dinero de los ecuatorianos; acusaciones que no estaban tipificadas como delitos en el Código Penal Ecuatoriano.

El 6 de junio del 2006, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, al comprobar que no existía los elementos necesarios para confirmar las acusaciones de peculado que existían en su contra, lo absolvió de responsabilidad y archivó el juicio que en su contra seguía “por el perjuicio de 5.000 millones de dólares que habría causado a miles de ecuatorianos cuando decretó el feriado bancario, en marzo de 1999” (El Universo, Jun. 7/06).

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